Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Un informe de la UBA y de la Red Agroforestal Chaco Argentina – REDAF, pone al descubierto los desmontes ilegales que salinizan la tierra y la vuelven improductiva. La lucha de las comunidades campesinas.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, Secretaria Ejecutiva de REDAF.
Reportaje publicado en Revista Veintitrés – Enero 2013 Ver publicación
Durante años, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron que los montes del la región del chaco salteño de nuestro país estaban siendo destruidos a una velocidad inusitada, al ritmo de la expansión sojera y ganadera. A la voracidad de empresarios agroforestales poco preocupados por la preservación del medio ambiente se le sumaba la complicidad de un Estado poco dispuesto a controlar. Ahora, el reclamo de los pobladores rurales tiene una base científica contundente. Un reciente estudio del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), realizado en colaboración técnica con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, demostró que “a cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, Salta registra más de 330 mil hectáreas deforestadas: 98.894 en zonas prohibidas por su ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011”.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante de la organización no gubernamental Asociana. “Esto es aprovechado al máximo por empresarios dedicados a los agronegocios”, se quejó, en diálogo con Veintitrés. En esa sintonía, María Vallejos, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, remarcó la importancia de “cuantificar” lo que está sucediendo: “No es lo mismo que sea la Universidad la que esté dando cuenta de esta situación de desmontes ilegales a que lo hagan solamente las familias campesinas afectadas directamente”.
Por su parte, Juan Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), puntualizó a esta revista que “el desmonte también ocurre en otras provincias, la particularidad de Salta es que hay una medida cautelar dictada por la Justicia, y aun así siguieron porque falta decisión política para controlar; los funcionarios provinciales nos dicen que no tienen recursos para hacer un monitoreo, lo cual no es cierto. Desde que se emitió el informe no nos recibió ningún funcionario”.
Tanto Fundapaz como Asociana trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en el Chaco salteño, participan de la Redaf, así como de la Mesa de Tierras de Salta, desde donde se presentó el recurso de amparo que derivó en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que sucede con los desmontes en el norte del país es grave. Los gobiernos provinciales tienen que ser muy cuidadosos para evitar la tala ilegal –pidió Díaz–; el gobierno de la provincia de Salta fue muy permisivo en estos últimos años, tanto con los desmontes como con el monitoreo”.
Vallejos señaló que “la idea del trabajo es ponerlo a disposición del público, que no quede en el mundo académico”, y contó que en los últimos años, a partir del informe que realizó la Facultad de Agronomía de la UBA en ocasión del recurso de amparo, fueron varias las instancias judiciales que requirieron de la información que produce la Universidad. “Aportamos evidencias de la ubicación y la superficie de los desmontes ilegales producidos en distintas zonas de la región chaqueña”, graficó Vallejos y destacó que gracias al agrónomo del INTA José Volante, hay registro de los desmontes producidos desde 1976 hasta la actualidad. “Tenemos imágenes satelitales de 30 x 30 metros que permiten hacer una evolución histórica. También tenemos imágenes que nos permiten detectar los incendios intencionales que se generan para desmontar”, describió la especialista. Su tarea es “digitalizar la información, como parte de un estudio más grande, que permitirá superponer los datos de los bosques desmontados con información socioeconómica, como la de los censos”.
De acuerdo con Álvarez “es importante el aporte en lo que hace a análisis y acceso a la información satelital que brinda en este caso la Facultad de Agronomía”, ya que “tiene un peso diferente a la generada a nivel local, a la vez que la vinculación entre la academia y las poblaciones locales trae otros aportes, como la formación de estudiantes en la realidad local y otra visión de los llamados proyectos de desarrollo”.
El estudio también permite dar cuenta del proceso de salinización que se da en las tierras desmontadas. “Hay cambios en la composición de los nutrientes, el cloruro sale a la superficie. Es el principio de la desertificación”, advirtió Vallejos, para luego ilustrar que éste “es un proceso que ya sucedió en otros lugares del mundo. Al talar, se remueve la cobertura vegetal y se rompe el equilibrio hídrico. Cuando llueve, quedan las sales en el suelo”. Por este motivo, están estudiando los rendimientos de la soja, tanto en los primeros años como al cabo de seis o siete años.
“Se desmonta, se siembra soja y después queda el suelo salinizado, inutilizable. No son zonas agropecuarias, antes era impensable sembrar soja en estos lugares, pero el precio en aumento además de que ahora llueve un poco más favoreció que crezcan los desmontes. Esto está directamente asociado con desalojos de comunidades que ya habían sido arrinconadas. Es preocupante, dividen a las comunidades ofreciéndoles plata”, describió Vallejos, quien informó que de la zona chaqueña, donde más superficie se desmontó es Santiago del Estero, aunque la mayor tasa –relación con la superficie de monte original– se registra en Salta.
En ese difuso límite provincial fue asesinado el campesino Miguel Galván por personas vinculadas a empresarios sojeros que buscaban quedarse con las tierras ancestrales de su familia para desmontarlas, según constató un equipo de esta revista en octubre.
“Las inundaciones en Tartagal de 2009 y las de Santa Fe en 2004 tienen que ver con que el suelo pierde la capacidad de filtrar el agua”, recordó Díaz y alertó que “la producción maderera en Salta se hace en forma ilegal, no hay control de los organismos competentes”, pese a que con Ley de Bosques Nativos –impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso–, la provincia hizo su mapa de ordenamiento territorial. “Es una guía para que se pueda monitorear que no se desmonte en las zonas donde está prohibido. Sin embargo, se avanzó por territorios destinados a ser conservados”, denunció Díaz. Para el director de Fundapaz la situación obedece al “corrimiento de la frontera agropecuaria por las plantaciones de soja y la ganadería extensiva, lo que provoca el corrimiento de la población a causa del negocio inmobiliario”.
Hectáreas arrasadas
- Desde 1976 a septiembre de 2012, la provincia de Salta perdió 2.074.210 hectáreas de bosque nativo. El 94 por ciento en la región chaqueña.
- La tasa de desmonte creció con el fin de la convertibilidad (2001). El 45 por ciento de las hectáreas desmontadas en Salta fueron ejecutadas entre el año 2000 y 2012 (aproximadamente 942.000 hectáreas). En el mismo período, la superficie cultivada con soja se duplicó
- Desde 2007 a la fecha, más de 330 mil hectáreas fueron taladas: 98.894 en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011.
El chaco Salteño