Organizaciones ambientales de Córdoba reclaman “fuera Monsanto”. La multinacional invertirá 1.600 millones en esa provincia. El gobierno nacional muestra con orgullo su alianza con la compañía.
La expectativa empresaria preocupa en suelo campesino. Para la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), en la que convergen asociaciones rurales de base y equipos técnicos, el PEA “niega el conflicto” entre “la profundización de este modelo extractivista” y “la cuestión de la propiedad de la tierra”.
Por Leonardo Rossi Marcha.org.ar
Esta semana se reanudó el histórico juicio por daños sanitarios y ambientales producto de la pulverización con agroquímicos. Impulsoras del litigio, las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) entienden que su caso debe enmarcarse en el modelo de “capitalismo extractivista instalado en el país”. En esa línea, hoy encabezarán una marcha junto a organizaciones ambientales que, entre otros puntos, reclaman: “Fuera Monsanto de América Latina”. El motivo: la compañía inaugurará el año próximo una planta de semillas de maíz en la provincia mediterránea.
Expresión de deseo
“Los servicios, los insumos (incluidos semillas y agroquímicos) y el comercio agropecuario nacional e internacional no deben continuar dependiendo de los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales que hoy los controlan, en razón de que son el obstáculo principal para el desarrollo del proyecto nacional”. Este pronunciamiento (Hacia la Argentina rural del bicentenario), hecho en abril de 2011, pertenece a la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), espacio kirchnerista impulsado por funcionarios, con el entonces ministro de Agricultura Julián Domínguez como cara visible.
Monsanto encaja dentro de esos grupos a los que apunta la Canpo. En su informe La lucha contra Monsanto (2012), la coordinadora internacional Vía Campesina (VC) –donde articulan, entre otros, el Mocase de Argentina y el MST de Brasil– reporta las “tácticas agresivas” de esta compañía por imponer sus paquetes tecnológicos. Una condena por publicidad engañosa en Francia, una demanda por biopiratería en India, y la prohibición del maíz MON810 en seis países de Europa son algunos reveces que recibió, enumera la VC. Además, es investigada en Estados Unidos por prácticas monopólicas, indica el informe ¿Quién controlará la economía Verde? (2012), del Grupo ETC.
Estos tropiezos no le impidieron hacerse con 1.600 millones de de dólares de ganancias en 2011. Según ETC, especializado en investigar el accionar de multinacionales, Monsanto concentra el 27% del mercado de semillas, siendo la principal empresa mundial del sector, y la cuarta en el comercio de agroquímicos (10%).
Orgullo
Un mes atrás, Cristina Fernández se reunió en Nueva York con representantes de Monsanto. Los ejecutivos le anunciaron una inversión de “1.500 millones de pesos” para activar una planta de semillas de maíz, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. En 2013, el país “contará con las dos plantas (semilleras) más grandes del mundo”, ambas de Monsanto, celebró la multinacional.
A contramano de la Canpo, la Presidenta dijo estar “muy orgullosa” de recibir el prospecto de Monsanto, donde se le informaban detalles del proyecto. Y valoró la apuesta de la empresa, que “va a ayudar a la concreción de nuestro Plan (Estratégico) Agroalimentario 2020” (PEA 2020).
El PEA 2020 plantea sumar 9 millones de hectáreas a la siembra de granos –pasar de 33 a 42 millones–. La superficie sembrada con maíz pasaría de 3,7 millones (2010) a 5,7 millones de hectáreas en 2020. En este marco, Monsanto anticipó que la nueva planta tendrá una “capacidad máxima de producción para 3,5 millones de hectáreas”.
Las metas oficiales se centran en el ingreso de dólares. Las exportaciones del maíz como materia prima, que en 2010 reportaron ingresos por 3.048 millones de dólares, debieran dejar 4.680 millones de dólares en 2020. Mientras que la salida de productos del complejo maicero con valor agregado multiplicarían por 12 la adquisición de divisas, de 25 dólares a 300 millones.
Lo que el PEA no especifica es de dónde surgirán las zonas para expandir la frontera agrícola. En un documento con metas hacia el 2050, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), que nuclea a Monsanto, Dupont, Nidera y Syngenta, entre otros gigantes, esboza una respuesta: “El país dispone de productores de primer nivel, que utilizan paquetes productivos de alta tecnología”, que junto a “un clima templado y subtropical en el norte nos permite extender nuestra pradera pampeana”.
La expectativa empresaria preocupa en suelo campesino. Para la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), en la que convergen asociaciones rurales de base y equipos técnicos, el PEA “niega el conflicto” entre “la profundización de este modelo extractivista” y “la cuestión de la propiedad de la tierra”. Los últimos datos de la Redaf indican que hasta agosto de 2011 había 2.791.302 de hectáreas en disputa en la región chaqueña. Las víctimas: 18 mil familias campesinas e indígenas. Del otro lado, quienes anhelan extender “la pradera pampeana”, al calor de los altos precios internacionales de los comodities.
La disputa de fondo
Hoy a las 19 en Colón y Cañada, Córdoba, se expresará en la calle “el peligro ambiental y político” que implica el avance de Monsanto en Argentina. Para los colectivos que enfrentan el modelo extractivo, “defender el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano” es el fondo de la cuestión.