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Desde comienzos de junio la Comunidad Misión Wichi Mataco, departamento San Martín, de Salta, mantiene un estado de vigilia para evitar que topadoras de la empresa constructora Víctor Contreras SA continúen las obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras. A pesar de que existe una medida de no innovar sobre estos terrenos, el juez Nelso Aramayo ordenó que siga la construcción del gasoducto por la traza que atraviesa las casas de los wichi.
Fuente: Indymedia
Desde comienzos de este mes la Comunidad Misión Wichi Mataco, que reside cerca de la localidad de General Mosconi, en el norteño departamento San Martín, de Salta, mantiene un estado de vigilia para evitar que topadoras de la empresa constructora Víctor Contreras SA continúen las obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras. A pesar de que existe una medida de no innovar sobre estos terrenos, y de que al lado de la Comunidad hay un campo por donde podría tirarse la cañería, el juez Nelso Aramayo ordenó que siga la construcción del gasoducto por la traza que atraviesa las casas de los wichi.
Así lo informó la religiosa Margarita Filipini, quien reside en la Comunidad desde 1975. La vigilia se mantiene desde el 1 de junio, día en que operarios de la empresa Víctor Contreras y Cía SA ingresaron topadoras a las tierras de la Comunidad e iniciaron los trabajos de limpieza para instalar un ducto para el transporte de gas al sur del país, el que sería el gasoducto Centro-Oeste. En ese cometido arrasaron con el canchón, los adobes y los pozos de donde se sacaba la tierra de la ladrillería que tenían 16 familias de la Comunidad (las que quedaron sin trabajo), también destruyeron alambrados y desmontaron el montecito que proveía leña a toda la Comunidad, integrada por unas 200 familias, unas dos mil personas.
Filipini precisó que la constructora fue contratada por otra empresa (sería Odebrecht) contratista a su vez de la empresa Transportadora del Gas del Norte (TGN), para la que se construiría el gasoducto.
Este es el segundo gasoducto que pasaría por la Comunidad, cuyas tierras ya están atravesadas por nueve caños del gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, estos caños atraviesan el patio de la escuela de la Comunidad. El tendido del segundo gasoducto no fue autorizado por la Comunidad Misión Wichi Mataco, a cuyo nombre está inscripto el catastro 1565, donde se llevan a cabo las obrasl
En marzo de 2009 la constructora pidió pidió permiso a la firma León y Chibán SA, propietaria de 20 mil hectáreas, de las cuales disputa 1100 con la Comunidad Wichi.
Sobre estas 1100 hectáreas (de las cuales 300, donde reside la Comunidad y tiene su escuela, están ubicadas a un lado de la ruta nacional 34 y 900 están del otro lado, al oeste de la ruta) pesa desde 1986 una medida de no innovar, dictada por el Juzgado Civil y Comercial de 1º Nominación de Tartagal, a cargo de la jueza Norma Vargas, a favor de la Comunidad. Esta medida había sido solicitada por la Comunidad ese mismo año, al iniciar un juicio de prescripción adquisitiva de dominio, expediente 3536/86, que sigue en trámite en el mismo Juzgado, pero a cargo del juez de Instrucción Nº 1 de Tartagal, Nelso Aramayo (en calidad de subrogante del Juzgado Civil y Comercial, dado que la jueza Vargas fue recusada por León y Chibán luego de que otorgara la medida de no innovar). Este proceso está listo para dictar sentencia desde hace nueve años, pero el juez Aramayo aún no se expide.
Hasta ahora todas las empresas que realizaron tareas en las tierras comunitarias solicitaron permiso a la Comunidad, incluso en 1985, antes de que fuera inscripta en la Dirección General de Inmuebles.
Sin embargo, esta vez la constructora se valió del permiso otorgado por León y Chibán, que por la medida de no innovar está impedida de decidir sobre las tierras comunitarias, y adujo contar además con la autorización del Instituto Provincial de Pueblos Originarios de Salta (IPPIS), y de caciques, entre ellos Andrés Tolaba e Indalecio Calermo, para iniciar la obra, a pesar de la oposición de los habitantes. Filipini negó que existan permisos del IPPIS, y denunció que el 31 de mayo la empresa “sobornó a dos caciques políticos”, y a otros dirigentes, entre los que distribuyó “98 mil pesos” con el fin de utilizarlos para obstaculizar a los integrantes de la Comunidad Misión Wichi Mataco, si intentaban, como lo hicieron, impedir el ingreso de las maquinarias. Ninguno de esos caciques pertenece a esta Comunidad.
El mismo 1 de junio, cuando ya las maquinarias estaban derribando los árboles y el alambrado, y destruyendo el canchón de la ladrillería, Victorino Lorenzo, autoridad de la Comunidad Misión Wichi Mataco, intentó denunciar el hecho pero la policía de Mosconi no lo atendió, aduciendo que estaban muy ocupados (porque había protestas en la ruta, por otras cuestiones). Ocurre que como las topadoras avanzan muy rápido, se trataba de frenarlas antes de que provocaran más daños. Pero no fue posible.
