Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La extranjerización de la tierra no es el principal problema de los campesinos, ya que los desalojos son protagonizados por empresarios locales con aval de la clase política y el Poder Judicial.
Por Milva Benitez / Plaza de Mayo.com
Desde el mes de diciembre, las organizaciones campesinas de Santiago del Estero denuncian la presencia de grupos armados que se apoderan de territorios habitados por familias que por generaciones han nacido y se han criado allí.
El día 5 de este mes, en la comunidad de El Hoyo, a escasos 190 kilómetros de la capital provincial, el campesino Martín Almaraz fue herido con un arma de fuego por integrantes de un grupo paramilitar de más de 20 hombres que operan en la zona intentando despojarlos de sus tierras. En este caso, se trata de 70 las familias afectadas directamente por la usurpación de diez mil hectáreas, pero situaciones similares se están viviendo en parajes cercanos como Elsita, La Pampa, El Aibal, Santa María, Pozo del Castaño, San Felipe y Tuituyoj.
A poco de cumplirse un año de la muerte de la campesina Sandra Juárez mientras intentaba detener a una topadora que avanzaba sobre su tierra, las familias rurales de Santiago del Estero vuelven a enfrentarse a bandas armadas. “Se trata de pequeños ejércitos de ocupación que llegan a amedrentar hasta a la policía que le dice a las comunidades que no pueden hacer nada, y las dejan libradas a su suerte” cuenta Hugo Soria del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), quien también sostiene que en otros casos “parece que se estuvieran generando zonas liberadas”.
Estas familias, a través de la experiencia acumulada por más de 20 años en el Movimiento Campesino de Santiago de Estero (MOCASE), han logrado establecer estrategias comunes para la defensa de su territorio; hasta el momento pudieron constatar que estos hombres armados operan trasladándose en una camioneta azul doble cabina patente HEF 636, registrada en la provincia de Tucumán. Sin embargo aún no lograron determinar a quién responden por sus acciones y, pese a haber radicados las denuncias en la comisaría de Tintina, no han obtenido respuesta de las autoridades.
Hechos similares ya fueron denunciados en el paraje El Simbolar, donde los grupos armados están realizando trabajos de desmonte y alambrado bajo las órdenes de un empresario cordobés que habría adquirido los títulos de propiedad de manos de un ex-juez santiagueño. Las familias que viven allí desde hace cinco o seis generaciones, intentan conservar una fracción de alrededor de 3.000 hectáreas, entre las 18.000 que supuestamente se vendieron.
“Hace muchísimos años que viven ahí y trabajan la tierra, han nacido y se han criado allí con sus vacas, sus cabras, sus gallinas, y también han sembrando, pero hoy tienen miedo de salir al monte a buscar la leña para cocinar o hacer la tortilla”, manifiesta preocupado Roger Almaraz integrante del MOCASE. “Esta es la última metodología que usan los terratenientes en Santiago, muchas veces sabiendo que existen familias adentro igual compran la tierra con esa idea de meterles miedo y sacarlos del lugar de vida”, explica el dirigente campesino y agrega que el problema es aún mucho más grave porque “muchas veces la policía no quiere tomar las denuncias y esto nos lleva a pensar que están recibiendo plata de los empresarios”.
A través del comunicado en el que dan a conocer estos hechos el MOCASE advierte que las familias seguirán defendiendo la tierra que les pertenece por haberla habitado por generaciones y responsabilizan “tanto al poder judicial como al gobierno provincial Gerardo Zamora por hechos de violencia y daños -tanto físicos como materiales- que sufrieron nuestros compañeros y los que se puedan suceder en caso de no accionar”.
