“En Argentina la política agraria no existe salvo como una política económica”

 Francois Collart Dutilleul, director del Programa Lascaux, de la Universidad de Nantes (Francia), se ha dedicado a investigar el vínculo entre legislación, crisis alimentaria, políticas públicas y lobby de las trasnacionales.

En esta entrevista analiza el actual esquema agrario argentino dentro de un marco internacional donde se apuesta a la “inversión” de las multinacionales en desmedro de los “intereses campesinos y ambientales”. Collart Dutilleul ha visitado nuestro país en el último tiempo en busca de “establecer relaciones con universitarios, con organizaciones de campesinos y de indígenas para entender los problemas específicos en Argentina”.

-¿Qué visión tiene de la política agraria del país?

-La política agraria de Argentina quiere evitar una nueva grave crisis económica. Y el gobierno piensa que la solución es las inversiones internacionales. Entonces, la política agraria no existe salvo como una política económica. Los intereses económicos son más importantes que los de los campesinos o de la conservación del ambiente. Por el problema de la inseguridad alimentaria, podríamos decir que la plata vale más que el plato. Unos países consideran que hay que ganar dinero extranjero para llenar los platos de la población. Entonces, esos países cultivan productos que pueden exportar y no alimentos que la población podría comer. Otros países prefieren cultivar alimentos y comer lo que producen al limitar las importaciones. Hay que elegir: producir lo que la población puede comer o producir para exportar y ganar dinero con cual pagar importaciones de alimentos. Son dos políticas económicas muy diferentes.

-Usted plantea el dilema acerca de si los recursos naturales, al no ser infinitos, deben ser valorados como mercancía o como patrimonio. En los hechos, nuestro país los valora como mercancías (tierra, bosques, minerales) ¿Qué cambiaría al darle una perspectiva que los valore como patrimonio?

-El sistema de propiedad privada no funciona de manera satisfactoria cuando se trata del alimento, porque nunca debería tener el monopolio de un bien vital para la población. Al mismo tiempo, parece difícil excluir la propiedad privada. Entonces ¿cómo combinar propiedad privada y patrimonio? El derecho tiene respuestas, porque ejemplos existen en el mundo. El programa europeo Lascaux busca y analiza este tipo de ejemplos, que pueden servir de modelos. En particular, el derecho nacional debe pensar las soluciones. Sin embargo, el problema mayor es que los productos resultantes de los recursos naturales están regidos por el derecho de la Organización Mundial del Comercio. Lo que los recursos naturales producen se vuelve a un momento o al otro en una mercancía. Pues la pregunta puede ser: ¿cómo podemos hacer para que esta mercancía no sea considerada como ordinaria sino como especial?

El acaparamiento de tierras en clave nacional

A fines de 2011 el gobierno nacional presentó un proyecto de Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales (más conocido como Ley de extranjerización de la tierra) que luego, con algunas modificaciones, fue aprobado por el Congreso Nacional. La Ley pone un tope máximo del 15% del territorio rural argentino en manos extranjeras y cada extranjero no podrá tener más de 1000 haectáreas a su nombre. Las estimaciones -porque no hay un catastro bien confeccionado- oscilan entre el 7 y el 10 %, por lo que se trata casi, de en un proyecto de promoción.

La problemática de la concentración de la tierra es un tema crucial, pero no sólo por capitales extranjeros sino también por capitales nacionales, como testimonia el caso del grupo Los Grobo, presidido por Gustavo Grobocopatel, quien ironiza sobre sí mismo diciendo que es el primer empresario ‘sin tierra’. Este grupo económico tiene 17.700 hectáreas propias, pero cultiva en total más 290 mil hectáreas de tierras arrendadas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y tiene como objetivo llegar a sembrar cerca de 400 mil en el Mercosur.

Pero esta no es la única forma de acaparamiento de tierras: en los últimos años gobiernos importadores de alimentos comenzaron a comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina con el fin de producir alimentos. El caso local más emblemático es el de las 240 mil hectáreas entregadas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang a partir de un acuerdo firmado con la provincia de Río Negro, para el cultivo de soja, además de derechos de irrigación y la concesión del puerto atlántico de San Antonio. Acuerdo finalmente frenado por el Poder Judicial de esa provincia.

-Usted señala el problema de la soberanía inmobiliaria, y se centra en el acaparamiento de tierras a manos de inversores extranjero. En nuestro país son tan dañinos los inversores extranjeros como los grandes empresarios argentinos que explotan de forma irracional miles de hectáreas e incluso llevan su modelo de producción a países vecinos. Entonces el problema ¿cuál es? ¿La escala de producción? ¿Los mecanismos ambientalmente destructivos? ¿La concentración de la tierra en sí?

