Preocupa el avance de iniciativas oficiales que promueven la privatización de la tierra pública y una realidad de múltiples reclamos territoriales de los pueblos originarios y comunidades campesinas por el acceso y la tenencia segura de la tierra.
El pasado 29 de junio se llevó adelante el tercer encuentro de la Mesa Nacional de Tierras, espacio que nació a fines de abril de este año y que está integrado por organizaciones e instituciones que observan con preocupación el incremento de los conflictos relacionados con la tierra. Las instituciones y organizaciones que integran la mesa definieron su creación en base al interés común de: trabajar por el acceso y la tenencia segura de la tierra de las comunidades campesinas e indígenas, garantizar la soberanía alimentaria y discutir el modelo productivo, analizar el desarrollo de políticas fiscales y ordenamiento territorial, impulsar la prórroga de la Ley 26.160 sobre relevamiento de territorios comunitarios indígenas y alertar sobre el vaciamiento de las políticas estatales para la agricultura familiar, entre otros objetivos.
La Dra Florencia Gómez, directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra -GAJAT-, integrante de la Mesa Nacional de Tierras, expresa la necesidad de dicho espacio en relación al contexto actual: “Creemos que los conflictos de tierras no se han terminado sino que se han acentuado en este último año y medio. No significa que antes no había, pero había algunos resortes institucionales informales, o atados al voluntarismo de algunos funcionarios públicos que hacían que se resuelvan esos conflictos, salvo algunos casos obviamente”. Por ello menciona la necesidad de nuevos ‘resortes legales’, o que se activen los ya existentes: “Contamos con la Ley Nº 26.160, o con la Ley Nº 27.118, pero la realidad es que, al momento de tomar decisiones, los jueces no tienen en cuenta la legislación que protege a los pueblos originarios o comunidades campesinas”.
Los grandes temas que se vienen abordando tienen que ver con la problemática de la tierra y las consecuencias del ‘extractivismo’. La idea es que la Mesa de Tierra “sea un soporte para las cuestiones que se llevan adelante en los territorios. Un soporte de acompañamiento, de darle difusión y apoyo institucional”, explica la Dra. Gómez. Sin embargo, la intención no es “suplantar los espacios de movilización social vinculados a la tierra de cada uno de los territorios de las provincias; ya sea las mesas provinciales de tierra o los espacios como la Redaf”, aclara la titular del GAJAT.
De la Mesa participan organizaciones de distintas regiones del país: CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales),FNC (Frente Nacional Campesino), FONAF (Foro de Organizaciones Nacional de la Agricultura Familiar), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), FAA (Federación Agraria), Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición Facultad de Medicina de la UBA,UBA-SOCIALES Cátedra de Estudios Poscoloniales, CAJGPAF- UNLP (Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar),CANPO (Corriente Agraria Nacional y popular),CTEP Central de Trabajadores de la Economía Popular), AADI (Asociación de Abogados de Derecho Indígena), Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra (Rio Negro), Mesa de Integración y Fomento Rural (Rio Negro), Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios, ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), GAJAT (Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra), Centro de Políticas públicas para el Socialismo (CEPPAS), Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) .