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El modelo productivo actual, basado en soja transgénica, necesita de los agroquímicos para prosperar. Pero médicos de pueblos fumigados, ingenieros y legisladores denuncian distintas irregularidades, al tiempo que plantean posibles soluciones, tales como cultivos orgánicos, la reclasificación de toxicidad del herbicida y la prohibición o restricción de las fumigaciones.
El primer día, el hombre creó la semilla. La regó con glifosato y sembró la polémica. Cosechó tanto éxitos como denuncias. Mientras, la planta seguía creciendo. Hasta que alguien arrojó una bomba mediática y la planta estalló, esparciendo un humo espeso por todo el país. Desde entonces, la semilla de la controversia encuentra constantemente nuevas razones para volver a nacer.
“El modelo productivo del país está basado en agroquímicos: si se prohíben, se acaba el negocio”, sintetiza a la Agencia CTyS el doctor Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET en el Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. Se trata del científico que en 2009 arrojó la “bomba mediática”, al presentar su investigación hecha con embriones de anfibios y pollos en la que demostraba que el agroquímico más utilizado en Argentina, el glifosato, causaba malformaciones.
Sin embargo, el herbicida continúa clasificado como “producto poco peligroso” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y así permanece registrado en el SENASA, la autoridad regulatoria del país. Pero distintos profesionales denuncian su toxicidad, su presencia en alimentos y fumigaciones ilegales, mientras proponen proyectos de ley e impulsan cultivos orgánicos como alternativa al modelo.
Nacidos para destruir
Los herbicidas nacieron en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ser utilizados como bombas químicas para destruir los cultivos alemanes y producir una crisis alimentaria. El primero fue el 2,4-D, también esparcido posteriormente por los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, surgida en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), actualmente se utilizan más de 300 millones de litros, de los cuales más de 200 millones contienen glifosato. El primero de éstos fue desarrollado en 1974 bajo el nombre comercial de Roundup Ready (RR) por John Franz, un científico que trabajaba en la mayor compañía productora de transgénicos del mundo: Monsanto. Gracias a este herbicida, compuesto por glifosato como principio activo y ciertos adyuvantes que aumentan la efectividad del producto, Estados Unidos condecoró a la multinacional con el Premio para el Desarrollo Sustentable en 1996.
“Algunos dicen que el glifosato disminuyó el uso de agroquímicos más peligrosos, pero no es cierto. Se sigue usando endosulfán y paraquat, entre otros, e incluso se combinan”, denuncia Carrasco. Aparte del RR hay otros 214 formulados comerciales basados en glifosato registrados en Argentina, pero la composición exacta no es de público conocimiento porque están protegidos por el secreto comercial de la patente.
Una dosis de problemas
Todo empezó en 1996, cuando el entonces presidente Carlos Menem autorizó la soja transgénica en el país. Según Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, y coordinador de la Red de Médicos de la UNC, mientras al principio los productores usaban dos o tres litros por hectárea, actualmente consumen entre diez y doce para la misma superficie.
“Es un problema de dosis, no solamente del producto en sí. Al eliminar el monte nativo para expandir el monocultivo de soja, la naturaleza responde tratando de encontrar espacios donde puedan crecer distintas especies. Entonces, empiezan a aparecer malezas más resistentes y nuevas plagas, por lo que se necesitan mayores dosis del veneno para combatirlas”, explica Ávila Vázquez.
Para el coordinador de la Red, “la fórmula comercial es más nociva que el glifosato puro, porque tiene aditivos que posibilitan una absorción mas rápida por parte de la planta, pero también por animales y humanos”. Sin embargo, esto no coincide con la clasificación del SENASA, basada en la OMS, que tiene registrado al glifosato como producto de clase III (poco peligroso), y al formulado comercial como clase IV (producto que normalmente no ofrece peligro).
“Desde el sector de la salud cuestionamos absolutamente la clasificación. Lo que pasa es que el directorio del SENASA está constituido por representantes del Ministerio de Agricultura que están en el negocio de las retenciones, de la Mesa de Enlace y de la cámara de productores de agrotóxicos. Entonces, ellos discuten qué van a autorizar en función de sus necesidades productivas”, argumenta Ávila Vázquez.
Según el médico, en Canadá, en cambio, la entidad que regula este tipo de cuestiones depende del Ministerio de Salud. En Europa, en tanto, son los propios campesinos y sectores industriales los que, en muchos casos, eligen no producir transgénicos. Austria es un caso modelo. En 1997, determinó que no quiere transgénicos a través de un plebiscito. Pero, aunque no produce, no tiene prohibido comprar.
