El 18 de diciembre de 2014 el Gobierno de Salta derogó los decretos 2211/10 y 3136/11, que permitían desmontar en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques, a solo pedido de los dueños de las fincas. A través de ese mecanismo, la provincia había autorizado el desmonte de 130 mil hectáreas de bosques protegidos. El Gobierno anunció que revisará esos permisos.
La violación de la Ley de Bosques en Salta había sido fuertemente cuestionada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos.