Redaf entrevistó a Laura Fernandez, integrante de la Mesa Regional de Tierra Choya-Guasayán. La coordinadora del Equipo Territorial de Be.Pe. en Santiago del Estero relató el surgimiento de la Mesa Regional y planteó dificultades, logros y desafíos de las familias campesinas santiagueñas a la hora de defender sus territorios y lograr el acceso a la Justicia.
El jueves 22 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa de Tierra Regional Choya-Guasayán en la parroquia Inmaculada de la localidad de Frías, Santiago del Estero. En dicha oportunidad se debatió sobre el rol de la Fiscalía en relación a los derechos campesinos, contando con la presencia de la coordinadora de la Unidad Fiscal de Frías, Dra. Silvia Albornoz, y el fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal Federal de Santiago del Estero, Dr. Pablo Álvarez. Desde hace algunos meses la Mesa viene propiciando espacios de encuentro con miembros de la Justicia santiagueña. La idea de los referentes del espacio es lograr que las familias campesinas, especialmente las que tienen conflictos de tierra, puedan estar presentes en un espacio común junto a funcionarios judiciales para que estos amplíen sus miradas sobre la problemática, y a su vez se maneje colectivamente la misma información y se puedan unificar criterios.
Redaf mantuvo una charla con Laura Fernández, coordinadora del Equipo Territorial de Be.Pe. en Santiago del Estero e integrante de la Mesa Regional:
Redaf_ ¿Cómo surge la Mesa Regional de Tierra Choya-Guasayán?
Laura Fernández_ La Mesa Regional se ha unificado desde 2013-2014. Antes había dos mesas, una de Choya y
otra de Guasayán, que eran mesas zonales de tierra. Y desde la emergencia hídrica y agropecuaria de 2013-2014, por cuestiones estratégicas, hemos empezado a unirnos departamentalmente para poder gestionar acciones conjuntas. La mesa de tierra está conformada por referentes de comunidades campesinas de los territorios de ambas zonas.
_ ¿Cuáles son los temas que preocupa hoy a la Mesa?
_ Una de las problemáticas más fuertes es el tema de la usurpación, de la llegada de muchos empresarios a territorio para adueñarse de las tierras. Si bien no tenemos tanta violencia, como en el norte de nuestra provincia, sí se rompe la paz social de las comunidades a partir de algunas empresas o empresarios individuales que vienen a instalarse en el territorio y que van generando un cerramiento a las tierras de las familias campesinas.
A partir de esta situación se ha venido generando, en el ámbito de la Justicia, una modificación del sistema penal. Concretamente, una modificación del código procesal. A partir de eso se ha hecho la implementación de una ‘experiencia piloto’, como la llamaban en su momento. Hoy lleva siete años esa reformulación de un proceso más ‘sintetizado’, le decimos nosotros, que tiene que ver con un proceso de mediaciones, de fiscalías que se generan para que los conflictos puedan ser resueltos más rápidamente.
_ ¿Y cómo funcionó esa modificación del código procesal?
_ Si bien hace siete años que está, la propuesta que se tiró es evaluar, a partir de las experiencias que se tiene, para poder hacer una modificación a ese régimen. Surgió esto a partir de que siempre con los conflictos que tenemos terminamos en la policía pidiendo que nos reciban una denuncia de alguna situación; y resulta que la policía nunca te quiere recibir la denuncia y siempre necesita de la autorización de un fiscal de turno para que decida si te toma o no te toma la denuncia, por ejemplo en una situación de usurpación o de otro conflicto de tierra. Eso ha venido generando mucha disputa y mucha angustia a las familias. Y el acceso a la justicia se termina fragmentando y teniendo que depender de que si un fiscal te responda o no, si es que lo encuentras al fiscal. A partir de esta situación, muchas veces han tenido que llamarnos a las organizaciones o a los referentes, o al comité de emergencia, para que acudan en presencia. Porque para poder defender el derecho de las familias de ese momento, y puedan a acceder a realizar la denuncia, necesitamos involucrarnos otros, cuando debería ser tan simple como recibir la denuncia a la familia. Esto ya lo venimos dialogando a partir de la Mesa de Diálogo que llamamos ‘la tripartita’, donde está sentado el gobierno provincial, las organizaciones y el gobierno nacional. Todo esto ya se viene discutiendo, pero seguimos en los territorios sin resoluciones a esta problemática. Entonces, lo que se propuso es poder generar un espacio de articulación y de diálogo con la Fiscalía, que en el caso de la Mesa de Tierra Choya-Guasayán corresponde a la Fiscalía de Frías. Si bien siempre tenemos una apertura al diálogo y a la articulación con las instituciones del Estado para proponer estrategias que resuelvan las problemáticas que se van dando, y en esa línea seguir dialogando con el sistema penal, en este caso hemos intentado generar este espacio de diálogo con el Ministerio Público Fiscal.
