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El Cepronat responsabiliza a los senadores santafesinos, entre ellos Cristina Berra, por no tratar los cambios a la normativa en la Comisión de Salud. Afirma que “favorecen a los agronegocios”.
Fuente: CEPRONAT
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) que encabeza la campaña Paren de fumigarnos!” emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona y responsabiliza a los senadores santafesinos por la pérdida de estado parlamentario de las reformas a la ley de Fitosanitarios, que tenía media sanción de Diputados. “No fueron tratadas en la Comisión de Salud del Senado que preside el legislador del PJ del departamento San Jerónimo, Danilo Capitani”, e integra la representante del departamento San Martín, Cristina Berra. “Permiten la continuidad de las aplicaciones incontroladas de agrotóxicos”, afirman.
El comunicado titulado “Enfermedades y muerte: nuevos aliados de los senadores santafesinos” resalta que esta situación “revela una vez más la trama tortuosa que deben seguir determinadas normativas cuando los legisladores toman partido por las ganancias antes que por la salud de la población”.
El titular del Cepronat, Carlos Manessi, señaló a San Jorge Noticias que “sería importante que, en el departamento (San Martín), le pregunten a la senadora Cristina Berra por qué no trataron semejantes modificaciones a la ley, la tuvieron un año y no fueron capaces de tratarla”.
El comunicado
“La media sanción obtenida en Diputados en julio de 2010 contenía reformas a la Ley N° 11.273 que establecían un freno específico a las fumigaciones, adecuándose a los conocimientos científicos y a principios jurídicos constitucionales.
Entre los puntos principales de la reforma, que los senadores Capitani (PJ), Berra, (PJ) Crossetti, (PJ), Baucero, (PJ) y Galareto (FPyS) no trataron, se establecía una distancia mínima de 500 metros entre las aplicaciones con glifosato y la población, criterio apoyado por el Principio de Precaución y la evidencia científica que consideran prioritario, alejar las sustancias nocivas de la gente a los efectos de preservar su salud.
Otra cuestión considerada en la reforma era la prohibición de utilizar fosfina, un producto muy tóxico que se ha cobrado numerosas víctimas entre los operarios del transporte de granos, lo que fuera informado por los medios de comunicación durante el año pasado.
Resulta clara la burda maniobra del Senado santafesino al dejar perder estado parlamentario a las reformas: favorece claramente a los agronegocios -a los cuales algunos de ellos se encuentran vinculados en forma directa- y también manifiestan tácitamente las presiones que ejercen las corporaciones de productores de sus distritos en un año electoral. Con esta simple acción, permiten la aplicación indiscriminada de agrotóxicos y se convierten en verdugos voluntarios de sus coterráneos.
El Poder Ejecutivo se ha manifestado inoperante a la hora de implementar en forma activa los lineamientos de la actual ley en vigencia. Más de 15.000 firmas de ciudadanos santafesinos fueron presentadas en noviembre de 2010 en la Casa Gris pidiendo que se haga extensivo a todas las localidades de la provincia el Fallo de la Justicia de San Jorge que establece la prohibición de fumigar con cualquier agrotóxico a no menos de 800 metros en forma terrestre y 1500 metros en forma aérea, de las casas de los vecinos, para evitar el incremento de afectaciones transitorias o permanentes a la salud, cuestión que se ignora o deslinda en el discurso oficial. Inclusive, la comisión interministerial creada sólo ha realizado cosmética hasta el momento y ha evitado, reiteradamente, iniciar los estudios epidemiológicos reclamados desde la comunidad.
En este estado de cosas, cada vez más vecinos van descubriendo que se enferman en contacto con los agrotóxicos. Mientras los niños mueren intoxicados o son fumigados en sus escuelas, el Ejecutivo hace caso omiso de su función y los Senadores elegidos por el pueblo festejan con las agrocorporaciones, la lista de enfermos y muerte, todas ellas evitables, que se van incrementando en la provincia.
