Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
“’Te sorprendés de la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja’, dijo el ministro de Agricultura de la Nación en un programa radial, en Esquel. Norberto Yahuar comunicó después que lo malinterpretaron (…) Mejoró el tono, pero no la mentira, parte de la campaña oficial para deslegitimar reclamos como los de los qom”.
Es fácil reconocer a la gente de los pueblos originarios argentinos: andan en 4×4, compran departamentos por docena, retienen cereal en silos ocultos para que aumente el precio y los fines de semana comen con los Grobocopatel.
Pero no es fácil lograr todo eso.
Para empezar, hay que hacerlo en una zona que no sea escenario de algunos de los 386 conflictos por tenencia de tierras y medioambientales que se registran sólo en la región chaqueña (12 provincias, incluida Córdoba).
Conviene no estar entre las 1.580.580 personas afectadas por esos conflictos, según el informe 2013 de la Red Forestal Chaco-Argentina (Redaf, con uno de los pocos observatorios sobre tierras que existen en el país). De esas personas, la mayoría (54 por ciento) son aborígenes.
Tampoco se puede progresar si se vive en alguna de las 11.824.660 hectáreas involucradas en esa lucha.
No ganarán dinero si tienen problemas con la titulación de la tierra, como le sucede al 96 por ciento de esas familias. Y ni sueñen con hacerlo si son parte del cuatro por ciento restante, que no tiene ni tierras para pelear.
Además, chau golf con Grobocopatel si pertenecen al 77 por ciento de esos aborígenes o campesinos que, además de no contar con los títulos de propiedad, ven usurpados sus territorios.
Y van a tener que esforzarse mucho si forman parte del 57 por ciento de las familias en conflicto que poseen, en promedio, menos de 100 hectáreas.
Por último, si quieren disfrutar el dinero, no convendría que estén entre las 666.364 personas afectadas por contaminación, de las cuales 461.828 sufren las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos que sustentan el modelo.
Tomate tu tiempo. “Te sorprendés de la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja”, dijo el ministro de Agricultura de la Nación en un programa radial, en Esquel.
Norberto Yahuar comunicó después que lo malinterpretaron: “Lo que verdaderamente expresé es que con las políticas activas desde el Estado nacional, hemos dado a los pueblos originarios y a las economías familiares la posibilidad de incorporarse al sistema económico y con ello poder producir cultivos de alto precio, valor agregado y rentabilidad, como la soja”.
Mejoró el tono, pero no la mentira, parte de la campaña oficial para deslegitimar reclamos como los de los qom.
En noviembre próximo vencerá la prórroga de cuatro años que se concedió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai, organismo estatal descentralizado) para relevar la situación dominial de las tierras, en virtud de la ley 26.160, de 2006. Esto debería servir para llevar a la práctica los derechos que consagra la reforma constitucional de 1994.
Pero, según el último informe de la Auditoría General de la Nación, el Programa de Relevamiento Territorial “ha logrado un escaso nivel de ejecución”.
Respecto del presupuesto destinado, dice que hay una “situación anómala” en las rendiciones de cuentas de las provincias y que el “auditado” (Inai) “no expone las medidas correctivas” que deberían adoptarse.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) le agrega a eso las “ejecuciones centralizadas y los desalojos impunes”, con el consiguiente “crecimiento de la violencia estatal” (hay ejemplos en www.endepa.org.ar).
Si alguna comunidad aborigen se hace rica en este marco, avisen para pedirles la receta.
