Conflictos Territoriales en la Región Chaqueña: Campo de Resistencia

En Santiago del Estero, Chaco y Formosa, los campesinos se organizan para defender sus tierras frente al avance de la frontera agropecuaria. Desalojos, desmontes y pérdida de la diversidad productiva.

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“No sé si tengo huevos o soy pelotudo, pero del monte sólo me sacan muerto», lanza Ignacio Avellanal (43). La voz de lucha emerge durante una jornada de la Mesa Zonal de Tierras (MEZAT), de Santiago del Estero. Colectivos con este perfil afloran por todo el mapa de la región chaqueña. Campesinas y campesinos se organizan frente al avance de la frontera agropecuaria.

Desalojos, desmontes y pérdida de diversidad productiva son algunas de las consecuencias del modelo agrario hegemónico. Acción recorrió parajes de Chaco, Formosa y Santiago para recoger testimonios de quienes desde el territorio resisten el agronegocio. En todas las paradas hay un común denominador: problemas por posesión de tierras. El Código Civil contempla que a quien habita un sitio «durante veinte años sin interrupción» no puede negársele la titularidad del inmueble. Víctimas de la inseguridad jurídica, familias que por varias generaciones habitaron el mismo suelo no cuentan con escritura.

Según el último informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), hasta agosto de 2011, en la región chaqueña se registraron 214 conflictos por títulos de propiedad, que abarcan 2.791.302 hectáreas y afectan aproximadamente a 18.000 familias. Esta alianza de organizaciones de base y académicos relevó que en el 94% de los casos, la problemática se desata por la falta de regularización dominial, y sólo el 6% corresponde a situaciones de campesinos o indígenas sin tierra.

SI HAY MONTE, HAY FAMILIAS
Parada 1: Pozo Herrera, a 45minutos de Añatuya por el camino que conecta con Los Juríes, al sudeste de Santiago del Estero. Avellanal ofrece su campo. La reunión de la MEZAT se abre espacio entre manchones de bosque nativo que aún sortean el avance de las topadoras. En la zona gana terreno la producción a gran escala de soja, y sorgo para biodiesel. El saldo negativo lo pagan las prácticas tradicionales, como la cría de cabras a monte abierto, en paulatina extinción.

El panorama a futuro no es alentador. El Plan Estratégico Agroalimentario, que impulsa el Gobierno nacional, proyecta que para 2020 aumente en 9 millones (de 33 a 42) la cantidad de hectáreas sembradas para granos. La siembra de soja pasará de 18,3 a 22 millones de hectáreas. «A menos que hagan campos con forma de edificios, van a avanzar sobre el monte chaqueño», ironiza Avellanal.

¿A qué se enfrenta la MEZAT? El punto de encuentro sirve de caso testigo. Desde hace 8 años, las 300 hectáreas habitadas por la familia de Ignacio Avellanal desde 1938 están en litigio. El motivo: un día cualquiera «apareció un supuesto dueño» a reclamar el lote. El primer intento de expulsión fue por la fuerza. «Vinieron los policías de la zona, pero sin identificación y sin cédula judicial», recuerda el dueño de casa sobre esa «lucha cuerpo a cuerpo».
El amedrentamiento se topó con una familia decidida a defender la tierra. La cuestión siguió la vía judicial: ahora una medida de no innovar impide que las manos campesinas se muevan con libertad. Por ejemplo, tienen vedada la realización de mejoras en su vivienda o padecen trabas en el acceso al crédito para producir.

Otras historias repiten el esquema: propietarios que aparecen como caídos del cielo, y un Estado que –salvo excepciones – suele acompañar el interés empresario. La policía, el aparato judicial y las dependencias gubernamentales como el Registro de Propiedad también juegan un rol clave a la hora de inclinar la cancha. Mejor suerte que Avellanal corrió Walter Ruiz. «Vinieron con topadoras y los echamos. No volvieron más», recuerda, con una gran sonrisa. Teatro de la acción: Canal Melero, 20 kilómetros al norte de Añatuya. Cuenta el hombre que hace unos 5 años comenzaron a llegar al paraje «ganaderos de Santa Fe y Córdoba».

Este tipo de situaciones se multiplicaron en la última década: grandes productores de la pampa húmeda, que pasan sus campos a la producción de soja, buscan trasladar sus haciendas a la región chaqueña, cuando no extender la siembra de la oleaginosa, avanzando sobre territorios campesinos, explican desde la Mesa.

La buena madera también crece por estos pagos. La resistencia se apoya en organizaciones como el Instituto de Cultura Popular (INCUPO / REDAF). Trabajadores sociales, educadores, ingenieros en ciencias agropecuarias defienden el bosque nativo por una razón muy sencilla: «Donde hay monte, hay familias».

Así Juan Carlos Tato Figueredo, referente del INCUPO, marca la diferencia con las miles de hectáreas donde añosos algarrobos fueron arrancados para que un inversor sólo tenga que pasar por ventanilla a retirar los billetes que ofrenda el monocultivo de turno.

TRES ISLETAS
Vuela una reflexión por el aire: «No estamos en contra de los empresarios, pero no queremos que avance su modelo a costa de ser expulsados de nuestras tierras». Santiago del Estero quedó atrás. El pueblo de Tres Isletas, en Chaco, es la nueva posta. En un galpón está reunida la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH), colectivo nacido en los 80, y compuesto por 750 familias.

