Negocios son los Negocios

En la Cámara de Diputados, sin bastante orientación ni dirección que no sean los intereses del mercado, se inició el debate sobre la futura ley de biocidas. La trascendencia de este instrumento legal pareciera ser que no ha sido suficientemente entendida por nuestros legisladores, sobre todo si consideramos las extraordinarias expansiones de las fronteras agropecuaria y ganadera, que es lo mismo que hablar del notable incremento del uso de agroquímicos.

La actual legislación vigente no es muy buena; no obstante ello, es mejor que las iniciativas que se están manejando y el proyecto cuyos perfiles más importantes comienzan a tomar forma. La ley vigente contempla, en mejor medida aunque insuficientemente, la vigencia de los principios de prevención y de precaución, mientras que la que se pretende sancionar adolece de omisiones y de fallas que afectan ambos postulados, que son los que debieran alimentar la discusión parlamentaria y la redacción de la futura norma.

America Latina y, por añadidura, Argentina y Chaco carecen de una legislación progresista que ante el crecimiento acelerado de las fronteras productivas primarias protejan los valores sociales, sanitarios, ambientales y de biodiversidad, a lo largo de casi todo su amplio territorio. En casi todas las latitudes se priorizan las actividades productivas, la generación de riqueza, el aumento del producto bruto interno de cada país y los resultados positivos de las balanzas internacionales, en un mercado mundial en expansión producto del aumento del consumo. A lo lejos, muy distante de las ponderaciones de la evolución de las macros economías de regiones y de países, figuran los pueblos y los escenarios comunes que significan los ambientes que habitan. Claramente predominan las lógicas, dogmáticas y muy duras, del mercado global y sus componentes locales. Sus reglas imperan, casi sin discusiones o con debates aparentes, que en nada modifican las consecuencias, directas y colaterales, del uso de pesticidas y fertilizantes. En este sentido, Chaco se destaca por su permisividad porque se aplican agroquímicos sin ningún tipo de control dado que la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, que es el organismo encargado de aplicar la ley de biocida, es un espacio absolutamente burocrático, totalmente ineficiente y funcional a la mecánica agrícola, con eje en el uso de un complejo paquete de agrotóxicos, que inevitablemente produjo un formidable impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, con resultados impredecibles, que no han sido diagnosticados, desde el punto de vista científico, porque los gobiernos omitieron realizar los estudios epidemiológicos que habrían puesto al descubierto los daños ya provocado.

Una ley selectiva

La nueva legislación que se pretende sancionar no es plural; por lo tanto, tutelará intereses sectoriales, netamente económicos. Es evidente que no fueron receptadas las diferentes corrientes de pensamientos científicos y no científicos desarrollados sobre este tema. Está ausente la plena participación institucional de los distintos sectores e instituciones y, fundamentalmente, de los habitantes de los distintos territorios que conforman el Chaco. Y esto es vital puesto que cada poblador de cada una de las zonas agropecuarias son y serán aún más damnificados por el uso de los agrotóxicos que se aplican en las chacras. Tampoco han participado orgánicamente los representantes e integrantes de los ministerios a cargo de los servicios primarios de salud, educación y seguridad social, especialmente de hospitales, puestos sanitarios, escuelas y los restantes establecimientos que funcionan a lo largo de la geografía provincial. En definitiva, no se alentó ni se produjo una participación institucional activa y constructiva, que debió implementarse de manera descentralizada, en los puntos estratégicos, a través de encuentros, mesas de trabajos y talleres locales, en donde se expresaran todas las voces.

Es evidente que el proyecto no es la expresión de un verdadero debate interdisciplinario, en el que activamente debieran participar quienes militan y practican los principios y conocimientos de sociología, antropología, geología, hidrología, climatología, expertos en vientos, ecología y  ambientalismo, entre otros conocimientos normatizados. Es más claro aún que predominan en las orientaciones los intereses económicos de la escuela neoliberal, quedando en evidencia que prosperarán los intereses de los laboratorios multinacionales y sus socios locales, seguidos de cámaras empresarias, comerciantes, aplicadores y productores agropecuarios, con el corolario de pobladores fumigados, por lo que seguirán las dosificaciones y aplicaciones descontroladas de agrotóxicos, sin ningún tipo de monitoreo social ni institucional, sin información genuina. Por si faltara algún factor objetivo que anticipa los aspectos altamente negativos de la nueva legislación, basta con señalar las distancias insuficientes que se contemplarán para los distintos tipos de aplicaciones, que serán absolutamente negativas para proteger la salud de los pobladores y el ambiente, destacándose nítidamente la afectación de los cursos de aguas, que serán contaminadas por los plaguicidas por arrastres de partículas sólidas por erosión y escurrimientos por lluvias, de modo que será dudosa la aplicación de la nueva ley para establecer, en el mediano y largo plazo, las inevitables acumulaciones y persistencias de los agrotóxicos en el ambiente y en la biodiversidad.

El proyecto que se baraja se asemeja o se asocia demasiado a la persistente y sistemática política de ocultamiento o manipulación de la información relacionada con los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambiéntales que inevitablemente derivan del uso masivo e indiscriminado de pesticidas y fertilizantes. Es posible que se continúe ocultando tales riesgos y daños, con el argumento de que no fueron científicamente comprobados porque no se realizaron las correspondientes investigaciones epidemiológicas. Este es, justamente, el discurso que esgrimen los beneficiarios del modelo transgénico, defensores desembozados del uso libre de los agrotóxicos, tras el falso slogan de la agricultura sustentable. Parece que peronistas, radicales y algunos socios menores, nuevamente, se pondrán de acuerdo para profundizar el nefasto modelo de agricultura transgénica que comenzó a implementarse en la Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, que apoyaron y apoyan los  conservadores, neoliberales, progresistas y falsos progresistas, hasta los que con cinismos indisimulados utilizan la palabra revolución, cambios, transformaciones y bienestar general. Gran parte de la realidad pasa por los productos transgénicos que benefician a unos pocos, a cambio de planes y subsidios de todo tipo para las grandes mayorías sociales, que fueron excluidas del trabajo y de la dignidad.-

Resistencia, 27 de mayo de 2011