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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.
La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.
“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.
También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.
La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.
El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”
La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.
La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.
