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Luego de nueve días preso, liberaron a Don Aníbal Santillán, como se lo conoce en su pueblo del norte santiagueño. Lo acusaron de “usurpar” la tierra donde siempre vivió. La denunciante es una empresa agropecuaria china que quiere plantar soja en el campo de los Santillán, cerca de la localidad de Tintina.
El caso había recibido el repudio de diversas personalidades políticas, sociales e intelectuales, quienes a través de un documento habían solicitado la “intervención de los organismos públicos competentes (provinciales y nacionales) en el tema de fondo: la lucha de los campesinos por sus tierras”.
Fuente: Infojus noticias / Agencia TELAM
“Don Santillán nunca había estado preso. Imaginese cómo estaba, muy mal. Pero cuando salió de la alcaldía volvió a sonreír. No le vamos a aflojar, vamos a defender el territorio”, dijo Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
Aníbal Santillán vivió la peor de sus pesadillas la semana pasada. Nunca, en sus 73 años, hubiera imaginado que, tal como ocurrió con Josef K. en “El proceso” de Franz Kafka, un par de desconocidos lo levantarían de la cama con ánimo de arresto. Hace más de una semana dos policías rompieron una ventana de su casa en el monte y entraron por la fuerza, como si fueran militares de la última dictadura militar. Se lo llevaron preso. Luego, en la comisaría, le dijeron que alguien lo había denunciado. Lo acusaron por el delito de usurpación de propiedad.
La denuncia cayó sobre Hugo, Jorge y el propio Aníbal y fue formulada por el empresario Antonio Azar en representación de la Empresa Mayo Investiment S.A. Los tres hombres pertenecen al mismo núcleo familiar y dos de ellos, Hugo y Jorge, tiene orden de captura por causas que fueron armadas por la policía. Se los acusa de un supuesto delito de usurpación de propiedad, daños, amenazas calificadas, abuso de armas y homicidio en grado de tentativa. El expediente se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional de Primera Nominación a cargo de la Jueza Lucrecia Llanos Martínez, en la capital de Santiago del Estero.
Los Santillán viven hace más de 50 años en el Lote “El Cade”, en el Departamento Alberdi. El lote está a 55 kilómetros al noroeste de Tintina, y a 40 kilómetros hacia el sur de Campo Gallo. Los padres de Santillán fueron los auténticos dueños de la tierra. Ellos tenían título de propiedad de 14 mil hectáreas y de manera fraudulenta, como habitualmente sucede con las tierras campesinas, se las despojaron con documentos y firmas falsas. En ese campo viven también Horacio, Jorge Ricardo, Hugo Manuel y otras familias más, todas Santillán, que son medianos y pequeños productores. Entre todos poseen más de 1.200 cabezas de ganado.
Les sacan sus tierras y los convierten en mano de obra
La empresa “Oro Esperanza Agro”, proveniente de Córdoba y que tiene capitales chinos, se instaló en junio del 2012 con una enorme infraestructura, subcontratando otras empresas que alambraron y arrasaron el monte con topadoras, cadenas, tractores, rastras y con casi 300 trabajadores. De este modo, según denunciaron desde la comunidad, se está destruyendo el monte, con la complicidad de la policía de Campo Gallo y Tintina. A su vez, los jueces no atienden los reclamos de la comunidad. Las familias están alarmadas porque los animales ya no tienen espacio dónde pastorear. El campo está cercado por alambre, lo prepararon para sembrar soja y si todavía no lo hicieron es porque la sequía todavía continúa.
“El operativo se llevó a cabo por orden de la jueza Llanos Martínez. Cuando la familia descansaba, la fuerza policial D6 (Servicio de Inteligencia) irrumpió violentamente por la ventana de la casa, pero antes habían roto dos. Lo sacaron a rastras por el piso ante los gritos desesperados de su esposa, hija y nietas que miraban y no entendían nada. Don Aníbal no está bien de salud y por eso fue trasladado al hospital de Tintina”, dijo a Infojus Noticias Agustín Scarano, abogado de la familia Santillán.