Población en riesgo
El panorama es aún más grave si tenemos en cuenta que en la provincia se calcula que más del 75% de los campesinos no tienen títulos de propiedad a pesar de vivir en esas tierras desde que lo hicieron sus padres, y aún sus abuelos. Según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002, Santiago del Estero es con Salta, Jujuy y Neuquén una de las provincias que registra mayor irregularidad en cuanto a la tenencia de la tierra; estos números no se han podido actualizar ya que en el último censo realizado entre el 2 de junio de 2008 y el 30 de septiembre de 2009, los datos recolectados fueron insuficientes, según dieron a conocer las propias autoridades del INDEC.
“Ya no podemos seguir esperando más –dice Soria el integrante de INCUPO-, estamos ante una problemática estructural que afecta y tiene que ver con el NO reconocimiento del mundo rural santiagueño y su modo de vida y de desarrollo, y a pesar de eso la gente está resistiendo con integridad”.
Al igual que los campesinos, las comunidades originarias se encuentran en la misma situación de indefensión jurídica por falta de títulos sobre las tierras que ocupan, y aún aquellos que los tienen están sometidos a regímenes de propiedad individuales que implican el desconocimiento de la tradición comunitaria de posesión de la tierra.
El año pasado los campesinos santiagueños sostuvieron cuarenta y cinco días de corte en la ruta nacional Nº 34 en reclamo de medidas de fondo que atendieran el problema del acceso a la tierra, pero las respuestas no llegaron y ante la insistencia el gobernador Zamora llegó a sugerirles que ganen las elecciones si querían cambiarle el gabinete al que denunciaban por inacción. En una provincia en la que se han registrado más de trescientas situaciones de conflicto, muchos de ellos violentos, el Comité de Emergencia y Ordenamiento Territorial – con escaso presupuesto y menor alcance- apenas logro intervenir paliando estas situaciones y sistematizando la información.
“Podemos seguir saliendo y registrar cien casos más, pero las decisiones políticas no están. Teniendo en cuenta la cuestión estructural, el gobierno le repone el 30% del dinero a aquel empresario que viene acá a hacer agro-combustibles y los que viven en el campo apenas reciben las migajas para hacer un aljibe o un cerramiento con el alambre que después la topadora se lleva puesto” alerta Soria.
Almaraz coincide: “La verdad es que nadie hace nada, el año pasado se había armado un equipo interdisciplinario para actuar en terreno, estaban las autoridades de la Dirección provincial de Bosques, de Fiscalía del gobierno provincial, de la Dirección de tierras, del Comité de Emergencia y las organizaciones campesinas. La idea era crear una herramienta para la justicia que le dejara en claro a los empresarios que no es fácil entrar o meterse en cualquier terreno en Santiago del Estero. Pero todavía no se logró, no hay una decisión política para hacerlo”.
Un reclamo nacional
Los últimos hechos violentos protagonizados por bandas armadas contra las poblaciones rurales de Santiago de Estero han reavivado el reclamo de las organizaciones campesinas para que el Congreso trate el proyecto de ley nacional que intenta frenar los desalojos durante cinco años y generar un registro de la posesión y el uso de tierras.
Desde hace un año el Movimiento Nacional Campesino Indígena junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares, trabajan en la fundamentación de la propuesta que intenta poner coto el avance del actual modelo agropecuario que los deja afuera y en riesgo.
La iniciativa consensuada por las organizaciones de la base rural de Argentina fue presentada ante el Congreso Nacional el pasado 17 de abril, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina; establecido desde 1996, con motivo del asesinato de 19 campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el norte de Brasil.
Las organizaciones también coinciden en advertir que la extranjerización de la tierra -caballito de batalla de Federación Agraria y ahora del gobierno nacional- no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios ya que los desalojos son protagonizados por empresarios locales con aval de la clase política y el Poder Judicial.
Con este mismo objetivo, ya hace más de un mes, que el Frente Nacional Campesino inició una marcha que concluirá a comienzos de julio en el Congreso Nacional, tras haber recorrido las provincias de Formosa, Salta y Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Los puntos centrales de la demanda son la entrega de títulos de propiedad para criollos e indígenas con posesión veinteanial, apoyo económico a sus comunidades y la suspensión de los desalojos.
