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Río de Janeiro, 15 abr (EFE).- Los conflictos por la tierra en Brasil, que habían disminuido en los últimos años, subieron de 751 en 2008 a 854 en 2009, pero el número de muertos bajó de 28 a 25 en el mismo período, según un informe divulgado hoy por el Episcopado.
Fuente: Agencia EFE
La cifra de muertos la menor en los últimos años y muy inferior al promedio de 63 muertes por año registrado desde 1985, cuando los datos comenzaron a ser recopilados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo del Episcopado brasileño.
Según el estudio “Conflictos en el Campo”, elaborado anualmente por la Comisión, pese a la reducción del número de muertes, los intentos de homicidio subieron desde 44 en 2008 hasta 62 en 2009.
También crecieron las amenazas de muerte (de 90 a 143) y el número de campesinos torturados (de 6 a 71) y de detenidos (de 168 a 204).
El total de familias amenazadas por pistoleros creció un 29,7%, hasta 9.031; el de viviendas destruidas en un 163% y el de cultivos destruidos en un 233%.
Según la Comisión, el agravamiento de los conflictos por la disputa por tierras hizo que subiera tanto el número de familias expulsadas de las áreas que cultivaban (de 1.841 en 2008 a 1.884 en 2009) como el número de desalojadas por orden judicial (de 9.077 a 12.388).
“La violencia no logró que los movimientos de campesinos dieran marcha atrás y, por el contrario, aumentaron el número de ocupaciones de haciendas desde 252 en 2008 hasta 290 en 2009”, según el informe.
El estudio indica que actualmente existen en Brasil 36 campamentos en los que viven 4.176 familias que esperan ser beneficiadas por la reforma agraria, frente a los 40 campamentos que en 2008 albergaban a 2.755 familias.
La Comisión Pastoral de la Tierra manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el campo en medio de un “contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales”.
Según la entidad, la interpretación de que las ocupaciones de los movimientos que luchan por la reforma agraria tienen que ser castigadas como crímenes aumenta tanto entre los fiscales como entre los jueces y “muchas veces es amplificada por los grandes medios de comunicación social”.
“En el ámbito de la Justicia se destacó la figura del propio presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que a comienzos de 2009 acusó públicamente a los movimientos de practicar acciones ilegales y criticó al Ejecutivo por ofrecerles recursos públicos a esos grupos”, asegura el informe.
Según la Comisión, esas interpretaciones contribuyeron al aumento del número de desalojos y de arrestos.
El organismo también cuestionó la creación de una comisión en la Cámara de Diputados que está investigando las acciones de los movimientos que defienden la reforma agraria por supuestas ilegalidades.
En cuanto al Poder Ejecutivo, el informe dice que “su prioridad claramente es favorecer al capital para que continúe expandiéndose y avanzando en nuevas áreas rurales sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales”.
La Comisión también criticó la firme decisión del Gobierno de construir la hidroeléctrica de Belo Monte en el río amazónico de Xingu pese a la oposición de los colonos, pescadores e indígenas que habitan la región, así como de los ecologistas y del propio Ministerio Público.
Según las estadísticas recogidas por la Comisión Pastoral de la Tierra en los últimos 25 años, cada año Brasil sufre en promedio 63 muertes en 765 conflictos por la tierra, así como 2.709 expulsiones de familias de sus tierras, 13.815 desalojos y 422 arrestos de campesinos. EFE
