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Cientos de entidades no gubernamentales y movimientos sociales internacionales apuestan a contraponer el éxito de la Cumbre de los Pueblos al fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que estiman previsible. Los activistas reclaman que los derechos indígenas y la equidad de género deben incluirse de pleno en el debate sobre desarrollo sostenible de Río-20.
Ambas citas se celebrarán en junio en Río de Janeiro, la ciudad brasileña que fue sede, dos décadas atrás, de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, considerada un momento de inflexión en la arquitectura del derecho ambiental internacional.
Río+20 atraería a unas 50.000 personas que tomarán parte de reuniones preparatorias y actividades paralelas durante buena parte de junio, y a unos 120 jefes de Estado y de gobierno entre los días 20 y 22 de ese mes, según las previsiones oficiales.
La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes se celebrará entre el 15 y el 23 en el parque Aterro do Flamengo, cerca del centro de Río de Janeiro, con unos 10.000 participantes y como un ámbito independiente de la conferencia oficial.
Representantes de unas 20 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, femeninas, indígenas, campesinas y afrodescendientes se reunieron en la cuarta semana de marzo en Río para coordinar acciones, afinar el discurso de insatisfacción ante Río+20 y hacer los últimos preparativos de la gran movilización de junio.
Uno de los desafíos es incluir los derechos de los pueblos nativos en la concepción del desarrollo sostenible, dijo a Tierramérica el activista Sander Otten, del comité técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) que reúne a grupos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
“Necesitamos exigir el cumplimiento de derechos que, en realidad, significan que los pueblos tengan la posibilidad de incidir en proyectos que se van a llevar a cabo dentro de sus territorios”, dijo Otten.
Durante los días 17 y 18 de junio, un comité global de los pueblos indígenas debatirá los dos factores clave de ese asunto: la presencia e impacto de las industrias extractivas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre medidas que afecten a sus territorios, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Otten admitió que hubo avances en materia de derechos indígenas en los últimos 20 años. Pero, “en la mayoría de los casos, vemos que los gobiernos de los países andinos están apostando a la intensificación del modelo extractivista, la actividad minera, petrolera y los grandes monocultivos”, dijo.
Las organizaciones indígenas de los Andes quieren sumarse a las discusiones sobre economía verde –uno de los pilares de Río+20– y proponer alternativas desde su cosmovisión, el “paradigma del buen vivir”, y una gestión comunitaria de la economía respetando a la “Madre Tierra”, dijo.
“La contribución de los indígenas será seguir promoviendo el buen vivir como alternativa hacia la humanidad y abrir el diálogo con otros paradigmas críticos de la modernidad”, que sigue en búsqueda del crecimiento económico en lugar de “la solidaridad y la reciprocidad”, resaltó Otten.
La CAOI apuesta a una mirada menos economicista para arribar a soluciones reales a la crisis ambiental. “Lo que vemos en la actualidad no es la implementación del modelo de economía verde en los países de Sudamérica”, dijo Otten, sino “justamente lo contrario”.
“Se profundiza el modelo extractivista que bajo ninguna forma puede ser considerado verde. La economía ‘marrón’ está avanzando en estos países”, criticó.
Otten defiende una reforma que grave los combustibles fósiles y ponga fin a los subsidios que recibe ese sector. También se debe incluir en los precios de los derivados de los hidrocarburos los costos sociales y ambientales de su explotación, hasta ahora considerados “externalidades”, propuso.
Sandra Morán, de la Alianza Política del Sector de Mujeres en Guatemala e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, dijo a Tierramérica que la equidad de género debe articularse en la formulación de propuestas alternativas que promuevan la calidad de vida de la población femenina.
“Nosotras jugamos un rol fundamental en la vida, estamos en el centro y reproducimos la vida. Tenemos que recuperar el aporte que las mujeres hemos hecho siempre y acabar con la división sexual del trabajo”, dijo Morán.
Las feministas buscan coordinar acciones con otros movimientos sociales para cristalizar “una alternativa a lo que vivimos, que es la extrema pobreza, la violencia, la militarización, el control y el autoritarismo”, agregó.
La activista no espera el éxito de Río+20, pues en la conferencia se van a firmar decisiones ya tomadas, estimó. En su opinión, “no hay posibilidad de incidir en eso”.
Para ella, la fortaleza de la Cumbre de los Pueblos está en “encontrarnos, potenciar propuestas y generar movimientos que vayan desde nuestras comunidades”.
La desconfianza ante Río+20 parece haber ganado a parte de los legisladores brasileños, que organizan una iniciativa paralela en busca de la atención de los medios y de la opinión pública. Se trata de Río Clima (Rio Climate Challenge, en inglés), que pretende profundizar el debate sobre el cambio climático entre el 14 y el 17 de junio.
“Vamos a hacer una gran simulación de las negociaciones entre los países emisores de carbono y las entidades supranacionales para intentar llegar a un consenso”, dijo a Tierramérica el diputado Alfredo Sirkis, del Partido Verde, que preside una subcomisión especial en la Cámara de los Diputados de Brasil.
El objetivo es sostener una discusión, sobre bases realistas, que permita reunir los elementos de un acuerdo internacional para mantener la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera por debajo de las 450 partes por millón, tal como reclama la ciencia para evitar un cambio climático desastroso.
A las negociaciones simuladas se invitará a facilitadores de los grupos BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Indonesia y Rusia, de la Liga Árabe y de los pequeños estados insulares.
