Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
De la tierra el hombre obtiene su sustento. Su uso y dominio son motivo de disputas desde que el mundo es mundo; también lo es el destino y la distribución de lo que produce. En la Argentina se encuentra nuevamente en el tapete cuando se discute la legislación sobre su propiedad en manos de extranjeros. Es oportuno entonces mirar otros aspectos poco mencionados y hacerlo con los ojos de actores de la ruralidad de nuestro país.
Entrevistamos a Roberto Larrea, correntino, ingeniero forestal, que desde hace casi 30 años trabaja en el norte con comunidades campesinas y pueblos originarios. Fue técnico de terreno y director general del Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y preside la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF).
Por Ricardo Murtagh Revista Criterio
–¿Qué es la REDAF?
–La Red Agroforestal Chaco Argentina es una asociación que en 1992 formalizó algo que se venía dando espontáneamente entre instituciones y técnicos que trabajábamos para promover un desarrollo rural sustentable en el Chaco argentino (Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, noroeste de Córdoba y Corrientes y norte de Santa Fe). Su objetivo principal es coordinar y articular las capacidades técnicas de quienes quieran aportar en esta línea: universidades, centros de investigación y ONGs de desarrollo. La coordinación de acciones en distintos niveles procura incidir en las políticas públicas y “empoderar” a la ciudadanía, sobre todo a través de sus organizaciones; nuestro enfoque busca que los actores prioritarios, aunque no únicos, sean los campesinos y los indígenas. Una de las líneas de trabajo es el relevamiento de conflictos territoriales; podría considerarse un eje de denuncia, pero también trabajamos propuestas, por ejemplo, el manejo sustentable del bosque y el fortalecimiento de las organizaciones.
–¿Qué es el relevamiento de los conflictos territoriales?
–Al constatar que los desalojos, los conflictos por el agua o por desmonte eran cada vez más frecuentes, decidimos tomar una “fotografía” con perspectiva regional de estas situaciones para tener una dimensión real del problema y fortalecer así la demanda de las comunidades campesinas y aborígenes. Es decir, que los conflictos dejaran de considerarse casos aislados en tal o cual paraje; intuíamos que respondían a un proceso más general, pero no teníamos los datos que lo confirmaran.
–¿A qué conclusión se llegó?
–Según nuestros datos, la superficie afectada por conflictos a causa de la propiedad de la tierra o de los recursos naturales, sólo en las provincias de la región chaqueña abarcan una superficie de más de 11 millones de hectáreas y afectan a más de un millón y medio de personas, la gran mayoría comunidades campesinas y pueblos originarios. Estas cifras provienen del análisis de 209 casos en tres años de trabajo. Desde el último informe publicado, en octubre de 2010, se han sumado 80 conflictos nuevos. Esto puede señalar el recrudecimiento de la conflictividad en el campo, pero también de la actitud cada vez más decidida de las comunidades para defender sus territorios y hacer visible la disputa. Los conflictos no son nuevos, sin embargo los datos tienen un rasgo común: la mayoría se inicia a fines de los ’90 y principios de 2000, fecha que coincide con el boom de los monocultivos para exportación y la consecuente ampliación de la frontera agropecuaria hacia zonas extrapampeanas.
–¿Existe relación entre esta expansión de la frontera agropecuaria y la permanente innovación tecnológica, especialmente la orientada a la producción agraria?
–Desde la perspectiva ortodoxa de la economía, la relación tierra-capital-trabajo cambió sustancialmente. La biotecnología y el cambio climático, con el consecuente aumento de lluvias en zonas que antes no eran aptas para el cultivo, también hacen lo suyo. Con los pools de siembra una persona que vive en un departamento de la ciudad de Buenos Aires, es el campo. Existe un paquete tecnológico para el que no hacen falta agricultores y sí, en cambio, propietarios que arrienden.
–Sin embargo, los problemas de la tierra no son exclusivos de la región chaqueña.
–No, sin duda. Me refiero al área en la que estoy más involucrado. Para una visión de todo el país, recomiendo el documento publicado por la Conferencia episcopal argentina en 2006: “Una tierra para todos”. Allí se describen las diversas situaciones del país, recoge muchas de las ideas y propuestas en las que estábamos trabajando, aporta datos y opiniones de gente de las organizaciones que forman parte de la REDAF, como el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). De hecho, la iniciativa pertenece a la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. El relevamiento muestra a comunidades aborígenes (32 de las más de 350 existentes), realizado por el Programa Observatorio de la Deuda Social (UCA), fue coordinado por ENDEPA y participaron 35 promotores de grupos pastorales de las comunidades aborígenes. El aporte principal de este documento es que refuerza la postura histórica de las comunidades rurales campesinas y aborígenes que considera a la tierra como un bien social, y no como un simple recurso para la explotación. Esa es la visión por la que nosotros también trabajamos: agricultura para la vida, agricultura con agricultores, tierra para el buen vivir… En la medida en que más sectores se sumen a esta idea, y deje de ser sólo una demanda exclusiva de los campesinos e indígenas, podremos ir avanzando en soluciones. Nuestra pelea es contra las visiones de desarrollo únicas, que excluyen a la gran mayoría de la población. Recordemos las palabras de Juan Pablo II en Recife (Brasil, 1997): “La tierra es un don de Dios, don que Él hizo para todos los seres humanos (…) No es lícito por lo tanto, porque no es conforme al designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos, dejando a los otros, la inmensa mayoría, excluidos”.
