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Se animan, se organizan y ganan espacios. En Paraguay, el liderazgo de las mujeres indígenas crece dentro de sus comunidades y adquiere nuevo protagonismo nacional, por su lucha en pro de los derechos de sus pueblos y contra la discriminación de género.
Estela Maris Álvarez es una de las mujeres que decidieron hacer frente a los obstáculos, los maltratos y las discriminaciones, dentro y fuera de su comunidad. “Para lograr ser respetada como lideresa ahora, sufrí mucho antes”, confesó a IPS.
Álvarez pertenece a la etnia enxet, asentada en el Chaco paraguayo, y vive en la comunidad La Herencia, a unos 340 kilómetros al noreste de la capital, en el occidente del país.
Es una comunidad conformada por seis aldeas, donde residen unas 610 familias y unos 1.800 pobladores, de los cuales 600 son mujeres adultas, buena parte jefas de hogar.
Álvarez, de 40 años, separada y con dos hijos a su cargo, ejerce la medicina natural desde hace 10 años. Es auxiliar de enfermería y atiende cuantos casos de salud se presentan en su entorno.
“No es fácil que una mujer tome decisiones en un pueblo indígena”, resaltó al recordar que en los años en que ya se perfilaba como dirigente no era invitada a las grandes reuniones de los caciques, “pero aún así, yo iba”.
Para la trabajadora social Livia Ruiz, quien realizó investigaciones en las comunidades del bajo Chaco como la de La Herencia, el liderazgo de las mujeres indígenas comenzó a hacerse visible a partir de la mayor presencia en los espacios externos a sus respectivas comunidades.
“Dentro de las comunidades, el liderazgo femenino para realizar acciones que tienen que ver con su pueblo es muy alto, pero los caciques siguen siendo en su gran mayoría varones”, dijo la integrante de la organización no gubernamental Tierraviva, que atiende los derechos indígenas paraguayos, en especial de los pueblos del Chaco.
Incluso el gubernamental Instituto Nacional del Indígena (INDI) restringe a los varones el reconocimiento de liderazgos, denunció Álvarez, “cuando debería ayudar a fortalecer la participación de las mujeres”.
“Cuando las mujeres indígenas reclamamos ante el INDI a favor de nuestros derechos o por problemas concretos que nos afectan, nos responden que no somos caciques y no nos atienden”, explicó.
La realidad que subyace en los pueblos indígenas del Chaco es la existencia de caciques con actitudes muy autoritarias y violentas, destacó Álvarez. “Se creen con el derecho a decidir sobre la vida de la comunidad, por el hecho de ser caciques”, resumió.
Dentro de esa conducta patriarcal, la violencia hacia las mujeres se mantiene como una situación recurrente y aceptada en las comunidades indígenas. “Son prácticas que generan discriminación, que por más que formen parte de la cultura de las comunidades, deben ser erradicadas”, subrayó.
Como lideresa comunitaria, su postura no deja dudas. “Los derechos de las mujeres indígenas deben ser defendidos incluso por encima de los intereses de las comunidades”, porque, además, a su juicio es falso que haya que optar entre ellos.
Álvarez recordó el caso del homicidio de dos nativas m’bya guaraní a mediados de octubre, en un asentamiento del norteño departamento de San Pedro, el de mayor índice de pobreza del país. Ambas fueron torturadas hasta la muerte en su comunidad por considerarlas brujas, y a raíz del crimen están detenidos el cacique local y otros tres implicados.
“Las mujeres tenemos que unirnos, porque solamente nosotras vamos a poder luchar para eliminar esas prácticas dentro de nuestras comunidades” y que un caso así no se repita, consideró la dirigente enxet.
Álvarez arrancó con perseverancia el derecho a reunión y organización de las mujeres en su comunidad y la facultad de participar y opinar en las asambleas de La Herencia. Al mismo tiempo, salen de su entorno para intercambiar experiencias y crear redes con mujeres de otros pueblos originarios, con situaciones similares.
