Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La Asociación Civil Be Pe repudia enérgicamente la brutal represión llevada a cabo por los efectivos de la Guardia de Infantería de la provincia de Catamarca esta mañana (viernes 10 de febrero), durante el operativo de desalojo al bloqueo selectivo a los camiones de Minera Alumbrera que vecinos del departamento de Tinogasta, llevaban a cabo en la Ruta 60 desde hace días. El desalojo efectivizado a través de la represión y la violencia, con balas de goma y el uso de gases ha ocasionado una cantidad de compañeros y compañeras heridos.
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Este accionar se repite insistentemente de manera lamentable. Hacia finales del mes de enero, fueron los vecinos de Santa María quienes sufrieron la acción represiva, hace solo unos días las victimas fueron los vecinos de Belén. Y mientras escribimos este comunicado, están siendo reprimidos los vecinos de la localidad de Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán y se escuchan las primeras informaciones sobre la posible represión en Andalgala
Como organización comprometida con la lucha los sectores populares de nuestra región, queremos expresar que nos sentimos indignados cuando la única respuesta del gobierno provincial a los reclamos de los vecinos y organizaciones que desde hace años venimos luchando por la defensa de nuestro territorio ha sido la represión para nosotr@s y la protección para los responsables del saqueo y la depredación de nuestra provincia.
También nos llena de preocupación la naturalidad con que las autoridades utilizan de manera creciente, este tipo de herramienta para resolver conflictos sociales enraizados en la falta, omisión o violación de los más sentidos derechos de los pueblos y comunidades, como el de una vivienda, el derecho a la tierra o el agua.
Repudiamos también el accionar de los empresarios que con presiones y amenazas violan la conciencia, la voluntad y la determinación de las comunidades cuando definen confrontar en defensa de sus derechos.
Lo hacemos desde nuestra propia experiencia cuando afirmamos que la minería transnacional, la minería a gran escala tal como la conocemosen nuestro pais, genera resistencias populares, por los devastadores impactos a todo nivel ya que va acompañada de voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el consumo descomunal de agua y energía. Este es un paisaje que se repite en todaAmérica Latina, solo vasta con recorrer las informaciones de prensa para poder corroborarlo.
El conflicto es indudablemente una expresión de voluntades que manifiestan diferentes modelos de concebir, entender y encausar el deseo de Justicia y Dignidad para nuestras vidas. La resolución de las diferencias, no será a los palos, o por lo menos como educadores populares no entendemos que pueda darse de esa manera. Lamentamos que el nuevo gobierno sólo haya abierto instancias de diálogo con los intereses corporativos de la gran minería, dejando fuera de todo debate a las organizaciones, sectores y comunidades que objetan este tipo de minería.
Creemos imprescindible que desde el Gobierno provincial se asuma la conflictividad estructural que provoca el “modelo minero” de desarrollo en la provincia; que si no se crean canales institucionales de debate sobre esta actividad, se terminará de hecho intensificando los episodios de violencia y represión.
Como educadores populares sentimos lealtad por las enseñanzas de nuestro Maestro Pablo Freire, que nos dice: “Yo diría a ustedes, mis amigos y amigas, que una cosa que yo he repetido siempre, que uno hace primero lo que es posible, y no lo que le gustaría hacer….. Pero, inmediatamente yo hablo de la necesidad de viabilizar lo inviable, lo que significa una pelea permanente para cumplir lo posible ya, y trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece imposible”.
Reclamamos:
- ¡Liberación y cierre de las causas a los asambleístas detenidos! Total esclarecimiento de las responsabilidades en relación al accionar de las fuerzas policiales y de gendarmería.
- El establecimiento de una urgente moratoria provisional sobre todo mega-proyecto minero, desde los que están en fase de exploración, hasta los que están en estado de explotación.
- La realización de una profunda investigación judicial e integral sobre los impactos ecológicos, económicos, políticos y culturales de Minera Alumbrera, y la
- delimitación de sus eventuales responsabilidades judiciales.
- La convocatoria a una urgente y ecuánime instancia de diálogo social que garantice la expresión y la consideración de las poblaciones afectadas. La revisión y modificación del marco legal heredados de las leyes mineras de los ’90, empezando por una des-adhesión de la Provincia al régimen minero nacional y la prohibición de mega-explotaciones de minería metalífera a cielo abierto en el territorio provincial.
- La generación de un nuevo marco normativo que asegure la protección de las nacientes de agua, las cuencas hídricas y la estabilidad y sustentabilidad de todos los ecosistemas de la provincia, otorgando garantías a la población local para el acceso, control y uso respetuoso y responsable de los bienes comunes del ambiente.
