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Comunicado de repudio ante la represión en Libertador General San Martín

En este comunicado, la Red de Investigadores sobre Política Indígena y Genocidio, señala en relación a los hechos de Jujuy que es imperativo “que en lugar de “soluciones” rápidas y superficiales, esta vez se inicie un proceso de reflexión para la real transformación de las estructuras que producen, cíclicamente, estos episodios que nos duelen y nos avergüenzan”.

Comunicado de repudio ante la represión en Libertador General San Martín

El jueves 28 de julio en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín fueron asesinados Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan Velázquez, de 17, 21 y 37 años de edad respectivamente.

Junto a quinientas familias ocupaban quince hectáreas que se encuentran dentro del predio que posee el ingenio Ledesma en esa localidad.

La familia Blaquier, dueña de esa empresa y de más de 100.000 hectáreas en ese Departamento, se negó a acceder al pedido de tierras. El ingenio controla casi la totalidad de la propiedad de la tierra en la zona.

En la madrugada del jueves último la policía provincial, junto con la guardia de “seguridad” privada de la empresa Ledesma, reprimieron a las familias que se encontraban en el lugar, ocasionando terror, muertes y heridos.
La Red de Investigadores sobre Política Indígena y Genocidio se solidariza con los familiares de las víctimas y con las personas reprimidas.

Repudiamos la represión y violencia ejercida desde el Estado local en coordinación y connivencia con los sectores privados y en contra de agrupaciones que sólo reclaman sus derechos básicos y elementales.

Esperamos una reacción rápida y enérgica que juzgue a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.

Esperamos también que el Gobierno Nacional sea un real garante que otorgue condiciones para que estos crímenes no se repitan y que promueva una redistribución equitativa de la tenencia de la tierra.

La impunidad habilita a nuevos crímenes. Otra vez, como en el asesinato del Qom Roberto López y la represión de las familias de Colonia La Primavera en la provincia de Formosa, la policía local actuó en connivencia con los sectores privados con intereses en la propiedad de la tierra. Allí, aún hoy están siendo amenazados.

Creemos que es necesario y urgente, generar y aplicar herramientas que modifiquen el actual modelo de concentración de la propiedad de la tierra y agro-industrial que se impone en el país.

Este modelo de desarrollo de “campo sin gente” que promueve el monocultivo, la extracción de minerales a cielo abierto, y la extracción petrolera indiscriminada, trae consecuencias dramáticas para los sectores desposeídos, principalmente pequeños campesinos y comunidades indígenas.

Por lo tanto, exigimos que en lugar de “soluciones” rápidas y superficiales, esta vez se inicie un proceso de reflexión para la real transformación de las estructuras que producen, cíclicamente, estos episodios que nos duelen y nos avergüenzan.

Red de Investigadores sobre Política Indígena y Genocidio.

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