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“Es una forma de intimidarnos” dice el profesor Aldo Flores al referirse al amenazador aumento y despliegue de fuerzas policiales en Andalgalá, Catamarca, donde los vecinos de la asamblea El Algarrobo impiden y lograron detener por ahora al proyecto minero Agua Rica. También se supo que el proyecto de referéndum para apoyar o rechazar la minería, aprobado por el Concejo Deliberante, fue ahora rechazado por el poder judicial provincial.
Fuente: La Vaca,org
Flores es uno de los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá, donde los asambleístas fueron reprimidos ferozmente el 15 de febrero último, ocasionando la posterior pueblada que derivó en la quema de parte de la intendencia. Ahora la infantería patrulla las calles y los vecinos notan un aumento de presencia policial, semana tras semana.
Flores plantea: “Es una forma de intimidarnos. ¿A qué más pueden venir? ¿Se incrementaron los robos, los asesinatos? Acá no pasa nada de eso, todo el mundo conoce a todos. Que venga la marina, el ejército, lo que sea… No les tenemos miedo”. Mientras en la gobernación aseguran que el personal cumple “tareas comunitarias”, desde El Algarrobo sugieren que las fuerzas se encargan de “vigilar y recolectar información sobre quién piensa bien y quién mal sobre la minera”, dice Aldo. Según un comunicado que circuló vía mail, se han detectado policías preguntando a jóvenes sobre la actividad minera, los incidentes tras la represión, y el referéndum, cuya realización ha sido rechazada por el poder judicial. El reclamo por el injustificado aumento policial y de infantería ya fue denunciado por los vecinos a diputados de Congreso y Nación.
Para recordar
El 15 de febrero vecinos autoconvocados prohibían el paso vehicular a la planta de la empresa minera Agua Rica. Desde la fiscalía de Andalgalá llegó la orden de desalojo, y la policía fue también la protagonista de los hechos que dejaron decenas de personas heridas y contusas, – sin omitir mujeres y niños- y más de 40 detenidos. La reacción espontánea fue una pueblada, que derivó en la quema de parte de la intendencia y la rotura de vidrios de las oficinas de la propietaria de la mina, la canadiense Yamana Gold. Tras los incidentes el gobierno ordenó detener las obras en la planta “hasta que vuelva la paz social”. En el reciente comunicado los vecinos proclaman que no habrá paz social sino hasta que la minera deje el pueblo, y aún más: presentaron una ordenanza para extender la prohibición de la minera en toda la provincia.
Colonia y 25 de Mayo
Mientras tanto, y respetando los caracolescos tiempos burocráticos, los vecinos impulsaban un referéndum que defina la opinión de la comunidad sobre la instalación de la minera en Andalgalá. El 11 de marzo el Concejo Deliberante aprobó el pedido, aunque no lo fechó. Semanas más tarde se supo que la justicia catamarqueña y dejó al plebiscito sin validez, hasta tanto “determinar su constitucionalidad”.
Aldo Flores: “Lo están estirando para más adelante porque saben que si lo largan ahora, pierden. Están trabajando para dar vuelta a la gente y ver si mejoran las condiciones, pero el pueblo está firme en la idea de no querer la minería”. Además, llegado el caso de la votación, los vecinos desconfían del eventual recuento en los comicios. Por eso, algunos insisten en dar vuelta la página del referéndum y apurar con fuerza la ordenanza provincial que prohíba la minería a cielo abierto en todo el territorio.
En esa línea se mueve la reunión del 1° de mayo, en Catamarca, a todas las asambleas ambientales del noroeste argentino. La propuesta es trabajar por una ley nacional de minería que controle los rastreos de las empresas y limite el otorgamiento de licencias. Además, Aldo invita: “Después, en la semana del 25 de mayo, estaremos realizando una serie de actividades con la idea de refundar la Nación, porque estamos tan colonizados como antes”.
La trampa de las mineras
La palabra cae justa con el contexto actual: los vecinos de Andalgalá sienten que el pueblo está sitiado, militarizado. El discurso de la paz social comienza a derretirse. “Es una provocación”, dice Aldo, al tiempo que dispara una sospecha vecinal: que la minera se está filtrando por detrás de la montaña, en camionetas (y para ello no hay seguridad), “pero nosotros no tenemos la logística para comprobarlo y seguirles cada paso”.
En tanto, los asambleístas de El Algarrobo mantienen el corte sobre la ruta y se reúnen en asamblea todos los días. Un modo de compartir esperanzas, incertidumbres y conversar los pasos a seguir. Aldo resume: “Todo lo que venga por la vía legal nos genera desconfianza, pero nuestra firmeza está en la convicción de que el pueblo de Andalgalá no quiere la minería, y eso va más allá de la burocracia. Sabemos que si sale el plebiscito pueden derogarlo dentro de un año, o hacer lo que quieran. Con una ley lo mismo. No creemos en eso. Creemos en la fuerza de la gente, en su consciencia, y vamos a seguir trabajando con el pueblo con la convicción de que queremos vivir y tenemos derecho a elegir esas condiciones”.
