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Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales. El documento señala que estas activiades “vulneran los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.”
“El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (…), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.