Las palabras fluyen. Mujeres y hombres narran sus batallas diarias contra el modelo industrial sojero, algodonero, arrocero; el desmonte y los desalojos –padecieron 3 durante diciembre de 2011–; la desertificación de la tierra y la contaminación del agua, producto del excesivo uso de agroquímicos. Resumen: «Luchamos por la dignidad campesina».

Tras un masivo empacho con cabrito, Clara Arguello aprovecha la sobremesa para compartir sus experiencias. La mujer nació, se crió, fue madre y quiere morir en el campo. Es del departamento Bermejo, de esa zona del Chaco atravesada por la historia del extinto ingenio Las Palmas. Allí comparte 700 hectáreas con una veintena de familias organizadas en la UNPEPROCH. «No tenemos título. Pero nacimos, vivimos y producimos ahí ¡Es nuestro!» Entender de qué se trata el avance de la frontera agropecuaria es uno de los objetivos de este recorrido.

Para comenzar, Arguello se pregunta «a costo de qué y de quién» está planteado el actual modelo agrario. Toma aire, enfoca su mirada en los ojos del cronista y lanza: «Sabemos que tenemos que dar de comer al otro mundo pero que eso no signifique la expulsión de la gente del campo». Aclara que no está «en contra del otro modelo» sino que pide mantener su «libertad, independencia y soberanía». Es decir: «Vivir en el campo».

MODELOS
Un ejemplo sobre las dos miradas en tensión: en General De Vedia, departamento de Bermejo, avanza el desarrollo de un nuevo complejo de carne porcina. El gobierno de Jorge Capitanich apoya la iniciativa y la señala como «modelo» para el país. El empresario Oscar Korovaichuk concentra todo el proceso productivo: campos para forraje, unidades para producir alimento balanceado, cabañas para el ganado, planta de faenamiento y frigorífico. Una central productora de biodiesel para abastecer de energía la fábrica, completa el cuadro. La empresa proyecta alcanzar una capacidad de faena de hasta 120 mil kilos semanales.

Este caso encuadra con el planteo del Ejecutivo nacional: generar valor agregado en origen, industrializar la ruralidad. Arguello reconoce que el frigorífico es parte del «desarrollo» pero entiende que así planteado «significa expulsión». «¿Van a crear fuentes de trabajo? Claro. 130 nuevos puestos, según el gobierno, pero a modo de asalariados. No se contempla a la masa popular de productores integrada a este tipo de proyectos. Y mientras apoyan a estas empresas, en la misma zona expulsan campesinos».

Por el margen oeste, una laguna abraza la ruta 28. A 45 kilómetros de Las Lomitas (centro de Formosa), el bañado La Estrella irrumpe con soberbia. La caricia en los ojos del cronista es dolor en la piel de miles de familias rurales. El emplazamiento de esta autovía, sobre la que todavía operan las máquinas de construcción, trastocó las costumbres de los productores criollos.

El sistema del bañado consistía en el desborde del río Pilcomayo en enero y la inundación de unas 400.000 hectáreas hasta agosto. El agua se concentraba y luego escurría. Esto ya no ocurre. El camino, convertido en represa –la ruta llega a tener hasta 5 metros de altura–, parió una gran pileta de 10.000 hectáreas. Y un lodazal de 1 metro de altura. El nuevo ecosistema genera lesiones en las pezuñas de los animales, sumado a la aparición de pirañas que hieren las ubres de las vacas, con las consecuencias que eso supone. Reducción de los rodeos y traslado forzoso de éstos, en el mejor de los casos, son los mal llamados «efectos colaterales» de la obra vial.

Mientras este nuevo paisaje «ha empobrecido a muchos productores» locales, inversores de la región pampeana, que «aprovechan el excedente de la soja», se instalaron en las zonas productivas sin mayores trabas burocráticas, cuenta Ramón Verón, presidente de la APROBAE (Asociación de Productores del bañado La Estrella). «Accedieron a la tierra muy fácil», se embronca. En paralelo, las familias criollas están ilegales en sus inundadas tierras.

A pesar de que en su mayoría son descendientes de colonos que llegaron a Formosa a principios del siglo XX, estos productores no poseen título de propiedad. Y la Ley provincial 1.471, de 2005, vino a coronar la de por sí conflictiva situación catastral: todo el bañado fue declarado territorio de dominio público. Desde APROBAE estiman que alrededor del 90% del territorio por donde cruza el bañado no está regularizado.

Para torcer este panorama, reclaman: regularización dominial para las familias criollas, canalización y limpieza del bañado, y políticas para los productores criollos. Jorgelina Córdoba, de Palma Mota, remata: «No nos oponemos a las obras. Pedimos que respeten a las familias de acá. Presentamos alternativas y el Gobierno (de Gildo Insfrán) nunca nos escuchó».

Así como están las cosas, «no queda otra que seguir luchando», sostiene Clara Arguello, desde la sede de la UNPEPROCH. A 400 kilómetros, en Pozo Herrera, Ignacio Avellanal piensa que los que sostienen el sistema agroexportador «siempre van un paso adelante». Pero las organizaciones rurales de base están ahí, «machacando todo el tiempo». «¡Y no vamos a dar un paso atrás!», dicen.