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Solidaridad con el pueblo de Andalgalá
Los dolorosos hechos de violencia ocurridos en la jornada de ayer, tras la represión ordenada contra centenares de vecinas y vecinos de Andalgalá que en el ejercicio de sus derechos constitucionales vienen manifestando su oposición a la explotación de Agua Rica, constituye uno de los más graves y lamentables episodios políticos ocurridos en nuestra provincia en os últimos tiempos.
Comunicado de Be.Pe.
Más allá de la salvaje e incontrolada represión ordenada, con su secuela de más de cincuenta detenidas y detenidos, y varias decenas de hospitalizados, los acontecimientos ponen de manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en torno al territorio y los bienes ambientales: la criminalización, represión y judicialización de la protesta social.
El aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vean allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del ‘desarrollo’ y la ‘generación de empleo’, el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de su tierra y sus fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos y de una virulencia creciente.
En el caso de la resistencia andalgalense al emprendimiento minero de Agua Rica, ha habido una espiral de violencia irresponsablemente desatada desde altas esferas del gobierno provincial, con acciones coordinadas y planificadas entre el ejecutivo provincial, el poder judicial y el gobierno municipal para desactivar la resistencia popular literalmente a ‘cualquier costo’. La trágica jornada de ayer no es un episodio aislado ni espontáneo: forma parte de una cadena de acontecimientos cuya máxima responsabilidad reposa sobre el Poder Ejecutivo provincial. Cabe recordar los principales hitos de esa espiral de violencia azuzada desde el poder:
– la reunión mantenida entre el ministro de gobierno, Javier Silva, con el director provincial de minería, José Luis Molina y las autoridades del municipio de Andalgalá en la jornada del 05 de febrero próximo pasado en la que se incriminaba al accionar de las asambleas de vecinos de la paralización de las obras en Agua Rica, desconsiderando no sólo la oposición vecinal sino también el hecho de que la empresa no ha completado aún con la reformulación del Estudio de Impacto Ambiental requerido por la propia secretaría de minería de la provincia hasta la fecha, por lo que el inicio de la explotación configuraría un acto manifiestamente ilegal.
– Los contactos mantenidos entre el ministro Silva y el director de minería Molina con el juez de control de garantías (sic) Rodolfo Cecenarro y la fiscal Marta Nieva, para activar la arremetida judicial emprendida en los días posteriores, con la confección de la orden judicial de desalojo del camino comunal y la imputación de cuatro integrantes de la Asamblea El Algarrobo.
– El desconsideración política tanto de las masivas manifestaciones realizadas durante las semanas previas, con la participación de miles de vecinas y vecinos reclamando el cierre definitivo de Agua Rica, como de la medida institucional promovida por tres concejales de los mismos partidos gobernantes, de solicitar la convocatoria a un plebiscito sobre Agua Rica, como forma de descomprimir el descontento social creciente.
– La obstrucción del acceso a la Justicia de las y los asambleístas, no sólo por la desconsideración de hecho del amparo ambiental presentado solicitando la suspensión definitiva de la explotación de Agua Rica, sino también por la reticencia y/o la negativa a recibir las denuncias relativas a amenazas, atropellos y uso abusivo de la fuerza que sufrieron antes y durante los episodios desencadenados el 15 de febrero próximo pasado.
– Las irresponsables declaraciones del intendente de Andalgalá José Perea, quien por la radio FM “Z” declaró “que si es necesario matará a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica”, previo a la realización de la histórica marcha del 11 de febrero, que congregó a más de 5.000 manifestantes.
En el marco de ese contexto, los episodios del día 15 constituyen la expresión del hartazgo popular ante el sistemático ejercicio de la violencia institucional; quebrados los límites de la tolerancia, la brutal represión policial alimentó una escalada de reacciones que terminó en el desborde total de la situación, con un pueblo entero en las calles y una situación caótica que podría haber dejado saldos aún más dolorosos. Por cierto, ni propiciamos ni acordamos bajo ningún respecto el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores.
Por el contrario, lamentamos y condenamos el uso de la violencia, pero señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables y adherimos al reclamo social de exigir la renuncia de los mismos. Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del estado para ‘brindar ‘protección y seguridad jurídica’ a las empresas, aquellas de grandes capitales transnacionales, aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias poblaciones.
Expresamos nuestro apoyo y solidaridad para con el pueblo de Andalgalá. Saludamos su lucha como una legítima defensa no ya sólo de su territorio y las fuentes naturales de vida, sino la de los derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos. Reclamamos que se escuche y se respete, en particular, la terminante negativa del pueblo de Andalgalá a la explotación de Agua Rica, y exigimos, para todo proyecto de explotación a gran escala, la consulta y el consentimiento previo e informado de la población, tal como lo requiere la Ley General del Ambiente de la Nación (Ley 25.675).
Convocamos la población en general a adherir y sumar nuestros esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.
Asociación Civil Be.Pe.
