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Un empresario quiere apropiarse de 6.000 hectáreas de campo ocupados por esta comunidad. Ariel Carmona, el cacique de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, dijo que si avanza el proyecto sus animales podrían morir de hambre o de sed. Temen ser expulsados del territorio en el que vienen habitando al menos hace 5 generaciones.
Hace 2 meses, en pleno campo de El Encón, en 25 de Mayo, apareció un camión cargado con palos y alambres porque un empresario ganadero quería cerrar un predio de 6.000 hectáreas para preservar el bosque y producir vacunos y caprinos. El problema es que fue en el medio de un territorio que, desde hace al menos 500 años, habitan descendientes de los huarpes. Desde entonces, integrantes de las 2 comunidades de esa etnia, la Salvador Talquenca y la Clara Rosa Guakinchay, hacen guardia las 24 horas para frenar el proyecto. Y, con asesoramiento legal, presentaron un recurso de amparo en la Justicia, para impedir que avance el plan. Por lo pronto, la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas de la provincia dispuso suspender todos los trabajos.
En grupos de 3 ó 4 hombres de los mismos puestos de la zona, hacen turnos de 2 ó 3 días, para evitar que los trabajadores de Mario De los Ríos, el empresario que incluso posee un título de propiedad sobre las tierras, continúen alambrando el campo que los descendientes de los huarpes recorren diariamente con sus animales, ya sea para las zonas de pasturas o las aguadas.
Ariel Carmona, el cacique de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, vocero de su gente, dijo que si avanza el proyecto de De los Ríos, temen que los animales, en su mayoría caprinos, queden a uno u otro lado del alambrado, mueran de hambre o de sed. Además, dijo que tienen miedo de que ellos mismos sean expulsados del territorio en el que vienen habitando desde la época de sus ancestros, al menos hace 5 generaciones. Incluso hay dos familias que quedarían dentro del terreno cerrado, cuyo futuro es incierto.
En juego está una porción de 6.000 hectáreas de campo, que el empresario invoca como propias, de un total de 69.000 hectáreas que forman parte del territorio huarpe que se extiende desde la Ruta Nacional 20, a la altura del km 465, hasta la llamada “Cruz de San Pedro”, a la altura del km 435 de la misma ruta.
Esta comunidad, junto con la Clara Rosa Guakinchay, tienen reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Y en su defensa citan que la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 17, habla de “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y de “reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Para pasar los días y las noches, en los que la temperatura desciende sensiblemente, los hombres que cumplen los turnos arman carpas y encienden fuego con la abundante leña de la zona, principalmente de jume. Por turnos, uno se encarga de cocinar y en el menú figuran los guisos de fideos, sopas con algunas verduras, asado de vacunos y por supuesto de chivo, que abunda en el lugar. Pero lo peor es el tedio a lo largo de tanto tiempo sin actividad. “Las horas no se pasan nunca”, contó el cacique Carmona.
Hasta ahora, la pelea de los descendientes de los huarpes ha tenido resultados parciales. El recurso de amparo para impedir que continúe el alambrado del campo, presentado en el Juzgado de Paz de 25 de Mayo, con el patrocinio de la abogada Andrea López, no fue admitido porque el juez subrogante se declaró incompetente. La causa está ahora en la Justicia Civil, a la espera de que sea designado por sorteo el magistrado que deba intervenir. No obstante, Marcelo Jordán, subsecretario de Conservación y Areas Protegidas de la provincia, dijo que por resolución administrativa dispuso suspender los trabajos hasta tanto se aclare la situación. “El conflicto nos excede”, dijo el funcionario. A pesar de esa prohibición, los puesteros de El Encón dijeron que el jueves se presentó De los Ríos con una cuadrilla de trabajadores y que prosiguió con la colocación del alambrado.
En total, en la zona viven 20 familias de la Comunidad Salvador Talquenca y 14 de la Clara Rosa Guakinchay, que viven principalmente de la crianza y venta de sus animales (ver aparte).
Esta no es la primera vez que los descendientes de los huarpes deben pelear por sus tierras. A fines de 2012, lograron mediante una resolución judicial suspender la ejecución de una sentencia de remate de terrenos pertenecientes a esta población aborigen. En aquel momento, en el medio de una pelea por el cobro de honorarios, el titular del Tercer Juzgado Civil, Luis César Arancibia, reconoció en una sentencia que la comunidad huarpe “ha venido ocupando el inmueble subastado de manera efectiva, actual, pública, pacífica e ininterrumpida desde tiempos inmemorables”.
