Volver a la Tierra

El pueblo mapuche lleva adelante una política de reivindicación tan silenciada como histórica. Sujeto a la ley, comenzó a recuperar territorio ancestral. En la última década, los mapuches recuperaron más de 230 mil hectáreas. Al conmemorarse el 12 de octubre, los casos, los testimonios y las batallas de las comunidades.

Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.

Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.

“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”, explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar.

El Consejo Asesor Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas.

El presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario.

El CAI es una de las organizaciones referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la posterior restitución.

Luego de diez años de insistir por vía administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997 una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó Chacho Liempe, del CAI.

Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos, funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros, campesinos o pequeños productores.

Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000 hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso.

Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.

Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire definitivamente.

El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente (incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los ocupantes tradicionales.

La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región. Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos de desalojos y criminalización, lleva recuperadas 73 mil hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350 kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias, transferida al Ejército.

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco inmobiliario”, donde había entrega de tierras a “amigos del poder”. Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral.

“El concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones. Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”, advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.

Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado. “Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios”, señalaron once comunidades mapuches.

En base a la Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado”.

Insólitas acusaciones de la Sociedad Rural contra los mapuches: “Tienen apoyo de FARC y ETA”

“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.” Fue la inverosímil y aplaudida acusación del empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), referente de la Sociedad Rural, el viernes 4 de septiembre, ante un auditorio de estancieros, empresarios y familias tradicionales. Una semana antes, cien policías habían reprimido ferozmente a la comunidad mapuche Currumil–Quillén, quemado sus rucas (casas) y destruido sus herramientas. El “crimen” de la comunidad había sido recuperar un campo de invernada. La Sociedad Rural, insatisfecha por lo que entendió un endeble accionar policial, exigió una reacción más enérgica. En la misma sintonía, tres reconocidos abogados de Buenos Aires pidieron a la Justicia de Neuquén que accione contra el pueblo mapuche, que leyó el pedido como la antesala de “represión y mano dura”. Los letrados cuentan con un currículum acorde: defensor de represores de la dictadura, planificador del desguace del Estado durante el menemismo y ministro de Justicia durante la Masacre de Puente Pueyrredón.

Las relaciones entre el pueblo mapuche y las corporaciones empresarias nunca fueron buenas. Y el último año tuvieron una escalada. Las comunidades indígenas de Neuquén comprobaron que sus tradicionales campos de veranada habían sido alambrados por estancieros y alertaron que el gobierno provincial, mediante la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), había avanzado con monocultivo de pino sobre territorio indígena.

En ese contexto, la Confederación Mapuche explicó en un comunicado que las recuperaciones son “actos de estricta justicia” en el marco de décadas de ser testigos pasivos y donde padecieron robos de tierras ancestrales. “Un sector privilegiado de la región y ligado al poder político se apropió de tierras, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia”, denunció la organización.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la provincia desde hace 47 años (1962), donde siempre tuvo como protagonismo el clan Sapag. El MPN es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales, todas industrias que chocan de lleno con el desarrollo de pueblos indígenas.

“Son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del pueblo mapuche. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos”, denuncia una carta de la Confederación Mapuche al relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas, James Anaya, en agosto de 2009.

Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y, por sobre todo, es un referente internacional en jurisprudencia aborigen. Expolio del pueblo mapuche en el Neuquén es el título de su reciente trabajo, donde repasa el accionar político, policial y judicial en la provincia. “Existen evidencias de políticas provinciales sistemáticamente lesivas de los derechos reconocidos a las comunidades indígenas. El acoso se acentúa y el despojo prolifera”, afirmó el catedrático y fue más allá: “El gobernador Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una verdadera retorsión del Derecho. En los antípodas de los reconocimientos constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.

“Se está ignorando la legislación internacional de los derechos humanos en general y el Derecho internacional de los pueblos indígenas en particular. El Movimiento Popular Neuquino y el gobernador de Neuquén encabezan políticas verdaderamente genocidas, respaldadas en diverso modo por la Legislatura y la Justicia de la provincia”, denuncia el reconocido especialista de la ONU. En el gobierno neuquino no respondieron los llamados de este diario para referirse a esas acusaciones.

El 4 de septiembre, la Sociedad Rural convocó a una reunión para trazar una estrategia frente a los pueblos indígenas. “Unidos en la defensa de la Constitución y la soberanía nacional”, rezaba la convocatoria, que también invitaba a concurrir con una bandera argentina y contó con la adhesión de empresas mineras.

“Quienes encabezan este tipo de maniobras (las recuperaciones) son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Carlos Sapag, sin aportar evidencia alguna. En diálogo con Página/12, el jefe de Prensa de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Pablo Thourte, respaldó los dichos de Sapag, aportó como prueba un artículo del diario chileno El Mercurio (reconocido sustento mediático del dictador Augusto Pinochet), denunció que al menos 50 miembros de la tradicional entidad mantienen conflictos con comunidades originarias y complementó con una reciente presentación al el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En esa presentación de 35 carillas se denomina “delincuencia rural” al accionar indígena, se solicita terminar con “la pasividad policial” y pide juzgar a los autores de las recuperaciones. También denuncia que el Estado tiene “renuencia a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima”. No se oficializó quiénes son los denunciantes, pero se confirmó que adhirieron numerosos integrantes de la Sociedad Rural.

Los abogados patrocinantes son Juan Carlos Cassagne (el ideólogo, junto con Roberto Dromi, de las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez Herrera (defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, general retirado y procesado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Sánchez Herrera fue acusado de ser uno de los lobbystas del Ejército que diseñaron la estrategia de los militares al finalizar la dictadura militar) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, denunciado como el ideólogo de la Masacre de Avellaneda, con un centenar de heridos y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki).

La ley escrita
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, aborda la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

Gustavo Macayo vive en Esquel y trabaja junto a comunidades indígenas. “A través de la Constitución y los tratados internacionales, los pueblos originarios cuentan con un marco legal que los protege especialmente. Esas legislaciones, que son producto de la lucha incansable de los pueblos originarios, muchas veces no se aplican de manera efectiva por parte del Estado y del Poder Judicial, que pretende hacer valer, erróneamente, el Código Civil o Penal. Eso motiva que las poblaciones originarias ya no estén esperando acciones del Estado, y estén ejerciendo cada vez más sus derechos en forma directa a través de lo que se ha dado en llamar recuperaciones”.