En Latinoamérica, los principales países sojeros son Argentina, Brasil y Paraguay. Por otro lado, en Bolivia también se quisieron introducir transgénicos, pero luego de un debate intenso al respecto, el presidente Evo Morales promulgó, en junio de este año, una ley para fomentar el desarrollo agrícola y proteger así las semillas nativas.
En tanto, para el ingeniero químico Horacio Beldoménico, uno de los responsables del informe sobre la toxicidad del glifosato que realizó el año pasado la Universidad Nacional del Litoral (UNL) (http://www.unl.edu.ar/noticias/media/docs/Informe%20Glifosato%20UNL.pdf) a pedido del juzgado de primera instancia del distrito Nº 11 de San Jorge, ciudad de Santa Fe, es importante estudiar en profundidad los efectos del producto usando las variables locales. “Eso determina la gran diferencia que existe con decir apresuradamente que las prácticas agrotécnicas actuales generan efectos adversos en la salud”, indica.
Cultivando alternativas
Carrasco insiste en que el modelo productivo del país basado en la exportación de soja transgénica es el gran eje de la polémica. “El glifosato ya es algo anecdótico. Hoy hay veinte millones de hectáreas de soja transgénica. Dentro de cinco años, se quieren tener veinticinco; y en diez años, treinta. Ese es el verdadero problema”, advierte.
La mayor parte de la producción de soja se exporta. Principalmente, sale procesada como aceite, pellets o granos de soja. Las grandes regiones sojeras del país comprenden las provincias de Córdoba y Santa Fe, seguidas por el norte de la provincia de Buenos Aires, con las localidades de Salto, Rojas, Saladillo y Pergamino.
Según el ingeniero Beldoménico, una ventaja del método utilizado para sembrar soja transgénica, denominado “labranza cero”, es que minimiza el riesgo de pérdida de suelos por erosión, provocado por la remoción de tierras a la que otras técnicas deben recurrir. Sin embargo, Ávila Vázquez señala que, al no arar la tierra se necesita, por un lado, una mayor cantidad de glifosato, y por el otro, una menor cantidad de mano de obra, porque “con un equipo de seis personas se pueden trabajar miles de hectáreas”.
Un referente en experiencias con cultivos orgánicos es el ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, que brinda asesoramiento a grupos de productores cordobeses en el marco del Programa Cambio Rural del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), surgido como un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). En los campos orgánicos que supervisa el ingeniero hay agricultura, ganadería y apicultura. “Es el modelo de la chacra diversificada que había en la zona hasta que la soja arrasara con todo”, asevera. El fertilizante que utilizan es el estiércol de las vacas que crían, y según calcula el ingeniero, con dos bovinos por hectárea, se obtienen ocho mil kilos de estiércol por año.
“Conozco campos de hasta cuatro mil hectáreas que hace más de veinte años no usan agroquímicos”, cuenta Sarmiento, y señala que la agricultura orgánica no tiene mucha difusión a causa de los intereses en juego. “Este tipo de agricultura es muy rentable para los productores, porque las ganancias van para ellos, ya que no dependen de las empresas proveedoras de insumos”, explica. “Además, los cultivos orgánicos tienen un sistema diferenciado de retenciones: mientras para la soja transgénica es de un 35%, para la orgánica es del 10%”.
Fumigaciones ilegales y reutilización de envases
Algunos especialistas denuncian que los problemas con agroquímicos van más allá de las plantaciones de soja y los pueblos cercanos a éstas. “De noche, fumigan las vías del tren con glifosato para desmalezar a menor costo”, indica Carrasco. En la zona oeste del Conurbano bonaerense, por ejemplo, el tema se está debatiendo en municipios como Tres de Febrero y Hurlingham, mientras que en algunos, como Morón e Ituzaingó, la fumigación con agroquímicos ya está prohibida.
Otra irregularidad denunciada por el investigador del CONICET se refiere a las banquinas plantadas con soja. “En la autopista Rosario-Córdoba, he visto las banquinas llenas de soja. Esto es doblemente grave. Primero, porque es terreno fiscal y no piden permiso para plantar soja. Segundo, porque al hacerlo, están fumigando los coches”, revela Carrasco.
Por otro lado, la disposición final de los envases de agroquímicos tampoco está controlada, pese a estar regulada por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Nº 24.051). “La gente me ha llevado a pasear por el campo y he visto envases tirados a los costados que, a veces, la gente reutiliza para cargar agua porque las empresas dicen, con toda impunidad, que son inocuos”, se indigna. El informe de la UNL también se ocupa de este tema, y recomienda profundizar las investigaciones en tecnologías de remediación para el reciclado seguro y sustentable de los envases.
