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Abonos, pesticidas y plaguicidas químicos son medios empleados por algunas multinacionales que buscan beneficios elevados a toda costa en los países pobres donde actúan. El abuso de estos métodos es práctica habitual de empresas que sólo buscan incrementar la producción, sin tener en cuenta los problemas de salud que puedan conllevar.
Por Christian Sellés/AIM.
La sustitución del modelo de la agricultura tradicional por modelos agroindustriales intensivos ha dejado postergado al medio ambiente y a sus habitantes, frente a la pujanza de los resultados económicos.
En el año 1977, el gobierno de Estados Unidos prohibió el uso del pesticida Nemagon por los problemas de salud que provocaba cánceres de diversos tipos, esterilidad, dolores, atrofias, malformaciones congénitas y abortos son algunas de las patologías habituales que originan.
Más de 20 años después, en 1998, un grupo de bananeros nicaragüenses demandó a las empresas estadounidenses Dow Chemical, Shell Oil Co. y Stanford Fruit Co. por el uso del Nemagon en los campos bananeros de Nicaragua Occidental. ¿En Estados Unidos no se puede usar y en otros países sí? ¿Acaso los habitantes de esos países son inmunes?
Para muchas multinacionales agrarias hay ciudadanos de primera categoría, de segunda y los que ni siquiera pertenecen a ninguna.Una juez nicaragüense condenó a esas compañías a pagar 490 millones de dólares a 583 bananeros afectados por el citado pesticida. El portavoz de la Dow Chemical, Scot Wheeler, negó la validez al juicio que los condenó y dijo que el caso debería remitirse a un tribunal estadounidense.
Y, lloviendo sobre mojado, algunos miembros del gobierno nicaragüense proponen la abolición de la ley que reconoce algunos derechos y garantías laborales a los trabajadores nacionales frente a las empresas extranjeras. Una vez más, las empresas quedarán impunes.
En idéntica situación están más de 3.000 bananeros en Honduras. En 1993 más de 16.000 trabajadores de países como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala o Filipinas presentaron en Texas un pleito contra las empresas fruteras y químicas estadounidenses por enfermedades provocadas por la exposición de los jornaleros a agentes químicos. Las compañías fueron sentenciadas a pagar un total de 41,5 millones de dólares a quienes probaran haberse quedado estériles.
Actualmente hay en el mundo 65.000 afectados reconocidos a causa de la utilización de agentes químicos nocivos en la agricultura industrial intensiva.
En la industria de las flores para la exportación, la irrigación de pesticidas y plaguicidas se efectúan durante las horas de trabajo y afecta por igual a plantas y trabajadores.
Lo único que importa son las ganancias; las personas ocupan un segundo plano. Los alimentos son los organismos que más transformaciones han sufrido en aras de aumentar la producción, práctica justificada por las multinacionales agrarias como única alternativa para paliar el hambre en el mundo.
Pero en realidad, supone el enriquecimiento de esas compañías y el empobrecimiento del campesinado, además de las enfermedades que pueden afectar a los consumidores por el uso de algunos pesticidas.
En países pobres, a menudo los agricultores no pueden negarse a trabajar para estas empresas con sus prácticas nocivas para la salud: a veces no hay más alternativa de empleo y han de callar y trabajar en condiciones infrahumanas, con serio riesgo para su salud.
El 44 por ciento de la población de Iberoamérica y el Caribe se encuentran en situación de pobreza e inseguridad alimenticia.
Y es en esa zona en la que las grandes empresas fruteras se asientan con mayor frecuencia por las facilidades de sus gobiernos y lo barato que les cuesta mantener una amplia plantilla de trabajadores.
Ha llegado el momento de ofrecer alternativas agrarias diferentes y oponer resistencia a un supuesto desarrollo que no responde a las necesidades de las poblaciones del planeta.
