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Bajo la consigna “Por la Salud de nuestras escuelas rurales”, docentes provenientes de pueblos fumigados de la provincia de Córdoba debatieron sobre una problemática común: la contaminación con agrotóxicos. Solicitan que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) “nos represente y escuche” y “tome nuestras palabras como propias”.
Katy García (PRENSARED)
El en subsuelo del Pabellón Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se realizó ayer el primer encuentro de docentes rurales convocado por el Colectivo Paren de Fumigar. Los educadores que viajaron desde Oncativo, La Calera, Villa María, Marcos Juárez, San Marcos Sud, Colonia Caroya, Jesús María, Cañada de Luque, Anisacate, Alta Gracia y Córdoba capital, acordaron exigirle al sindicato que los agrupa, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que “nos represente, escuche y promueva acciones concretas a nuestros pedidos”. Además le piden que “contribuya a extender la difusión de la problemática a todos los sectores de la sociedad y que tome nuestras palabras como propias”.
Mientras tanto, van a participar de distintas actividades tales como el Foro Ambiental que se realizará el 10 de setiembre en el auditorio de Radio Nacional Córdoba; del taller sobre “El Rol del docente frente a la contaminación por agrotóxicos”, en el marco del Congreso de Ecología para estudiantes secundarios, el 13 de octubre, en la ciudad de Leones.
Igualmente, se comprometieron a redactar una Declaración de Escuelas Fumigadas, crear una base de datos y realizar actividades de concientización con la participación de padres y alumnos.
Maestros y profesores afirman que los derechos a la salud y la información están afectados. Desde esa perspectiva reclaman que los municipios hagan respetar las leyes sobre el manejo de los tóxicos y registren las enfermedades y muertes ocurridas por acción de los herbicidas. Consideran además que debería crearse un centro de ayuda y contención para los afectados por la sojización.
Recordaron que en diciembre de 2008, en la Declaración de Colonia Caroya, habían solicitado que los gremios se involucren. Les enviaron cartas a los secretarios generales de ADIUC y UEPC y también al ministro de Educación Walter Grahovac, pero no obtuvieron respuestas concretas.
Gerardo Mesquida, docente y miembro del Grupo de Reflexión Rural (GRR) le comentó a Prensared que los docentes se están organizando porque “consideramos que el modelo de los agronegocios, no solo ha afectado sanitariamente a docentes y alumnos de escuelas pegadas a campos de soja, sean rurales o periurbanas; también el avance de la frontera agrícola ha conseguido el vaciamiento laboral del campo”.
También opinó que el sindicato además de pelear por el salario debería “sumar esta problemática y pensar un plan de lucha que exija a la provincia modificar la actual ley de agroquímicos que mantiene a nuestras escuelas al filo de la muerte. Si no tenemos el aval de la UEPC, estamos maniatados y enmudecidos, con el riesgo de ser sancionados por los cuerpos directivos de nuestros espacios de trabajo”, afirmó Mesquida.
Por su parte, Omar Toledo, docente del IPEM 113 de Cañada de Luque, le contó a este medio que “vivimos una situación muy compleja. Vemos poco compromiso y respeto por el cumplimiento de las leyes por quienes deben hacerlo y que son los municipios”.
La escuela donde enseña, prepara Técnicos Nacionales en Agronomía. Desde hace dos años -cuenta- trabajan en el desarrollo de huertas orgánicas. “El año pasado, en el momento de la siembra de soja, fumigaron y nos dañaron toda la huerta de tomates y pimientos. Se denunció ante la dirección de la escuela y no se hizo nada”, aclaró.
Hace tiempo que está pidiendo que un galpón cercano a la escuela, donde a diario los trabajadores rurales estacionan, lavan y cargan agrotóxicos en los “mosquitos”, sea trasladado hacia otro lugar. Toledo está muy preocupado porque se violan todas las normas existentes y en pocos días empezará la siembra y con ella miles de litros de glifosato y otros venenos serán arrojados durante las fumigaciones.
“En la ciudad no se observa reacción de la gente porque responden al modelo sojero”. Denunció que el propio intendente “es un sojero más” y quien se anima a reclamar “es perseguido”. Considera importante que toda la comunidad conozca lo que pasa. Las enfermedades cunden. Toledo tiene tres agrotóxicos diagnosticados mediante estudios de genotoxicidad por lo que se constituyó en querellante.
