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Que haya menos hectáreas desmontadas que el año anterior en el chaco cordobés, más precisamente la mitad, es un dato alentador. Sin embargo, oculta que “entre 2011 y 2012 se liquidaron 10 mil hectáreas pretendidas por el agronegocio y que ya queda poco para sacar”, apunta el biólogo Fernando Barri.
Por Leonardo Rossi Fuente: Marcha
La buena noticia puede patear hacia adelante, una vez más, la discusión de fondo: el futuro del bosque. Que haya menos hectáreas desmontadas que el año anterior en el chaco cordobés, más precisamente la mitad, es un dato alentador.
Sin embargo, la cifra de 3.823 hectáreas perdidas en 2013 -pequeña si se observan temporadas previas- oculta que “entre 2011 y 2012 se terminaron de liquidar 10.000 hectáreas pretendidas por el agronegocio y que ya queda poco para sacar”, apunta el biólogo especialista en bosque nativo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, Fernando Barri.En un contexto en el que el gobierno promete planes de reforestación y hace gala de su Policía Ambiental por su lucha contra el desmonte, este investigador denuncia que José Manuel de la Sota “juega con el desconocimiento que hay sobre estos temas”.
Un nuevo informe anual de la ONG Guyra Paraguay reporta que la región chaqueña argentina perdió el año pasado 222.475 hectáreas de monte nativo. Córdoba vio desaparecer cerca de 4.000 hectáreas. Cifra que parece menor si se la compara con las más de 84.000 hectáreas que en el mismo período fueron topadas en Santiago del Estero. No obstante, vale la pena ir al pasado reciente y recordar que sólo en cinco años, entre 2006 y 2011, en Córdoba se arrancaron casi 70.000 hectáreas de especies nativas, según datos del gobierno nacional.
Por otro lado, los números de 2013 son alentadores: se deforestó la mitad que en 2012. Cerca de 7.961 hectáreas dejaron paso a la soja, el maíz o la ganadería.
Pero cabe preguntarnos ¿fue la política pública, la conciencia de los productores o qué, el verdadero motivo que derivó en esta caída del desmonte? La merma puede tener dos factores, según menciona Barri, por un lado “hay menos áreas para desmontar”, y las regiones que quedan ya no son tan interesantes para los impulsores del agronegocio. “Quedan zonas marginales, sin acuíferos”, ejemplifica. Por otra parte, “existe una gran presión social”, que puso el foco en diversos conflictos ambientales: fumigaciones, crisis hídrica, y la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas como tema principal, en la que la protección del monte originario también estuvo presente.
La ley del desmonte
El Gobierno de José Manuel de la Sota dio variados giros en torno a esta temática. Una de las acciones sorpresivas tuvo lugar el 16 de agosto de 2013. En el Boletín Oficial aparecía publicado el decreto 1.131 del 4 de octubre del año anterior. Con diez meses de demora, el gobernador hizo aplicable esa nueva regulación, que en su artículo 2° difiere la aplicación del concepto de “aprovechamiento sustentable” del artículo 6° de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de 2010. Ese ambiguo concepto de “aprovechamiento sustentable” daba licencia para que, por ejemplo, avance la ganadería en cualquier área boscosa. Por ese motivo, el gobierno nacional nunca liberó los fondos federales correspondientes a la aplicación de la ley nacional de bosques correspondientes al territorio cordobés. Con este cambio, De la Sota buscó que el gobierno de Cristina Fernández revisara esa decisión.
El ordenamiento provincial nunca se ajustó a la ley nacional, que en su artículo 9º especifica que los bosques ubicados en las denominadas zonas rojas son “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”. Con su ordenamiento territorial, Córdoba avaló que en esas reservas de monte avancen las topadoras, que ya podían hacerlo en zonas amarillas y verdes, de menor valor de conservación.
Estas maniobras del gobernador “son un mamarracho”, dice Barri. Y explica: “El ordenamiento territorial se hizo para terminar de desmontar la Provincia, y en eso avanzaron durante estos años. Luego (De la Sota) hace ese decreto, desprolijo, ya que no puede anular de esa manera una ley anterior. Y además observamos que antes de esa medida, aparecen picos de desmonte. Queda claro que hay connivencia entre funcionarios y productores”.
De anuncios se vive
Con retórica ambientalista, el gobernador anunció dos veces durante el año pasado un plan de reforestación de 80.000 hectáreas de bosque nativo, que sería enviado a la Legislatura. La primera vez, al iniciar las sesiones legislativas, dijo que lo haría en dos años. Luego, el 5 de junio, Día del Ambiente, se corrigió: el plan se proyectaba en cinco años. A la fecha, no hay nada tangible de aquellas arboladas palabras.
Respecto de esto Barri es contundente: “Son bombas de humo. Juega con el desconocimiento que hay sobre estos temas”. Para llevar adelante algo que asemeje a lo que el gobernador planteó “se necesitan como mínimo miles de personas trabajando y un vivero para producir especies nativas a esa escala”. “La Provincia no tiene nada de eso”, aclara, por si hiciera falta. Y agrega: “Una restauración ecológica de ese tipo es sumamente costosa, y muy pocos países tiene hoy capacidad de hacerlo”.
Una fuerza débil
Mientras de esas promesas no hay novedades, el gobierno hace gala de su Policía Ambiental. El 2 y el 8 de marzo difundió en su sitio oficial de prensa operativos en los que se detectaron desmontes en Jovita, departamento General Roca, y en El Tabaquillo, Cruz del Eje. La deforestación encontrada por la fuerza dependiente del Ministerio de Ambiente fue de 2 y 20 hectáreas, respectivamente.
Para Barri, estos operativos no son más que “maquillaje verde”. “La Policía Ambiental (creada en 2012) está integrada por los mismos inspectores que había antes, unas cinco o seis personas. Hay poca gente y sin capacitación”. “Cuando vea cientos de camionetas e inspectores recorriendo la provincia voy a creer en esa dependencia”, lanza con conocimiento de la materia. Y desafía: “Que muestren todas las infracciones que han labrado estos años y los montos de las multas. Eso sería una verdadera política pública”.
