Lorenzetti: “A toda la sociedad debiera interesarle que no haya excluidos”

El presidente del máximo tribunal del país asegura que el organismo trabaja con “una agenda enfocada en los grandes temas, y muchos de ellos son sociales; el pueblo argentino tiene problemas sociales y los plantea en los tribunales; como servidores públicos tenemos la obligación de atender la demanda de los ciudadanos”.

Fuente: Diario de Paraná / Red de Diarios de Periodismo Social

En los últimos años, la Corte de Justicia de la Nación extendió su ámbito de actuación para incidir en forma activa en la resolución de las demandas por derechos fundamentales: a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Ordenó, incluso, hacer cesar el maltrato a los reclusos en penitenciarías de Mendoza y comisarías bonaerenses, y asistir a aborígenes de la etnia toba a los que definió como víctimas de un verdadero “genocidio”.

La enmienda constitucional de 1994 generó una población ávida de mejores instituciones y condiciones generales de vida que encontró en las demandas colectivas un modo de ejercer ciudadanía y, por esa vía, llegaron hasta la Corte una diversidad de conflictos provenientes de distintos puntos del país, como el pleito iniciado por vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo (Buenos Aires), decenas de amparos promovidos en defensa del acceso a servicios de salud, o el caso que permitió a campesinos criollos y aborígenes relatar en una audiencia pública, frente a los ministros del máximo tribunal, las consecuencias del desmonte en los bosques nativos del norte. Sobre estos temas, habló el presidente de la Corte, Dr. Ricardo Lorenzetti.

–La Corte restringió en los últimos años el tipo de causas en las que interviene pero a la vez aceptó ocuparse de otros temas ¿Hubo una decisión de los jueces de ser un poco más permeables a las demandas sociales?
–En un momento teníamos 24 mil causas anuales, algo casi imposible de manejar, entonces hicimos modificaciones internas para que la Corte se concentre en aquellas más importantes para la comunidad. Hemos hecho una agenda enfocada en los grandes temas, y muchos de ellos son sociales; el pueblo argentino tiene problemas sociales y los plantea en los tribunales; como servidores públicos tenemos la obligación de atender la demanda de los ciudadanos.

–¿Cuáles son los “grandes temas” que los ciudadanos trasladan a los tribunales?

–Uno de los principales es el de los jubilados. Hay un problema histórico que es el de la persona que llega a la edad adulta y no tiene con qué vivir porque aportó fondos que se devaluaron, porque la inflación le comió los ingresos; eso genera gran cantidad de juicios a los que tratamos de darle atención. Hay algo de inmoral, de injusto, cuando al llegar al final de la vida la persona está desprotegida porque no la protege el Estado y tampoco las redes familiares pueden hoy cumplir esa función. La Corte ha dicho que el haber previsional debe ser digno, hemos tratado de que el Congreso legisle sobre el tema; ésta es una historia continua de interacción entre poderes y el Congreso legisló, tratamos de que exista una base mínima porque así lo dice la Constitución Nacional. Otros grandes temas son la salud y el derecho a la alimentación. Tuvimos varios casos de familias en extrema necesidad, que no tienen para comer y cuyos hijos están en riesgo de vida. Los jueces no podemos gobernar porque nadie nos eligió, pero cuando hay una necesidad extrema tenemos que actuar porque la Constitución dice que hay que proteger la vida y la salud. Los jueces tampoco hacemos el Presupuesto.

ASISTENCIAS

–Pareciera que la Corte está ocupándose de asuntos de los que otros poderes del Estado se desentienden, justamente los poderes que hacen las leyes, que sí deciden el Presupuesto ¿Las personas recurren a los tribunales porque no encuentran respuesta en otras instituciones?
–Suponemos que si la gente viene al Poder Judicial es porque hay insatisfacciones en otro lado. No queremos la judicialización excesiva pero el ciudadano viene; por un lado dice que la Justicia no le genera confianza pero en el campo de los derechos sociales, viene cada vez con más frecuencia. El Poder Judicial ha dado trascendencia a decisiones que consagran derechos a las personas que tienen servicios de salud prepagos y obras sociales, o que no cuentan más que con servicio público. En los tres casos a veces se ven privadas de una prestación, en una situación concreta necesitan una prótesis o un tratamiento y si por ausencia de esta prestación está en riesgo la vida, ahí hay que actuar y entonces los jueces ordenamos al Estado ciertas medidas.

