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DIPUTADOS RECIÉN TRATARÍA LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 AL FILO DE SU VENCIMIENTO

Foto: lapoliticaonline.com

Cuando a fines de septiembre la Cámara de Senadores le dio media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena se esperaba que al poco tiempo comience  su tratamiento en la Cámara Baja. Una de las fechas que surgió como posible fue la de este miércoles 4 de octubre. Pero en el día de ayer, el portal web La Política Online informaba que, luego de la presentación de mañana del jefe de Gabinete, no habrá más sesiones: “Marcos Peña visitará el miércoles la Cámara de Diputados a brindar un informe de gestión y cuando finalice el recinto cerrará, al menos hasta después de las elecciones”. La misma fuente expresaba que «nadie sabe cuando» se reanudarán las sesiones, aunque especulaba con trascendidos de que “las leyes consensuadas se sancionarán en noviembre”, haciendo alusión, entre otras, a la Ley 26160. Los bloques mayoritarios habrían acordado esta modalidad para evitar «los discursos de campaña» que puedan sucederse en el recinto durante el mes de octubre.

De confirmarse esto, y en el mejor de los casos, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial estaría discutiéndose sobre el límite de su vigencia. Hay que recordar que el 23 de noviembre próximo caduca dicha ley, y que de no aprobarse una nueva prórroga quedaría sin efecto la prohibición de desalojos pendientes de los territorios que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas.

 

Sobran los motivos

Recordemos que, luego de varios intentos frustrados, el pasado 27 de septiembre la Cámara de Senadores dio media sanción a la prórroga por 4 años de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La movilización de las comunidades indígenas, la campaña permanente de las organizaciones sociales, los pedidos y gestiones de las iglesias, el posicionamiento de personalidades e instituciones de la cultura y de los derechos humanos dieron sus frutos y lograron vencer la resistencia de un gran número de legisladores que estaban más a favor de dejar caer la ley, o de acotar los plazos de prórroga todo lo posible.    

Durante las dos horas que duró el debate en el Senado surgieron varios testimonios que bregaron a favor de la prórroga de la ley y de los derechos de los pueblos indígenas. Una de las primeras oradoras fue la senadora pampeana Norma Durango. Expresó que el proyecto de ley (hoy ya con media sanción) es “un imperativo de derechos humanos. Es la obligación del Estado reconocer la propiedad de los territorios a las comunidades ancestrales; la prórroga no es una concesión que nosotros les estamos dando.”

Senadora Magdalena Odarda

Por su parte, la senadora por Río Negro y presidenta de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas,  Magdalena Odarda,  se refería a las “aproximadamente mil comunidades que no han terminado el proceso de relevamiento”, y que de no aprobarse la prórroga el 65 por ciento de las comunidades quedarían en un estado de suma vulnerabilidad. También agregaba que en Argentina ‘sufrimos todos’ una situación de “estigmatización, de xenofobia, desde las palabras de algunos altos dirigentes o funcionarios”. Por ese motivo expresaba: “quiero hacer un verdadero acto de desagravio por las ofensas que están sufriendo hoy, y desde hace muchos meses también, las comunidades indígenas de todo el país”.    

Cuando le tocó su turno al senador formoseño Luis Naidenoff reflexionó sobre la demora en los relevamientos de los territorios indígenas que señalaba la Ley 26160, las que originaron las sucesivas prórrogas: “11 años para solamente contar con un 30% de relevamientos, sinceramente es una demostración de la ineficacia de los estados en el cumplimiento de la ley.  Entonces, menos actos reclamativos sobre la voluntad de querer cumplir con los relevamientos, y avancemos en los relevamientos y terminémoslo para dotar de certidumbre a las comunidades y también al Estado Nacional”. A su vez, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasty advertía: “sabemos de la complejidad que tiene el tema de dicho relevamiento, y los intereses económicos que enfrenta el INAI* y el ReTeCi** para poder lograr su cometido”.

La senadora María Cristina Fiore Viñuales, de la provincia de Salta, si bien planteó discrepancias con reivindicaciones territoriales de algunas comunidades indígenas, sin embargo, reconoció la necesidad de la prórroga y de la propiedad comunitaria: “Y a nosotros como Congreso nos queda también esclarecer algunas normas y empezar a estudiar, para luego sancionar, la Ley de Propiedad Comunitaria; que es una asignatura pendiente de un mandato que nos dimos a nosotros mismos cuando sancionamos el Código Civil nuevo”.

Senadora Fiore Viñuales

La senadora por la provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, expresaba: “Creo que ha llegado el momento de que cumplamos con lo que la Constitución Nacional del año 94 dice. (…) Le demos lo que le tenemos que dar; pero además cumplamos íntegramente el artículo 17, no únicamente la propiedad y la posesión. La propiedad, la posesión, la sustentabilidad y el acompañamiento para garantizarles sus costumbres, para garantizarles su idioma y para hacer y para hacer el capital necesario para que sean sustentables como pueblo. Esto creo que va a contribuir a la paz social”.   

Finalmente, el senador Fernando Solanas, representando a la Capital Federal, vinculaba el extractivismo, el conflicto por la tierra y la valoración de los pueblos indígenas: “Detrás de esto subyace no solamente la puja por los intereses económicos. Bien se ha dicho, que aquellas tierras que no valían o que no interesaban a los modelos productivos de la época, con el correr de las décadas tumbar los bosques nativos era un negocio por el rédito de los cereales transgénicos, la soja y tantos otros. Pero también esas pestañas desérticas al pie de la cordillera, potencialmente ricas en minerales y en metales, en formaciones de pizarras de hidrocarburos. Subyace entonces, en las provincias y en los sectores del establishment la idea: ‘¿cómo vamos a perder estas tierras y que queden en manos de poblaciones que no salen de la pobreza porque aman y quieren la pobreza?’. Y ahí vamos al conflicto cultural. Está latente todavía en la Argentina distintas miradas de ser. Por suerte, quienes pensamos en una sociedad pluricultural y democrática nos parece muy bien. Pero la distinta mirada es comprender que el otro no es uno mismo. Y el otro, en este caso las comunidades indígenas, le da a la tierra un valor muy distinto que el valor mercantil y comercial con que mira el hombre urbano: es tierra sagrada. Las comunidades indígenas son su tierra. Sin su tierra dejan de ser. Y el tesoro de esta Sudamérica, el tesoro de cualquier nación es su diversidad cultural. Somos distintos, y todos hijos de esta misma tierra. Esa mirada de asociación de la diversidad con la cultura, o la identidad nacional ligada al concepto de pluralidad la introdujimos en la reforma constitucional del 94, el inciso 19 del artículo 75. El Congreso tiene la obligación de proteger la identidad y la pluralidad cultural”.

 

 

* Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

** Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI)

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