El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a nivel nacional informaba, el viernes 24 de agosto, que había culminado una jornada con autoridades ambientales de todas las provincias con el fin de “avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos”. Según reflejaba el sitio oficial de la institución, los principales temas abordados fueron “la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”.
Dicha fuente, además, hacía mención a la firma de dos Acta Acuerdo: una sobre ordenamiento territorial (“ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad”), la otra, refrendada por representantes de la Comisión de Bosques del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), apunta a la gestión de planes de la Ley de Bosques (“contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales”).
Redaf consultó a uno de los participantes de este encuentro, el Dr. Carlos Chiarulli, actual subdirector provincial de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe. Sobre los acta acuerdo firmados, manifestó que persiguen el objetivo de ‘reafirmar’ una normativa vigente: “uno es el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), que muchas de las provincias están actualizándolo, incluso la provincia de Santa Fe. Y lo que se pedía ahí era que las provincias respeten lo que son las resoluciones de COFEMA”.
Hace mención a la resolución N° 230, que describe los criterios a tener en cuenta “para el ordenamiento territorial de los bosques nativos”, debido a que varias provincias “adoptaron un criterio propio o independiente de la norma”, señalaba el subdirector. En definitiva, “la idea de ir ajustando la superficie de bosques, y de los tipos de formaciones de boscosas”, para terminar con las demoras y poder “avanzar con la norma establecida”, señalaba.
El funcionario público también hizo mención a otra parte del encuentro, la gestión de planes de manejo de bosque. Señala las nuevas categorías que se incorporaron, como los “planes integrales, que antes no se tomaban tanto en cuenta”, o “el manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI)”.
Finalmente, ante la pregunta sobre si este encuentro era un aval político a la continuación de la Ley de Bosques, el Dr. Chiarulli respondió: “Estamos suponiendo que sí. Eso no quiere decir que nos den la plata que corresponda. Es ley y la tendrán que cumplir de alguna forma; pero los recursos que el ejecutivo va a definir para la ley, eso es una cosa que escapa a quienes integramos el COFEMA”.
En relación a éste último punto, la brecha histórica existente entre los fondos que la Ley de Bosques legalmente define y los montos que finalmente son asignados año a año, es un tema que el mismo COFEMA viene advirtiendo desde el año 2009. En 2017, el Instituto Gino Germani y la Redaf publicaban un cuadro que permitía visualizar esa diferencia de dinero:
Finalmente, el monto destinado para 2018 representó un 8% de lo que legalmente correspondería, según el comunicado que Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dieron a conocer en marzo de este año. Esas instituciones alertaban que la Ley de Bosques continuaba “profundamente desfinanciada”. La misma publicación brindaba un panorama más amplio y preocupante: “Argentina figura en el puesto 9 entre los 234 países que menos cuidan sus bosques, de acuerdo un índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta situación lleva a que actualmente se pierdan 180.000 hectáreas de bosque cada año. La Argentina perdió, desde 1990, 7,6 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a la superficie de la provincia de Formosa. Al mismo tiempo, regiones como el Gran Chaco y la Selva Paranaense han sido identificadas entre las más amenazadas por la deforestación a nivel mundial.”