La Herencia, como buena parte de las comunidades indígenas paraguayas, vive de la agricultura de subsistencia y del trabajo asalariado en las estancias (fincas) de la región, donde los hombres obtienen unos 100 dólares mensuales como peones y las mujeres menos de la mitad en el servicio doméstico.
Las mujeres también logran algún ingreso de sus labores de artesanía, además de atender sus hogares y trabajar en la tierra familiar.
En la actualidad, la población indígena en Paraguay alcanza las 108.308 personas, de las que 49,2 por ciento son mujeres. Los habitantes originarios representan en torno a dos por ciento del total nacional, en un país mayoritariamente mestizo y donde el guaraní, lengua ancestral, es de uso generalizado.
EN LA COMUNIDAD MALO, FUERA PEOR
La discriminación que las mujeres soportan dentro de las comunidades indígenas no se alivia fuera de sus territorios ancestrales. Al contrario, se refuerza y amplía cuando conviven con el resto de la sociedad paraguaya.
“Fuera de nuestras comunidades sufrimos el rechazo y la discriminación. El mismo Estado nos discrimina”, denunció Álvarez.
En efecto, el origen étnico determina una de las formas de desigualdad en el país, que se traduce en aspectos esenciales que segregan a los pueblos indígenas, como salud, educación, empleo y vivienda digna, según el informe “Equidad para el desarrollo”, publicado en 2008 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Algunos ejemplos los brinda la Encuesta de Hogares Indígenas 2008. En los hogares de la población originaria, sólo 1,4 por ciento tienen acceso al agua potable, 38,9 por ciento de los indígenas con más de 15 años son analfabetos y sólo cuatro de cada 10 han concluido el segundo año de educación básica.
En el caso de Álvarez, pese a que lleva 11 años como voluntaria en el área de salud comunitaria, su labor no es reconocida por las instituciones gubernamentales del sector. “No es un tópico, las mujeres indígenas sufrimos una doble discriminación, es cotidiano”, afirmó.
“Quiero que nuestra voz sea escuchada, que el Estado y la sociedad nos respeten por lo que somos, que nos den nuestro lugar”, indicó Álvarez, quien integra la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo CPI – Chaco Py, como una de las referencias comunitarias.
Ruiz destacó que las mujeres indígenas se organizan en forma creciente en asociaciones locales o redes, que les permiten mayor protagonismo.
Uno de esos ámbitos es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, que en abril realizó un encuentro nacional de mujeres indígenas. Esa cita funcionó como trampolín para un nuevo reconocimiento y respeto hacia el tejido de asociaciones nacidas para defender sus derechos.
“Las mujeres indígenas todavía están peleando por sobrevivir y sus reclamos apuntan a ello, a los aspectos básicos de subsistencia”, indicó Ruiz, quien reconoció que la lucha por los espacios de igualdad de género es incipiente.
En las actividades que desarrolla dentro de su comunidad, Álvarez trabaja especialmente con las mujeres y los jóvenes y se siente alentada porque “ahora veo los frutos del sacrificio de los últimos seis años”.
Uno de esos frutos es el trato que recibe de los demás miembros de su comunidad, así como el reconocimiento de los derechos femeninos fundamentales. La Herencia, aseguró, ha dado pasos que no son frecuentes en otras aldeas.
“Puedo decir que los hombres nos respetan ahora, pero no fue fácil lograr eso y es muy difícil sostenerlo”, subrayó.
Consideró fundamental que los esfuerzos estén puestos en el acompañamiento y capacitación de las mujeres indígenas, como talleres de planificación familiar y alternativas laborales, para hacer frente a las necesidades que afectan a las comunidades.
Para Álvarez “la esperanza ya llegó”, aunque falte tanto por hacer. “Me siento muy orgullosa cuando veo que las mujeres de mi comunidad ya no sufren lo que sufrí yo”.