Recién al día siguiente la Comunidad pudo interponer la denuncia ante el fiscal Penal y Correccional Nº 2 de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. En un primer momento el fiscal mandó hacer un croquis del lugar y ordenó suspender la obra; sin embargo, dos horas después la empresa reinició la actividad.
Y siguió trabajando el 3 de junio, a pesar de que el Juzgado Civil y Comercial de 1º Nominación les recordó, mediante una intimación, que estaba vigente la medida de no innovar. Entonces los wichi decidieron pararla por sus propios medios y, tras expulsar las topadoras y hasta un camión que ya había empezado a transportar los caños para colocarlos, volvieron a levantar sus alambrados e iniciaron una guardia que se mantuvo sin cambios hasta el 24 de junio, día en que el juez Aramayo revocó la suspensión y ordenó continuar la obra.
La Comunidad no se movió de sus puestos de observación porque sus abogados, Juan Carlos Nallín y Carlos Iriarte, apelaron esta decisión y pidieron que se mantuviera la suspensión de la obra. Ahora están a la espera de la resolución de la Justicia, pero temen que llegue una orden de desalojo que incluya una represión. Es que no están teniendo buenas experiencias en el Poder Judicial salteño.
La causa penal por la irrupción en la tierra comunitaria fue archivada por el fiscal Vega, quien consideró que el Juzgado Civil interviniente debería ocuparse de todo. Según Filipini, el fiscal tomó esta decisión luego de que la abogada de Contreras, Celia Nasser, le dijera que no podían parar la obra sin autorización de la contratadota de Buenos Aires, que la empresa había realizado un estudio de impacto ambiental (que, sin embargo, no fue incorporado al expediente penal) y que el catastro 1565 es de propiedad de León y Chibán, “cuando es de público conocimiento que está en litigio”.
La semana pasada el juez Aramayo fue a hacer una inspección ocular en el lugar. Filipini contó que el magistrado dijo entonces que no se veían los rastros de las obras indígenas. “Cómo la va a ver si las tiraron las topadoras. Rompieron las cortadas de ladrillo, les han llenado de ramas del monte que sacaron del camino las fosas de las que sacaban la tierra especial para los ladrillos. Ahora no pueden trabajar en las ladrilleras”, sostuvo.
Además, las topadoras desmontaron un camino de unos 60 metros de ancho, el lugar por donde pasará el gasoducto. Se prevé que el caño recorra unos tres mil metros dentro de tierras comunitarias. La religiosa precisó que este desmonte no se hizo justo donde empieza la parcela de la Comunidad, sino unos metros adentro y “dejaron una franjita de monte que no sirve para nada”.
Filipini destacó que “es la primera vez que hay un atropello tan grande” contra la Comunidad. La religiosa no termina de comprender la última decisión del juez Aramayo: “No podemos creer que la sentencia haya hecho prevalecer los intereses económicos de una empresa por encima de la vida de personas. Nos están encerrando entre dos gasoductos. Que dejen una escuela y toda una población entre dos gasoductos, con peligro de estallar en cualquier momento”.
Juan Carlos Nallín también deploró la decisión de Aramayo. Dado que las tierras comunitarias colindan con una finca de 5 mil hectáreas donde se siembra soja y no tiene habitantes, el abogado señaló que el magistrado bien pudo haber decidido que el ducto pasara por esas tierras en lugar de cruzar una zona habitada. Atribuyó esta decisión a una discriminación por tratarse de indígenas.
En términos similares se pronunció el abogado Carlos Iriarte, que también colabora con la Comunidad: en declaraciones al canal de noticias tartagalense Video Tar, subrayó que solo la Comunidad tiene derecho a autorizar el paso de un gasoducto. “Me atrevería a decir que al justicia en Tartagal es netamente discriminatoria” porque “desde ningún punto de vista se aplica al ley general (las constituciones de Salta y la Nacional y tratados internacionales) para favorecer a una comunidad y se está discriminando de la aplicación de la ley a una comunidad aborigen. Es típicamente discriminatorio”, sostuvo.
Filipini contó que los miembros de la Comunidad están en una situación de precariedad, dado que la mayoría son jornaleros, trabajan en la construcción sobre todo, y la necesidad de cuidar sus tierras les impide trabajar, y a esto se suman las 16 familias que perdieron su emprendimiento ladrillero, todo lo que está provocando que comience a escasear la comida. De todos modos, “la gente no se piensa mover porque no se negocia la vida, ni se negocia la tierra de la gente, no podemos negociarla”, sostuvo la religiosa.
Contactos:
Juan Carlos Nallín – abogado de la Comunidad Misión Wichi Mataco: Estudio en Salta capital: 0387 431 0958 – 431 7502 – Estudio en Buenos Aires: 011 44151240
Carlos Iriarte – abogado que colabora con la Comunidad: 03875 15407462 – 0387 155329460
Victorino Lorenzo – autoridad de la Comunidad Misión Wichi Mataco: 03875 15559375
Margarita Filipini – religiosa misionera residente en la Comunidad: 03875 15592403
