Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La cifra: 857 situaciones conflictivas en todo el país, que afectan a más de 60.000 familias y una superficie de más de 9 millones de hectáreas. Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina, se titula un informe publicado en abril de 2013, que lleva el sello del Ministerio de Agricultura de la Nación, realizado junto con un equipo del Instituto de Altos Estudios (IDAES-Universidad Nacional de San Martin). Aunque se aborde de forma “incompleta” –tal como reconoce el documento–, las organizaciones campesinas destacan que el tema aparezca en la agenda oficial.
Un resumen del informe había sido anunciado en el Encuentro Nacional por la Tierra, que organizó el Ministerio de Agricultura en abril del año pasado en la provincia de Salta. Pero recién ahora fue editado, impreso y colgado en la página del Proinder (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios). No obstante, los números principales entre lo anunciado y lo publicado en las 95 carillas finales no han variado de forma significativa.
El documento reconoce que es una “muestra amplia, pero no representativa”. Los números finales hablan de 63.843 de familias en situación de conflicto, en una superficie relevada que alcanza las 9.293.324 hectáreas de todo el país. Entre las organizaciones que aportaron material a la investigación se encuentran el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), compuesta por académicos y organizaciones de base, y el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa).
“Nos pone muy contentos que se avance en este relevamiento”, comparte José Castillo, miembro de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), que nuclea organizaciones de la región chaqueña. Para el dirigente del norte santafesino, el documento es importante porque desde el ministerio se dio espacio a “otro discurso que habla de que la tierra no es sólo para la soja.” Y agrega: “Ya que no podemos tener la ley Cristina Ferreyra, al menos de esta forma no se esconde el conflicto”. Esa iniciativa legislativa, que lleva el nombre de un campesino santiagueño asesinado en 2011, proponía suspender los desalojos rurales por cinco años y que se releven las zonas de conflicto. Aunque tenía el impulso de sectores oficialistas como el Movimiento Evita, el texto no tuvo el apoyo político para ser tratado y perdió estado parlamentario.
Germán Pez, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC-MNCI), indica que el relevamiento “fue sugerido” y elaborado a partir de gran cantidad de “datos aportados por las organizaciones”. Y por ese motivo llama a que ahora que fue publicado el informe sea “apoyado y monitoreado” por los movimientos rurales de base.
Para la directora del trabajo, Karina Bidaseca, este documento “es un avance muy importante” ya que sirve para “comprender los conflictos de tierra”, que según lo analizado remiten mayoritariamente “a títulos incompletos e inexistencia de títulos (18,25%) en perspectiva histórica, cultural y jurídica”. Ante ese cuadro “el saneamiento de títulos se vuelve una cuestión de política pública nacional”.
En la misma sintonía que lo planteado por las organizaciones campesinas, la doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y docente del IDAES, remarca que “es vital promover una legislación que garantice la suspensión de desalojos”, frente a un marco de “expansión de la frontera agropecuaria”.
El propio gobierno a través del Plan Estratégico Agroalimentario propone incrementar la producción de granos y pasar de 33 millones de hectáreas cultivadas, en 2010, a 42 millones en 2020. Plan cuestionado, entre otros por el MNCI y la Redaf, por ser una propuesta que choca de frente con la agricultura campesina e indígena.
¿Convivir con el enemigo?
En el prólogo del informe, el subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Emilio Pérsico, plantea que el modelo de soberanía alimentaria y de incremento en la producción local es parte de las “políticas que van en sintonía con el modelo que pretendemos institucionalizar y profundizar, el cual no pretende competir con el agronegocio, sino convivir con él”.
-¿Es posible que el modelo campesino-indígena conviva con el agronegocio?
-Pez: Con rapidez te diría que no. Si se quiere impulsar un cambio en la matriz productiva no se puede convivir porque el agronegocio y su modo de operar termina destruyendo la economía y la vida campesina. Sin embargo, desde la lógica del Estado no se puede desbaratar un aparato productivo de 30 o 40 años sólo con la voluntad política de un subsecretario. Además hay que pensar que este Gobierno hace caja con el agronegocio para impulsar su política de contención social.
-Castillo: En la práctica no se puede convivir: vos tenés una chacra agroecológica y se te viene el modelo sojero encima y te arruina. Claro que en un día no lo vamos a correr, pero con que nos saquen la pata de encima de la cabeza podemos empezar a pensar en otra cosa.
-Bidaseca: No (es posible), en tanto no se respeten los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas y el derecho de la naturaleza.
Un verdadero ordenamiento territorial
Si bien celebra la publicación del relevamiento y la presencia dentro del Ministerio de Agricultura de Emilio Pérsico, con quien “se pueden pensar políticas públicas” para su sector, Pez señala que “todavía falta mucho para plantear un avance hacia los objetivos de fondo”. Entre otras propuestas, entiende que hay que avanzar en “el reconocimiento comunitario de poblaciones no indígenas, expropiaciones de tierras, y generar políticas de vuelta al campo”.
Un objetivo concreto, sugiere Pez, es la realización de “un verdadero ordenamiento territorial”, en el que por ejemplo “la pampa húmeda quede bajo su impronta de agricultura industrial y territorios históricamente campesino-indígenas puedan desarrollar una producción biodiversa”.
En el prólogo, Pérsico admite que la cobertura geográfica del trabajo “es incompleta” y que “será necesario actualizarlo a la luz de los acontecimientos”. Por ahora, no se avanza en nuevos relevamientos de conflictos, apunta Bidaseca, pero asegura que “se proyecta continuar el diagnóstico en cada provincia”.