_ ¿Qué propuestas van surgiendo a partir de estas instancias de diálogo?
_ Una de las mayores dificultades que tenemos es que los fiscales o jueces, en determinadas situaciones, no tienen en cuenta la cuestión de la cultura campesina, de cómo vive el campesino. Muchas veces los fiscales, cuando tienen que mediar, tienen un posicionamiento más claro hacia el extranjero, el que viene de afuera; porque ‘trae el progreso’, porque ‘trae trabajo’, dejando en segundo lugar el sistema de vida campesino y desconociendo la situación que viven en ese momento las familias. Es necesario hacer mucho hincapié en esa necesidad de que todo el ámbito de la Justicia necesita mirar ese vínculo particular que tienen las familias campesinas con la tierra, con el monte y con todo lo que hace a su sistema productivo y de vida cotidiana. Entonces, esas cuestiones quedan muy de lado cuando se determinan sentencias, cuando se actúa, cuando se envían las actuaciones. Por parte de la policía, o de los propios fiscales que llegan en los territorios, siempre están midiendo la cuestión de qué tienen los campesinos…y si tienes está bien, te quedás con la tierra; y si no tienes, para qué quieres tanta tierra. Y es un discurso muy común en los últimos años, el de decir que ‘los campesinos quieren tierra y no hacen nada’. Es una mirada muy negativa y corta de lo que es el sistema de vida campesino. Lo que se pide es eso, de poder ampliar las miradas. Se toma siempre la cuestión de la turbación de la paz, que no es menor, pero también quieren dejar de lado que acá hay una cuestión de conflictividad de tierras. Y esa es una discusión bastante fuerte que la seguimos teniendo, pero por lo visto falta mucho que la Justicia madure esta cuestión de mirar que, cuando se habla de usurpaciones y otras cuestiones, no solamente están violentando físicamente sino que están sacando un pedazo de tierra que es parte de tu vida. Y especialmente lo que significa la suya para las familias campesinas.
_ ¿Y eso cómo se logra?
_ En los territorios hay muchas instituciones y organizaciones que trabajan cotidianamente por el territorio, entonces podrían estar aportando otras miradas a esa mirada tan acotada que tienen los fiscales. Venimos pidiendo que se le pida información para conocer el modo de vida campesino, por ejemplo los estudios de antropología en la universidad nacional. Hoy en día hay un centro antropológico. Que se le pida información al Comité de Emergencia, que en casi todos los conflictos tiene actuaciones. Información al registro de poseedores. El tema de la Secretaría de Agricultura que tiene técnicos trabajando en territorio. Ampliar la mirada, poder integrar más y poder también tener un contacto más cercano con las organizaciones que estamos acompañando los territorios. Porque ellos van a resolver un conflicto o una usurpación con solamente papeles, y la gente no tiene papeles y eso ya sabemos. Entonces, si tienes que impartir justicia, lo ideal sería que puedas ampliar lo que te están presentando la policía y los fiscales, pero los fiscales deberían ver eso…y es nuestro primer nexo del acceso a la justicia…poder ampliar esa mirada a partir de informaciones que otros le pueden brindar, ¿no? Esa es básicamente la propuesta que se le hizo a la jefa de fiscales.