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La propuesta que anunció la Presidenta el pasado 27 de abril impone límite a la venta de tierras a extranjeros. Además establece que no puede ser considerada inversión privada la compra de tierras por extranjeros, por su condición de recurso natural no renovable.
“El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 por ciento. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.
El otro eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.
“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.
“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.
Si bien el proyecto evita avanzar en una definición de “uso social de la tierra”, como sí ocurre en Brasil, la normativa enviada ayer al Parlamento se fundamenta en una serie de tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional (artículo 75, inciso 22), que avanzan en este sentido. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica indica que “si bien toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
“Esta es una ley que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, una cuestión que es de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad de producir e invertir en esa tierra que tiene beneficios para todos”, agregó la Presidenta. Este proyecto había sido anunciado por primera vez durante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y fue citado nuevamente la semana pasada, durante el acto lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo).
Uno de los aspectos más complejos para definir tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. El registro deberá comenzar a partir de las operaciones realizadas el 1º de enero de 2010. “Sin este relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera”, explicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Por otro lado, en el artículo 3 de la norma se especifican todos los tipos jurídicos que podrían ser considerados titulares extranjeros. Por ejemplo, una empresa que tenga más del 51 por ciento de su capital en manos extranjeras quedará incluida dentro de este régimen. También quedarán comprendidas las UTE, los fideicomisos y las empresas vinculadas que no respeten los límites establecidos.
El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.
“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, resumió a este diario Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.
Además de los límites generales, se estipula que una persona física o jurídica (en cualquiera de sus formas) no podrá comprar más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. “Seguramente en el debate parlamentario se definirá la equivalencia para otras regiones del país. Por ejemplo, si 1000 hectáreas equivalen a 15 millones de dólares en la pampa húmeda, se podría fijar que el límite para un inversor extranjero en la Patagonia sean esos 15 millones de dólares”, explicó a este diario un asesor legal de Agricultura.
Como otro dato clave de la iniciativa, no se afectarán las adquisiciones ya realizadas. Así lo manifestó Fernández de Kirchner. “Con este proyecto procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, concluyó Domínguez.
Un Consenso Extensivo
El proyecto de ley que pone límites a la propiedad de las tierras rurales por parte de los extranjeros cosechó variados elogios, tanto de representantes empresarios como de buena parte del arco opositor. El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, señaló que para “este tema, sería fundamental superar las barreras partidarias y asegurar la defensa de nuestros recursos, nuestra soberanía y nuestros derechos”, en igual sentido se manifestaron los diputados nacionales Pablo Orsolini (Chaco) y Ulises Forte (La Pampa). “Todos los bloques tendrían que acompañar esta medida que apunta a mejorar el sistema de control por parte del Estado”, afirmó a Página/12 Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación.
La AGN realizó dos informes relacionados con la propiedad extranjera de la tierra pero orientados a las zonas de seguridad. “Hasta el momento teníamos una materia pendiente en este sentido. Y si bien el proyecto del Ejecutivo no es específico de las zonas de seguridad, es bueno que se regule la concentración de la tierra en las zonas de la pampa húmeda”, aclaró Despouy.
El proyecto presentado ayer por la Presidenta fue tomado por FAA como un “logro federado”. En cierta manera, la iniciativa contempla “aspectos esenciales largamente solicitados por la Federación Agraria”, según expresó el diputado Carlos Kunkel, casi como un guiño hacia el sector. “Es la expresión de nuestros chacareros, y no casualmente es un proyecto resistido por los lobbies organizados por Carbap y la Sociedad Rural, que siempre están al servicio de los intereses extranjeros”, agregó Kunkel.
Por su parte, Verónica Benas, diputada del Bloque SI por la Unidad Popular, expresó su satisfacción porque se impulse el debate sobre este tema. “La pérdida de tiempo se traduce en pérdida de recursos naturales y patrimonio nacional”, expresó. El diputado nacional por Proyecto Sur Jorge Cardelli consideró “positiva” la propuesta, aunque agregó que no alcanza para atacar el problema fundamental, que es la concentración. “El debate sobre la propiedad de la tierra es urgente y necesario ya que el proceso de extranjerización de la tierra que vive nuestro país es alarmante y su solución es prioridad”, expresó Silvia Vázquez, diputada por Concertación-Forja.
Legisladores de la oposición, autores de diferentes proyectos para poner límites a la extranjerización de tierras, coincidieron también en destacar la importancia del anuncio. El diputado del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Cuccovillo, celebró el envío al Congreso de una ley “largamente esperada por muchos sectores”. Cuccovillo es autor de un proyecto de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles de parte de extranjeros. Desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Susana García se mostró a favor de discutir el tema. “Se intentó muchas veces el tratamiento de esta cuestión, pero nunca hubo forma de avanzar.”
La titular de la Comisión de Población de la Cámara baja, Rosa Chiquichano (FpV-Chubut), consideró que es una cuestión “impostergable” y destacó la importancia de “resguardar los recursos naturales y la seguridad alimentaria”, a la vez que dijo que “como diputados tenemos la responsabilidad de defender nuestro patrimonio natural y cultural”.
También respaldaron la medida el diputado nacional por Nuevo Encuentro Ariel Basteiro; por la Unión Celeste y Blanca, Jorge Srodek (dirigente de Carbap); por el PRO, Christian Gribaudo y por Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse.
Puntos Clave del Proyecto
– El proyecto para regular la tenencia de tierras en manos extranjeras se establece como una Ley de Orden Público y de cumplimiento obligatorio en todo el país, por parte de personas físicas y jurídicas públicas y privadas.
– La cantidad de tierras en manos extranjeras no podrán superar el 20 por ciento del total de hectáreas disponibles del país.
– Los propietarios de tierras considerados extranjeros tendrán 180 días para denunciar su propiedad ante la autoridad de aplicación.
– Estarán alcanzadas por esta normativa empresas cuyo capital social en manos de extranjeros sea superior al 51 por ciento o compañías vinculadas o controladas en más de un 25 por ciento por empresas extranjeras, o que tengan el manejo de la voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.
– Una empresa física o jurídica no podrá tener más de 1000 hectáreas en la zona núcleo y su equivalente en otras regiones.
– Las operaciones de compraventa de tierras no serán consideradas una inversión. De esta manera se busca evitar cualquier injerencia del Ciadi. Además, se define a la tierra como un recurso no renovable, protegido por los tratados internacionales suscritos por la Argentina.
– Como autoridad de aplicación, se creará un Consejo Interministerial de Tierras Rurales presidido por el Ministerio de Justicia, e integrado por el Ministerio de Agricultura, el de Defensa, Secretaría de Ambiente, y el Ministerio del Interior.
Iniciativa con aportes variados
“Con este proyecto de ley estamos protegiendo más de 200 millones de hectáreas argentinas, aptas para la producción de alimentos y servicios ambientales”, manifestó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. “Procuramos efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, sostuvo el funcionario.
Domínguez señaló que el proyecto presentado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó mucho de las iniciativas que ya se encontraban en el Congreso de la Nación. En este sentido, la mayoría de los bloques parlamentarios –UCR, Proyecto Sur, Coalición Cívica, incluidos diputados del FpV– presentaron iniciativas al respecto.
También hay proyectos de los diputados representantes de la Federación Agraria, Ulises Forte y Pablo Orsolini. Uno de los asesores que estuvo involucrado en la redacción del texto oficial fue Aldo Casella, un experto en derecho agrario vinculado a la FAA.
