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La muerte de cuatro personas en un desalojo forzoso el 28 de julio pasado en Argentina ha sido el más violento de una serie de conflictos por la ocupación de los más pobres de solares para construir sus casas. En diciembre pasado, dos inmigrantes bolivianos y uno paraguayo fallecieron en un incidente similar en un parque en Buenos Aires. Un mes antes, dos personas murieron en un desalojo en la provincia de Formosa (noreste de Argentina).
Diario El País (España)
En Argentina, el octavo país más extenso del mundo, cerca de un 25% de su población -unos 40 millones de personas- subsiste en viviendas precarias, según la Universidad Católica Argentina. “En este país se muere por el suelo”, advierte el arquitecto Raúl Fernández Wagner, investigador de la Universidad de General Sarmiento y miembro de la iniciativa Habitar Argentina. “La población se ha acostumbrado a que la solución es la protesta social”, añade.
A finales de julio, en la provincia de Jujuy (noroeste de Argentina), la policía local desalojó a 700 familias que habían ocupado tierras del gigante azucarero Ledesma. Murieron tres ocupantes y un uniformado. La represión, lejos de atemorizar a los sin techo, ha multiplicado la invasión de terrenos en Jujuy. A causa de la crisis, el gobernador provincial, el peronista Walter Barrionuevo, perdió a su ministro de Gobierno y a su jefe policial, y ha prometido solares para todos los manifestantes, pero muchos sostienen la protesta.
Créditos escasos
En diciembre, unas 1.600 familias ocuparon un parque abandonado de Buenos Aires. En una operación conjunta de la policía federal, que responde al Gobierno de la peronista Cristina Fernández, y de la metropolitana, que obedece al alcalde porteño, el conservador Mauricio Macri, murieron tres extranjeros. En noviembre, la policía de Formosa, una provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán, desalojó a los indígenas qom, que bloqueaban una carretera para reclamar unas 1.300 hectáreas donde vivían 4.050 personas, donde se proyecta la edificación de una universidad. Murieron un manifestante y un policía. En el barrio bonaerense de El Triunfo, unas 400 familias temen que la justicia las eche del terreno privado que ocupan desde hace años. Algo similar sucede con 29 familias en el barrio porteño de Chacarita.
Antes de la represión en Jujuy, la relatora especial de la ONU para el derecho a la vivienda, la urbanista brasileña Raquel Rolnik, visitó Argentina y afirmó que había recibido “incontables testimonios sobre desalojos violentos, con frecuencia impulsados por el Estado, sin que una alternativa adecuada fuera propuesta a las familias afectadas”.
“Es paradójico que en una economía que crece al 9% anual desde hace varios años, en la que mejoran la distribución del ingreso, se produzca esta situación, pero la razón está en que el valor del suelo ha subido mucho”, observa Fernández Wagner. En las periferias de las ciudades, terrenos antes baldíos ahora son barrios para ricos, y su valor se ha incrementado entre seis y ocho veces, según el investigador. En el campo, en los últimos 10 años las tierras más ricas de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe se han encarecido de los 977 euros por hectárea a 9.777. La bonanza de las materias primas en un país que congeló los depósitos bancarios hace 10 años explica el aumento. El crédito hipotecario escasea.
“La ocupación informal del suelo ha sido la forma predominante de acceso a la vivienda”, expuso Rolnik. En el caso de los campesinos y los indígenas, están siendo desplazados de tierras que ocupaban sin título de propiedad y que fueron compradas por terratenientes para plantar soja o para montar sus fincas de veraneo.
“Los casos terminan en la justicia”, explica Fernández Wagner. “El sistema jurídico argentino es conservador y privilegia el derecho de propiedad antes que el derecho a la vivienda, y por eso hay represión”.