Una cuarta denuncia es acerca de la presencia de agroquímicos en alimentos, que ingresan por el follaje y se distribuyen por toda la planta, posibilitando también su llegada a los animales a través de la ingesta. “En el mercado de abasto de Córdoba, el año pasado, un fiscal tomó muestras al azar en las verduras y encontró altos niveles de endosulfán, un insecticida sumamente tóxico”, señala Ávila Vázquez. “De hecho, la mayoría de los quinteros dice que no consumen la verdura que venden, sino que tienen otra parcela para consumo propio donde no aplican agroquímicos”, asegura.
Medidas judiciales y proyectos de ley
Hasta hace poco más de una década, La Leonesa era como el jardín de la provincia del Chaco. Los productores cultivaban verduras, criaban animales de granja, hacían apicultura y contaban con frutales varios. Pero de repente, todo cambió.
“A fines de los 90, se empezó a instalar una arrocera con la complicidad de funcionarios provinciales y nacionales. A los pequeños productores propietarios de las tierras, los patoteaban y destruían sus máquinas para hacer que se las vendan por pocos pesos. Así, esta arrocera fue agrandando sus fronteras, desalojando a campesinos y comunidades aborígenes”, relata con un dejo de impotencia Analía Otaño, una médica pediatra que trabaja en el área de salud pública del Chaco desde hace casi cuarenta años y es delegada sanitaria de la Nación desde hace veinte.
En 2009, el gobernador Jorge Capitanich encomendó a una comisión provincial a cargo de Otaño realizar un informe que releve los casos de cáncer y malformaciones en los hospitales. Las estadísticas presentadas en junio del año pasado confirmaron lo que la comunidad venía denunciando desde hacia años: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 % (http://www.gmwatch.org/files/Chaco_Government_Report_Spanish.pdf).
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia estableció una medida cautelar para que no se fumigue más, en base al principio precautorio establecido por la Ley General de Ambiente (Nº 25.675), que debe activarse ante cualquier sospecha de daño a la salud pública. “Es el mayor éxito en el ámbito judicial que hemos tenido en el país”, se alegra la médica.
Otras ordenanzas similares obtenidas luego de un proceso judicial se dieron en el barrio de Ituzaingó de Córdoba, gracias a la Ley de Residuos Peligrosos de la Provincia, y en la ciudad santafecina de San Jorge, luego del informe de la UNL. En todos los casos, las normativas implican la prohibición de fumigar y un resarcimiento económico. “Nosotros pedimos que se aplique el Código Penal, pero falta una ley nacional que caracterice a las fumigaciones ilegales como delito”, señala Ávila Vázquez.
“Hay grandes dificultades de que estas leyes se aprueben en el marco nacional, porque este tipo de protecciones tienen competencia en el ámbito local y porque el modelo productivo pretende continuar aumentando la producción de granos, ya que hay un contexto internacional favorable para ello”, explica Silvia Ferreira, asesora de la diputada nacional de Libres del Sur, Cecilia Merchán, quien presentó un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones aéreas y restringir las terrestres.
También Otaño presentó un proyecto de ley, a través del partido oficialista Frente Chaco Merece Más. “Hasta que se dé un cambio de modelo, que va a llevar años porque de él depende una parte importante de la economía del país, proponemos hacer un periodo de transición en el que no se pueda fumigar a determinada distancia y donde cierta cantidad de hectáreas se destine a cultivos agroecológicos”, explica.
Por su parte, el ingeniero Beldoménico apuesta a compatibilizar el modelo con el bienestar de la población. “Es necesario realizar un seguimiento del sistema con mayor rigurosidad, y estudiar cómo afecta el glifosato al ser humano y al ambiente, para seguir apoyando la producción agropecuaria y el desarrollo del país”, sugiere.
Sin embargo, Carrasco se muestra algo pesimista acerca de las medidas propuestas por sus colegas. “Alejar las zonas de pulverización y cambiar la clasificación de toxicidad de los agroquímicos son remedios paliativos. El problema es quién lo hace cumplir. Porque lo que yo he encontrado durante estos meses de caminar por distintos pueblos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, es impunidad”, sentencia. “Yo creo que la solución definitiva es la revisión del modelo. Y si el modelo no es racional, habrá que discutir cómo cambiarlo”, concluye.