–¿Cómo se vinculan lo ecológico y lo alimentario?
–Si sólo un 20% de lo que se destina a la investigación y promoción del actual modelo agropecuario se destinara a la agroecología, tendríamos más productores, más alimentos sanos en cantidad y calidad y mejor salud. ¿No sería esto alimentar al mundo?
–Sin embargo, queda la sensación que de todo esto se habla poco.
–El tema está en general invisibilizado y, aunque hay avances, se extraña una visión más integral de la problemática en las políticas públicas. Desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar se está trabajando en el diagnóstico y ahora se ve algo más propositivo, pero parcial, limitado, como la ley de extranjerización. Lamentablemente todavía no se ha podido instalar la cuestión agraria como algo que afecta a toda la sociedad y no sólo a las poblaciones rurales. El problema es que aunque haya buenas intenciones de parte de algunas autoridades, el paradigma del desarrollo extractivista sigue pesando, sobre todo en algunas provincias. Se continúa favoreciendo el beneficio económico a corto plazo sin considerar la sustentabilidad sociocultural y política. Es lo que pasó, por ejemplo, con la ley de bosques nativos (26.331).
–Las políticas que se han anunciado recientemente desde el Ejecutivo, ¿tienen en cuenta las preocupaciones que la REDAF está sosteniendo?
–Que se estén abriendo ventanitas sobre el tema tierra, es un avance. Sí me preocupa cómo está diseñado el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA). Propone un incremento de 10 millones de hectáreas disponibles y un incremento en la producción del 60%, dependiendo de los rubros. Este incremento se sostiene en el aporte de biotecnología, el aumento de la productividad y la expansión de la frontera agrícola. Pero nada se dice del pequeño productor ni del campesino o del aborigen. Esto, claramente, significa dejarlos totalmente de lado. Las comunidades originarias y campesinas son tomadas como sujetos de asistencia social y no económica, en todos los gobiernos.
–¿Cuáles son las cuestiones más importantes que, según su experiencia, se deben considerar en el tema de la tierra?
–Sin duda, no hay una receta para solucionar este problema, ya que en él se juegan muchos temas y hay que considerar distintas dimensiones del conflicto. Es un trabajo de largo plazo, que en mi opinión debiera considerar dos instancias: solución a lo urgente y normativas de largo plazo que den sustentabilidad al uso equitativo de la tierra. Lo primero se podría resumir como una emergencia territorial, es decir, lo que hay que hacer ya mismo para que las comunidades rurales no sigan padeciendo incertidumbre ni violencia. En esto dos medidas concretas son: el freno a los desalojos y la realización de un registro de poseedores que dé cuenta de quiénes son los dueños de los territorios, más allá de que tengan o no los papeles de titularidad. En el avanzar hacia una ley integral de tierras, de presupuestos mínimos, que establezca un ordenamiento territorial. Esto es vital para garantizar a todos los habitantes del país, y también a las generaciones futuras, el acceso y el uso de los bienes naturales, tal como lo establece la Constitución Nacional.
–¿De qué manera se favorece el protagonismo de las organizaciones campesinas y pueblos originarios?
–Tenemos dos estrategias definidas para apoyar a estas organizaciones. Una línea es el trabajo directo a través de los socios de la REDAF; y la otra, la acción política que generamos hacia el Estado nacional y provincial poniendo el foco en la demanda de más y mejores políticas públicas para estos sectores y sus organizaciones. Mediante la articulación de estas organizaciones con grupos de investigación de universidades buscamos sinergizar procesos de investigación-acción que ayuden a ir dando cuenta de que las oportunidades en la región chaqueña no pasan sólo por la explotación de sus recursos –que a la larga es pan para hoy y hambre para mañana–, sino sobre todo por la sustentabilidad en su uso. En este un acento fuerte en potenciar la visibilidad de la región, su gente y estas propuestas hacia el resto de la sociedad. Este objetivo sin duda gana fuerza cuando lo hacemos con perspectiva regional.