La lucha y el compromiso del docente en defensa de la salud son conocidas. “Queremos que se respete y aplique la ley. Porque no podemos quejarnos de que hay una sociedad que viola y roba, si no nos preocupamos por esto que nos está pasando ahora con la salud”, sostuvo.
A cielo abierto
El relato de Elsa Flores, docente de Anisacate, es similar. Silencio e inacción son moneda corriente. Vive en un pueblo rodeado de plantaciones de soja y también de papa. “Hay varias escuelas aquí y no se habla del tema. Hay gente enferma y en los dispensarios no se toman referencias de los domicilios para relacionar los síntomas con el tema de los tóxicos”, asegura preocupada.
“Desde ningún espacio gubernamental o no gubernamental se toma como problemática. Fumigan sobre los cursos de agua; hay un arroyo importante, está el Río Anisacate y hay dos acequias. Todo a cielo abierto, y ya sea por lluvia o viento los venenos llegan”, agrega. Asimismo destaca que “hay mucho desconocimiento. Los chicos cruzan o juegan por los campos de soja. La gente no sabe como denunciar”. Valora que un grupo de docentes comience a juntarse “porque no es algo que pase en un solo pueblo, pasa en muchos”.
En este punto, Gerardo Mesquida, docente de la Escuela Puertas del Sol de Oncativo, avanzó sobre el tema. Una experiencia vivida con alumnos de quinto año, muestra claramente la falta de información. En tono festivo, uno de los jóvenes le comentó que tenía el rostro hinchado porque había estado fumigando, sin ninguna protección respiratoria y con el torso descubierto. “El problema es que no dimensionan la gravedad de este hecho, son adolescentes y viven al filo de la muerte sin darse cuenta”, aseveró.
Cuando terminan el colegio, muchos de ellos vienen a estudiar a la capital. Varios ex alumnos le confesaron sus temores de no poder engendrar hijos o que nazcan con malformaciones. “¿Como cambiar esta realidad? – se pregunta el profesor – para luego reflexionar que “el aula, es uno de los mejores espacios de diálogo y militancia; tenemos que pedirle a los chicos que hablen con sus padres y recoger la experiencia para llevarla a otras escuelas”, agregó.
Universidad y sociedad
También participaron del encuentro algunos docentes universirios. Por caso, la docente y militante de la Asamblea Ciudad Despierta, Cristina Arnulphi, quien informó que un grupo de veterinarios de la Facultad de Veterinaria de Universidad Nacional de Río Cuarto dispone de un sistema de estudios de genotoxicidad, sencillos y económicos, que permiten diagnosticar la presencia de agrotóxicos en personas recién expuestas.
“Con un raspado de la mucosa bucal o un estudio en sangre se determina si los núcleos de la célula están siendo modificados por la presencia de agrotóxicos”, precisó. Pero advirtió que “la contraparte es que a los dos meses la célula se repara”.
Asimismo, dijo que el Centro de Química Aplicada de la UNC, está trabajando con otros estudios complementarios en sangre y que la rectora de la UNC, Carolina Scotto, prometió apoyo económico para la compra de insumos. La idea es comenzar con un grupo de unas 20 personas dispuestas a hacerse los exámenes.
De este encuentro también surgió la necesidad de trabajar en la creación de un centro de atención a la víctima de la sojización. “Porque encima del dolor (los ciudadanos) no saben qué hacer y a quién dirigirse. Entonces, sería importante formar un centro de información y contención”, afirmó.
La docente, doctora en física, recordó que “todos los universitarios tenemos tres funciones: docencia, investigación y extensión. En esta tarea vinculamos a la universidad con la sociedad”. En ese sentido, destacó que el Proyecto Ciudadanía del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP-UNC), ha organizado el “Seminario en Justicia Ambiental. Saberes prácticos para la efectiva vigencia de los derechos ambientales”, que se llevará a cabo el 6 y 7 de Agosto, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
El próximo encuentro de Paren de Fumigar se realizará en Cañada de Luque el 12 de septiembre próximo. En ese marco, se desarrollará un curso abierto a la comunidad, del que participarán la cátedra de citogenética de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el doctor en Geología, Carlos Seara, experto en hidrología, que disertará sobre la contaminación de las napas de la zona norte, una de las más castigadas de la provincia.
Paren de Fumigar, está conformado por numerosas organizaciones sociales de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.
