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La idea de la justicia climática, que levantó vuelo en Copenhague y cristalizó en la plataforma de Cochabamba, llegará a las negociaciones oficiales de Cancún, empujada por el gobierno boliviano.
La revulsiva agenda climática que levantaron en abril el gobierno boliviano y la sociedad civil en la conferencia de Cochabamba, se abrió paso hasta la mesa de las negociaciones oficiales de las Naciones Unidas. Pero su adopción en un acuerdo vinculante es remota, estiman activistas.
El acuerdo aprobado por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en la ciudad boliviana de Cochabamba, fue una respuesta, fundada en la idea de la justicia climática, a las descarriladas negociaciones oficiales por un nuevo pacto mundial obligatorio sobre el clima.
El fracaso oficial fue patente a fines del año pasado en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15), realizada en Copenhague.
En agosto, el gobierno boliviano de Evo Morales saludó que el Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo de la Convención, en una reunión en la ciudad alemana de Bonn, decidiera incluir más de una decena de propuestas surgidas en Cochabamba en el texto a negociar.
Se acogieron las propuestas de establecer un tribunal internacional de justicia climática y de fijar el límite del aumento de la temperatura media global en un grado Celsius, con la consiguiente limitación de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a 300 partes por millón (ppm).
La atmósfera terrestre presenta de momento una concentración de 387 ppm de ese gas de efecto invernadero. Según los científicos, si no se logra estabilizar ese indicador en 350 ppm o menos, la temperatura subirá más de dos grados, con consecuencias catastróficas.
En Bonn también se aceptó discutir un recorte de 50 por ciento de las emisiones de gases invernadero de los países industriales para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto, de 2013 a 2017, y el concepto de los derechos de la Madre Tierra, los pueblos indígenas y los migrantes climáticos.
El principal nudo de las negociaciones es cuánta reducción de emisiones contaminantes están dispuestos a asumir los países ricos.
El borrador contempla también discutir otros reclamos polémicos de Cochabamba: la exclusión de los mecanismos de mercado de las actividades relacionadas con la forestación, y la no conversión de bosques naturales en plantaciones de monocultivos forestales.
Asimismo, los negociadores se declararon abiertos a considerar medidas para excluir la protección de la propiedad intelectual a la transferencia de tecnología para mitigar el cambio climático.
El borrador se debatirá entre el 4 y el 9 de octubre en la nororiental ciudad china de Tianjin, y finalmente en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención (COP 16), en la ciudad turística mexicana de Cancún, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre.
“Las propuestas de la cumbre de Cochabamba ya fueron incluidas, lo que llevará a que sean tenidas en cuenta”, comentó a Tierramérica la colombiana Lyda Fernanda Forero, de la Alianza Social Continental, que agrupa a organizaciones y redes no gubernamentales desde Canadá a Chile.
Pero “la falta de voluntad de los países desarrollados no ha cambiado, y la discusión seguirá en los mismos términos en que se ha dado hasta ahora y difícilmente se llegará a conclusiones vinculantes”, dijo Forero.
“Aunque es legítimo y muy beneficioso que los contenidos del Acuerdo de los Pueblos hayan sido sometidos en los espacios oficiales de negociación, no se vislumbra que tengan opción de ser incluidos entre los acuerdos, si es que los hay, en Cancún”, coincidió Eduardo Giesen, coordinador de la Alianza por la Justicia Climática de Chile.
El co-fundador de la no gubernamental Reacción Climática de Bolivia, Stanislaw Czaplicki, dijo a Tierramérica que “ningún tema llegará a suficiente consenso para alcanzar el nivel de propuesta concreta y aprobada”.
En su opinión, en Cancún habrá espacios para discutir temas científicos, tecnológicos y financieros, “pero no hay ni se pretende tener un espacio en el cual se quiera hablar de geopolítica económica”, a su juicio la base de las controversias.
El pesimismo de los activistas de América Latina se suma a la división con que acuden a manifestarse en México.
En Cancún habrá al menos tres espacios distintos para los foros alternativos a la COP 16. Una cincuentena de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la alemana Fundación Heinrich Böll, crearon el Diálogo Climático-Espacio Mexicano, donde participará la Alianza Social Continental.
Otro conjunto de agrupaciones participarán en el Klimaforum 2010, repitiendo la experiencia de la COP 15 y con una declaración política muy cercana a Cochabamba. En tanto, el movimiento mundial de grupos de trabajadores y productores rurales La Vía Campesina levantará un campamento propio en Cancún.
Las de Cochabamba “son propuestas radicales y tememos que radicalicen las negociaciones y exista el riesgo de un rompimiento”, dijo a Tierramérica el coordinador de Programas de la oficina regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll, Jorge Villarreal.
No obstante, reconoció “puntos de consenso, como que la Convención de las Naciones Unidas administre los fondos globales, cambiar patrones de consumo en los países desarrollados y crear un tribunal climático”, acotó.
La agenda de los pueblos “no va a pasar en el acuerdo de Cancún, porque (los países) tienen más interés en discutir otros temas, como los mecanismos de mercado”, declaró a Tierramérica el coordinador de la filial de América del Norte de La Vía Campesina, Alberto Gómez.
Para Forero, “la COP 16 será nuevamente un momento de tensión por imponer el Acuerdo de Copenhague”, forjado a último momento de la COP 15 por Brasil, China, Estados Unidos, India y Sudáfrica, que no impone recortes definidos de emisiones ni es vinculante.
Ese acuerdo ha ido “sumando la firma de muchos países y regiones menos desarrolladas y más vulnerables, que lo ven como la única manera de obtener recursos, aunque escasos, para afrontar los impactos del cambio climático”, dijo Giesen.
En este contexto, los activistas apuestan a seguir construyendo alianzas y proponiendo alternativas al modelo dominante, por ejemplo en la próxima reunión del Grupo de los 20 países ricos y emergentes, el 11 y 12 de noviembre en Seúl, adelantó Forero.
Para Giesen, tarde o temprano “el movimiento por la justicia climática confluirá en los países del Sur con otros sectores ciudadanos para incidir en políticas públicas y emerger como actores políticos en el nivel nacional”.
Desde su perspectiva, ese espacio de transformacionales nacionales, y no el ámbito internacional, es “la única posibilidad real de confluencia de las posiciones de la sociedad civil, crecientemente antisistémicas, y las de los estados”.
* Con aportes de Emilio Godoy (México) y Franz Chávez (La Paz).