–¿Y el Estado cumple? Recuerdo el caso del “genocidio” que, usando esta palabra, fue denunciado ante la Corte respecto de la situación de aborígenes de la etnia toba.

–En ese caso, de los aborígenes del Chaco, se avanzó; lo mismo que en otros casos en los que intervino la Corte por problemas sociales en el conurbano bonaerense. Hicimos audiencias, vinieron los gobernadores y se pusieron en marcha políticas públicas, suponemos que funcionaron porque no hemos recibido quejas.

–¿O sea que la sentencia no es una acción de gobierno pero sería efectiva para motorizar políticas públicas?

–Sí, claro, lo que hace la Corte es activar la solución de un problema, genera movilidad de los poderes del Estado alrededor de un tema, y eso es importante. Si decimos que hay igualdad de oportunidades pero una madre no puede darle de comer a su hijo ni puede darle educación, entonces ese hijo está en desigualdad; si un anciano no tiene dónde vivir ¿dónde está la igualdad? La idea de ciudadanía es una cáscara vacía si alguien no tiene para comer ni acceso a la salud ni ingresos mínimos en la vejez; en esas condiciones se está por debajo del piso mínimo que se necesita para vivir en paz, y esto no sólo le interesa al titular del derecho (vulnerado) sino a toda la sociedad. Cuando hay muchos excluidos, cuando hay muchos por debajo del piso mínimo de bienes que todos necesitamos para ser personas, empiezan las tensiones sociales, aumenta la inseguridad, entonces a toda la sociedad debiera interesarle que no haya excluidos.

–¿Está hablando de un nexo causal entre exclusión social e inseguridad?

–Sí, la inseguridad es algo amplio pero si, por ejemplo, analizamos el problema de los robos, de los delitos contra la propiedad, hay una relación directa con la exclusión social, con la falta de oportunidades. Si un chico no tiene futuro y la sociedad no lo integra, algo anda mal y los jueces tenemos que asumir el rol de decir lo que corresponde y que los otros poderes del Estado hagan lo suyo.

DERECHOS

–Para reclamar un derecho el ciudadano tiene que saber que ese derecho existe y, además, tiene que encontrar los caminos de acceso a la Justicia ¿Cree que todas las personas pueden llegar a una instancia como la Corte?

–El Estado debe hacer planes educativos para que todos tengan acceso a la Justicia. Igual, vemos que la gente llega, Argentina tiene un buen nivel de litigiosidad, han sabido llegar las comunidades indígenas, la comunidad wichi con el problema de los desmontes en Salta, los vecinos de Villa Inflamable que denunciaron la contaminación en el Riachuelo, la gente busca maneras y las encuentra.

–¿En estos casos se ha actuado mediante amparos colectivos?

–A veces un particular consigue la representación de la comunidad del barrio, una ONG, un Colegio de Abogados; y a veces se llega a través del reclamo colectivo. Hay caminos pero el acceso a la Justicia es algo que nos preocupa; en el caso de situaciones de violencia doméstica, la Corte habilitó una oficina para atender a las víctimas las 24 horas. Son casos en los que la persona, por lo general, está sola, encerrada en su casa. El Poder Judicial entiende que está para defender los derechos de los ciudadanos y es cierto que los jueces tenemos hoy mucho activismo judicial. Pero insisto en que no gobernamos, el pueblo elige a sus representantes y debemos respetar la soberanía del Congreso y de todos los elegidos por el pueblo.