Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
El ‘NO’ a Monsanto por parte del gobierno provincial abre múltiples lecturas. No obstante, la resolución de Ambiente de Córdoba, que rechaza el estudio de impacto ambiental de Monsanto para instalarse en Malvinas Argentinas, se sostiene en datos concretos.
En su informe presentado a las autoridades ambientales, la empresa propuso utilizar “sin mayores especificaciones” una variedad de subproductos de la obtención de semillas de maíz, equivalente a 247.7 toneladas diarias. Ese volumen “corresponderían al equivalente de residuos sólidos urbanos diarios de una población de aproximadamente 250.000 habitantes”, compara el documento de Ambiente. La población Malvinas Argentinas no alcanza los 15.000 ciudadanos.
Por Leonardo Rossi
(Foto: Perfil.com)
El dictamen técnico de Ambiente enumera los aspectos de la actividad que generan impactos ambientales negativos para los que “no se brindaron las respuestas idóneas”: gestión de residuos peligrosos, gestión de residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos.
Mientras que una y otra vez, la compañía insistió en que “allí se realizará una producción segura y responsable, que cumplirá con las normas vigentes y los más altos estándares internacionales en la materia”, Monsanto no pudo cumplir con los requerimientos que sí asegura brindar en otros establecimientos, como los de Rojas y Pergamino, por ejemplo.
“En las matrices de impacto ambiental presentadas (realizadas con diferentes metodologías) no se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, destaca la presentación de la Secretaría de Ambiente. El proyecto de Monsanto no tiene precedentes: 116 silos con capacidad de almacenar 137 toneladas cada uno irrumpirían a 700 metros de un jardín de infantes.
Defender un negocio internacional
La insistencia de la multinacional en este proyecto puede entenderse dentro de un marco global. Soportar procesos judiciales, salir a explicar represiones o no poder debatir públicamente con la ciudadanía son puntos dentro de un proceso de negocios a escala nacional e internacional. La planta de Monsanto en Malvinas Argentinas proyecta un abastecimiento de semillas para 3,5 millones de hectáreas, en línea con los objetivos nacionales de siembra de maíz. Argentina debe incrementar la superficie sembrada en un 56 por ciento, de 3,7 millones de hectáreas en 2010 a 5,7 millones para el año 2020. Esa meta, fijada en el Plan Estratégico Agroalimentario, que impulsa el gobierno nacional, también apunta a que las exportaciones del maíz como materia prima, crezcan de 3.048 millones de dólares a 4.680.
Los objetivos del programa nacional están en marcha. Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, el país aumentó “de casi 3 millones de hectáreas a más de 6 millones entre los ciclos 2003/2004 y 2012/2013, mientras que la producción pasó de 15 millones de toneladas a 32 millones en el mismo lapso”.
La semana pasada, el 6 de febrero más precisamente, el ministro de Agricultura nacional, Carlos Casamiquela, se reunió con distintos actores de la cadena maicera. Entre otras entidades participaron la Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR), en donde intervienen empresas como Monsanto, Syngenta y Pioneer, la Asociación Semilleros Argentinos –también integrada por la multinacional nacida en Saint Louis–, CRA, Coninagro y Federación Agraria, entre otros.
Un comunicado oficial del ministerio dejó algunas conclusiones del encuentro. El director ejecutivo de MAIZAR, Martín Fraguío, llamó a “seguir posicionando a la Argentina a nivel mundial en cada una de las actividades de los eslabones, que en el caso del maíz son cientos de eslabones”. Aunque aún no ocupa la superficie de la soja, el maíz es un commoditie más. Dos terceras partes de su producción se van por los puertos, atados a los mercados internacionales.
