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Manda la Impunidad, Pese a Fallo de Corte Suprema siguen Desmontes en Tartagal

Integrantes de la comunidad wichi de Tartagal realizaron un piquete como forma de protesta por la continuidad de la tala de bosques. Funcionarios de la Secretaría de Política Ambiental debieron salir a notificar a los responsables de la prohibición legal de continuar con los desmontes dispuesta por la Corte Suprema de la Nación. Gendarmes realizaron varios secuestros de madera.

Diario Primera Fuente

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspender en forma provisoria la tala de bosques en Salta, integrantes del pueblo originario wichi denunciaron que el desmonte en la castigada ciudad de Tartagal no tiene freno.

Como forma de protesta ante esta situación, integrantes de las comunidad autóctona Hoktek T’oi realizaron el viernes un corte sobre el kilómetro 16 de la ruta 86, en el departamento San Martín al este de Tartagal.

Junto a las denuncias mencionadas, los indígenas reclaman que de una vez la Secretaría de Política Ambiental de esa provincia haga cumplir la orden de suspensión de la deforestación y la tala dictada en marzo pasado por el máximo órgano judicial del país.

En declaraciones al Nuevo Diario, el cacique Florentino Pérez aseguró que gracias a las medidas de fuerza, personal de Gendarmería realizó secuestros de madera a la vez que lograron contactarse en forma personal con funcionarios de la Secretaría de Política Ambiental.

En tanto, una comisión oficial se dedicó a inspeccionar explotaciones forestales de la zona para notificar a formalmente a los responsable de la orden de suspensión de desmontes y tala en este departamento y en Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Por su parte, la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, explicó a Nuevo Diario que todavía quedan responsables de aprovechamientos forestales que no han sido notificados formalmente de la orden de la Corte Suprema.

“Sobre la ruta 86 hay 35 certificados de aprovechamiento forestal y todavía no han terminado de notificar a todos”, informó ante la consulta.

Detalló que de las 35 explotaciones, tres son de empresas y el resto, de comunidades aborígenes. Dijo que la demora en las notificaciones se debe a las dificultades para acceder hasta algunos de estos lugares donde se talan los árboles.

La funcionaria destacó que el viernes último estuvo en Tartagal, habló con los caciques y les informó que “no pueden sacar más madera”.

En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia mantuvo por 90 días más la suspensión de la tala de bosques en la provincia de Salta y ordenó al gobierno provincial a realizar un estudio de «impacto ambiental acumulado», como paso previo a seguir autorizando los desmontes.

La medida alcanza a un millón de hectáreas pertenecientes a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, y a las áreas que recibieron permisos después de esa fecha.

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