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El funcionario defendió el rol del Estado en la defensa del medio ambiente. Consideró que resulta urgente fortalecer a los organismos públicos que trabajan sobre el territorio nacional. “Cuando hablamos de ambiente hablamos de política, de resolver problemas que tienen intereses concretos que se miden en términos económicos”, dijo.
Fuente: Misiones On Line
Para el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, es central el rol del Estado como articulador de las políticas de preservación del medio ambiente, frente al avance de lo que denominó “la multinacional de la sociedad civil”. Consideró que el camino crítico para mejorar la gestión ambiental no pasa por acumular legislación, sino articular políticas públicas transversales y fortalecer los organismos provinciales de bosques. Como ejemplo, indicó que mientras parte de la opinión pública reclama la inmediata puesta en marcha de la Ley Nacional de Bosques, las provincias no alcanzaron a cumplir el año pasado con metas mucho más modestas que fueron planteadas desde la Nación.
El funcionario disertó ayer (3 de junio) en la segunda de las Jornadas Internacionales de Derecho Ambiental que se llevan adelante en Puerto Iguazú y cuentan con la organización de la Universidad Católica de Santa Fe y el Instituto El Derecho por un Planeta Verde.
Para Bibiloni “sólo con legislación no se mueve la aguja, sin políticas públicas transversales no hay cambio posible por más leyes que saquemos. Una buena legislación es causa necesaria pero no suficiente. Hay que ser realista cuando se legisla”.
Consideró que uno de los puntos pendientes más urgentes pasa por fortalecer los organismos de contralor que actúan directamente en el terreno y puntualizó que “para eso hay que poner más plata en las direcciones de bosques de las provincias, de otro modo les resulta muy difícil actuar y todo lo que se discute en el ámbito legislativo queda como letra muerta”.
En defensa de ese argumento, recordó que como una suerte de modelo a escala de la Ley nacional de bosques, la Nación puso en marcha en febrero del año pasado un sistema de financiamiento de proyectos de conservación y uso sustentable del bosque nativo y para el fortalecimiento de las áreas forestales provinciales.
A través de ese esquema, la Nación destinó el año pasado unos 170 millones de pesos para el financiamiento de proyectos -monto que resulta mucho menor al previsto por la Ley de Bosques que prevé un fondo que alcanzaría los mil millones de pesos para el mismo destino- el caso es que desde las provincias solo llegaron proyectos por menos de 70 millones, de los cuales no todos pudieron ser aprobados y para este año tampoco se espera llegar a la suma estipulada.
Para el funcionario el desafío es generar una “nueva visión de lo ambiental, ver cómo generamos respuestas contundentes a los problemas planteados. Cuando hablamos de ambiente hablamos de política, de resolver problemas que tienen intereses concretos que se miden en términos económicos. No es solo una cuestión idílica de decir: cuidemos el jaguareté. Esto está bien, pero si no miramos lo que hay debajo de eso, el tramado de intereses que impactan en la cuestión ambiental, no vamos a tener nunca un panorama completo. Tenemos que tener claro que hay cuestiones políticas que son centrales, tenemos que ver cuál es la visión ideológica de estas cuestiones y cuáles son las consecuencias socioeconómicas que pudieran tener las decisiones que tomemos en materia ambiental”
En esa nueva visión que reclama, el Estado juega el rol fundamental: “es clave lo público, el estado. Porque el sector privado no va a resolver la cuestión medioambiental, lo más probable es que lo siga agravando, son las empresas las que provocaron la contaminación, la degradación de un bien público en beneficio de sus intereses privados. La tutela de lo público es central, y para eso tiene que estar el Estado”, afirmó.
Del mismo modo que defendió el papel del Estado, criticó la acción perniciosa de lo que calificó como “la multinacional de la sociedad civil”. Denunció que a través de los organismos internacionales de crédito se favorece a estas organizaciones, “cuyos objetivos no son del todo claros”. “Si miramos los créditos del Banco Mundial o del BIB, vamos a encontrar siempre que se requiere un gran gasto en consultorías internacionales, hay que entender que esto es un gran club de amigos, y siguiendo el modelo del consenso de Washington, dicen que como el Estado no es eficiente, que todo lo haga la sociedad civil y dejan el dinero en manos de grandes ONG que actúan globalmente y muchas veces tienen mucha más información que un gobierno provincial. Hay que entender que detrás de la acción de estas sociedades civiles hay intereses económicos e ideológicos, no existen los apolíticos”, indicó.
En clara alusión a las campañas organizadas por Greenpeace, Bibiloni cuestionó la forma de participación ciudadana que se propone desde “algunas ONG”. “Hay campañas de la multinacional de la sociedad civil que piden participación y uno piensan que lo van a invitar a una asamblea en la que uno va a poder hablar, pero no, en este caso participar es interactuar con una máquina, apretar un botón y mandar un mail que lo escribieron ellos. Eso no es participación social, hay una ideología atrás de eso que opera a través de un mecanismo en el que hay una organización que impone un mensaje y un destinatario y la gente solo aprieta un botón”, dijo.
