MARCHA DE PUEBLOS INDÍGENAS DE TUCUMÁN POR DESALOJOS

Comunidad Indio Colalao

Comunidades del Pueblo Diaguita de Tucumán convocan a una marcha hacia el Poder Judicial de la capital provincial para este 6 de julio.  La convocatoria tiene como motivo general los desalojos de las comunidades indígenas que vienen ocurriendo en la provincia, y especialmente por las últimas 16 familias que fueron desalojadas por personal de Gendarmería este último  miércoles en la comunidad Indígena de Indio Colalao, a 100 km de San Miguel de Tucumán.

Este miércoles 28 de junio, Gendarmería Nacional desalojó a 16 familias de la comunidad de Indio Colalao, Pueblo Diaguita ubicado en San Pedro de Colalao, a 100 km al norte de la capital  de la provincia de Tucumán. Desde la comunidad informaron que la medida fue ordenada por  la fiscal Adriana Reinoso Cuello y el Juez de Instrucción Francisco Pisa. También expresaron que se tomó una medida ‘irregular’ porque las familias desalojadas ocupaban un territorio ‘fiscal’ y tenían ‘tenencia precaria’, otorgada por la comuna local, que incluso les permitía acceder  a los servicios públicos de agua y electricidad. Desde la misma comunidad afirman que se ignoraron todas las ‘presentaciones’ y ‘pruebas’ acercadas a la Justicia, y que fueron inútiles los intentos de diálogo planteados. Por ese motivo, las familias de Indio Colalao se encuentran en ‘estado de emergencia’. Varias instituciones se hicieron presente y apoyaron el reclamo, como la Secretaría de Derechos Humanos, el INAI nacional y provincial, la Defensoría del Pueblo y los CPI del Pueblo Diaguita.

Ivana Morales, secretaria y vocera de la comunidad, reflejaba la decisión tomada por el Pueblo Diaguita de convocar una marcha a San Miguel de Tucumán: “El 6 de julio, las comunidades indígenas de la provincia nos movilizaremos hacia la capital provincial, al Poder Judicial, para hacer este reclamo público e ir a acusar públicamente a la fiscal Adriana Reinoso Cuello, a los jefes del operativo y a todo aquel que violó nuestros derechos como comunidades indígenas. Violando principalmente el artículo 75, el cual reconoce nuestra preexistencia; la ley 26.160, la cual prohíbe los desalojos en comunidades indígenas; el convenio 169 y los tratados internacionales. Todo esto, hermanos, tiene un trasfondo, que es que nosotros, como comunidades indígenas, nos oponemos a la extracción de nuestros recursos minerales. (…) Les pido hermanos que nos unamos en esta lucha, y que continuemos con esto, porque esto no termina acá. 525 años resistiendo, año 2017 continúa esta lucha. Muchas gracias por haberse solidarizado en todo el país y esperemos movilizarnos este 6 de julio en todas las provincias, que esto se haga público y tome estado nacional que los pueblos originarios estamos siendo día a día desalojados de nuestros territorios”.

Otra de las voces que se alzaron fue la de Marcos Pastrana, de la comunidad indígena del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Pastrana reflexionaba sobre las políticas públicas y su vínculo con los desalojos en Indio Colalao: “El Estado define como política pública algo que tiene que tener tres patas esenciales, que son voluntad política, decisión administrativa y presupuesto. Esos tres conceptos se tienen que dar, proveerlas el Estado, para que se trate de una política pública. Pues bien, los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen; tienen una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten, y tiene presupuesto porque paga todo lo que se moviliza. Entonces eso es hoy una política de Estado. La política del Estado argentino, el provincial y el municipal es desalojar y hacer desaparecer las comunidades y los pueblos indígenas…esa es la triste realidad. La política pública del gobierno hacia las comunidades indígenas no existe. Porque tiene, a veces, una voluntad política expresada desde el discurso; pero no tienen decisión administrativa porque no ponen ningún medio para cumplir con las responsabilidades que han asumido internacionalmente con el convenio 169;  y no tiene presupuesto porque nunca tiene plata para poner a resguardo. (…) No  es política pública del Estado la solución de los temas indígenas. Eso queda perfectamente establecido y creo que lo tenemos que tener bien claro, no solo como comunidades indígenas sino como comunidades campesinas y también toda la sociedad argentina. Está íntimamente ligada la solución de los problemas de los pueblos indígenas con la solución de los problemas de la sociedad argentina.”