-El acaparamiento y la concentración de tierras resultan en problemas a varios niveles. Al nivel local, la realización del derecho a la alimentación con el uso del suelo está amenazada por la expulsión de campesinos instalados en las tierras. Al nivel nacional, la escala y el modo de producción, la elección de las variedades puede resultar en la destrucción de la biodiversidad y del ámbito, y problemas de seguridad alimentaria –con el caso de los agrocombustibles, por ejemplo–. Aparecen también problemas socio-económicos, como la destrucción de empleos y la conversión de los campesinos en empleados mal remunerados y mal tratados. Al nivel internacional asistimos al debilitamiento del derecho del suelo y del ambiente. De la misma manera que los recursos naturales, el acceso al suelo depende de la legislación nacional. Si los acaparamientos de tierra y la concentración de las tierras a manos de empresarios irresponsables son posibles, es porque la legislación nacional le permite. Aunque no es suficiente, el derecho es necesario, constituye la primera etapa para garantizar el acceso a la tierra de los campesinos y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

Semillas para pocos

No hay duda que la biotecnología moderna y su inserción en el agro a través de las semillas transgénicas incentivaron la reformulación del sistema de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. En Argentina, una forma de proteger las semillas se da a través de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas que data de 1973 pero cuyo reglamento se modificó por última vez en 1991. Según esta legislación, no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso.

La industria semillera en nuestro país viene cuestionando desde hace mucho tiempo el denominado ‘uso propio de las semillas’, una práctica a la que acusan de ser la responsable del incremento de la conocida bolsa blanca (mercado ‘ilegal’ de semillas). Por ello, desde 2003 vienen presionando para que Argentina modifique la norma que regula el sector y se adapte al nuevo marco internacional que es mucho más agresivo en este sentido.

El año pasado, la discusión tomó un nuevo impulso cuando el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, expresó la voluntad política de que la ley se modificara antes de fin de año. Sin embargo, las negociaciones se frenaron y aún no fueron reanudadas. El nudo del conflicto estuvo todo el tiempo centrado en el denominado ‘uso propio’ de las semillas ya que una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. La nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el ‘uso propio’ remarcando que solo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados ‘agricultores exceptuados’, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas.

-Usted destaca que “se subestima el poder” de las patentes sobre lo vivo. En Argentina, Monsanto y otras empresas presionan por una nueva ley de semillas a su medida, y el Gobierno anunció que modificará la actual norma que protege a los pequeños productores ¿Qué nos puede aportar usted en este debate?

-Efectivamente, el derecho de patentes constituye un mecanismo muy poderoso porque ofrece al inventor un monopolio muy fuerte y derechos muy largos sobre la invención. Hay que estar particularmente vigilante con las patentes sobre lo vivo y además sobre las semillas porque, como fuente de alimento, son de fundamental importancia para la vida. Ahora, el derecho de patentes favorece claramente las grandes empresas de semillas a menudo a detrimento de los pequeños productores. Por estas razones, hay que tener cuidado de preservar los derechos de los campesinos limitando el poder sobre el mercado de semillas de empresas como Monsanto, para mantener una diversidad y libre acceso a las semillas. Es por ejemplo muy importante reconocer a los campesinos un verdadero derecho sobre las semillas conservadas en la finca. Así, puedan reservar y usar las semillas cosechadas sin pagar regalías. Hay que promover la circulación y el intercambio de semillas para mantener una diversidad.

Si Monsanto tiene un monopolio sobre semillas y o tierras, es porque lo permite el gobierno provincial o nacional. Una reforma como esta no es necesario algo malo si esta conducta de manera justa y tiene en cuenta los intereses de todos. Por el contrario, si sólo es una repuesta a un lobby de empresas de semillas, existe el riesgo que los pequeños campesinos sean excluidos. Una reforma así sería un peligro cierto para los pequeños productores, para la biodiversidad, y para la seguridad alimentaria.

-Usted señala que un “bien especial” como es el alimento es abordado desde una lógica jurídica compartimentada, que separa el derecho rural, comercial, salud, consumidor, ambiental. Incluso en los países del sur latinoamericano, que cuentan con un mercado común (Mercosur), y que presentan ciertas políticas progresistas o populares los productos del agro siguen siendo vistos como commodities (soja, caña, maíz) o meras mercancías a exportar. ¿Cómo salir de esta lógica si como bien marca la organización Grain el de alimentos es el “mercado cautivo por excelencia”?

-El alimento no debe ser visto como una mercancía como los otros. Para salir de esta lógica, es necesario responder a varios problemas a la vez. Actuar sobre la Organización Mundial del Comercio, que cuyo derecho prevé mecanismos para tomar consideraciones extra-comercial, como la seguridad alimentaria, en consideración. Es necesario también reconciliar lo global y lo local, y actuar sobre la propiedad intelectual que conduce a la perdida de la soberanía sobre los medios de producción. Hay que empezar incidir sobre la tierra y los medios de producción, porque entonces se controla toda la cadena.

-¿Qué pueden aportar (desde lo legal o político) los países que compran esos commodities (China y Europa) para frenar la avanzada ambiental, inmobiliaria, social sobre las tierras del sur, tal como ocurre en Argentina con la soja?

-Los países que importan son oportunistas, como todos los países. No debemos esperar de los países una actitud humanitaria, sino de manera marginal. Es la razón por la que es fundamental mantener su soberanía sobre el suelo, las semillas, su soberanía comercial y alimentaria. El etiquetado a la atención de los consumidores, quienes podrían ser informados de las circunstancias en la que fueron producidos los alimentos que consumen, también es una pista de reflexión del programa Lascaux.