Según Scarano, la justicia avanzó “a paso de tortuga” con la causa de Santillán. “Mientras Santillán estuvo preso, los chinos se metieron en el campo y desmontaron el campo para plantar soja transgénica”, explicó.
De acuerdo a un comunicado del MOCASE, “una cuestión habitual en la lucha por la tierra es el armado de causas a dirigentes campesinos y a familias que se resisten por defender lo suyo. Y es sorprendente la inmediatez con que actúa la policía con sus informes para que una jueza o juez sin investigación o sin la veracidad de la situación del conflicto emitan esas órdenes en desmedro del sector campesino, como ocurrió con Aníbal Santillán”.
La empresa China (Oro Esperanza Agro S.A.) tiene una relación laboral con Mayo Investiment S.A. –que tiene su sede en la Capital porteña- y es la que radicó la denuncia en la dependencia policial de la capital de Santiago del Estero. Esta firma, según confió el abogado Agustín Scarano, realizó el trabajo de limpieza del campo usurpado por los chinos y tiene a todos sus empleados –más de 300- en condiciones de esclavitud. “Cuando llegan las inspecciones, los chinos esconden a sus trabajadores en el monte. Esos trabajadores son los que perdieron sus tierras y se convirtieron en mano de obra barata. Actúan con absoluta impunidad. Ahora contrataron un grupo de matones y la policía de la zona los protege”, dijo Scarano.
En los confines del norte santiagueño, un mundo está a punto de desaparecer. Con la complicidad de los funcionarios públicos, empresarios sojeros, ganaderos y forestales –tanto nacionales como extranjeros- invadieron la tierra que les perteneció desde siempre a las comunidades indígenas y campesinas. Usan la violencia más despiadada, como si fuera una trama del Lejano Oeste. El 16 de noviembre de 2011, Cristian Ferreyra, 23 años y militante del MOCASE-Vía Campesina, fue asesinado por un sicario en el paraje Campo de Mayo cuando organizaba una asamblea con sus compañeros. El 10 de octubre de 2012 se repitió la misma historia: Miguel Galván, de 40 años y también militante del MOCASE, fue apuñalado por otra patota empresarial, cerca de donde aniquilaron a Cristian. La situación en el monte sigue siendo alarmante. “Lo único que pido es que liberen a mi marido y que las empresas no alambren y no tumben más el monte. Tampoco quiero escuchar los tractores y las topadoras porque eso me enferma”, había dicho doña María Luisa, esposa de Aníbal Santillán, cuando su marido estaba detenido.
Repudio de diversos sectores
Más de 40 personas y organizaciones, entre ellos Ramiro Fresneda, director de Apoyo a las Organizaciones de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros,habían dado a conocer un documento en el que solicitaban a la jueza Lucrecia Llanos Martínez “que investigue estas irregularidades para resolver con rapidez la situación de Aníbal Santillán”, y la “intervención de los organismos públicos competentes (provinciales y nacionales) en el tema de fondo: la lucha de los campesinos por sus tierras”.
El documento también fue respaldado por el titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González, Carta Abierta y movimientos político sociales como el Frente Popular Darío Santillán, El Gleyser, Marea Popular, agrupaciones estudiantiles y numerosas personalidades, entre ellas Liliana Herrero y Maristella Svampa.
“Las autoridades deben brindar garantías a los campesinos originarios de las tierras en conflicto, en su lucha contra las empresas que buscan instalar en estos parajes el insaciable esquema de los agro-negocios”, según los firmantes del documento. Afirmaron también que policías y el sistema judicial “se ponen al servicio de las necesidades empresariales, con el objetivo de garantizarles el acceso al territorio y remover los `obstáculos` a su acumulación”, a expensas de campesinos y pueblos originarios.
