Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La alternancia política a la que asistimos en estos días en la provincia de Catamarca, ha nacido de inequívocas demandas de cambio expresadas en las urnas. En gran medida, el resultado histórico de las elecciones de marzo pasado[1] canalizó la profunda frustración resultante del rotundo fracaso del ‘modelo de desarrollo minero’. El voto mayoritario planteó, así, la necesidad de un cambio en el rumbo político que se le ha venido dando a nuestra sociedad en las dos últimas décadas, no apenas un trueque a nivel de las cúpulas partidarias al frente del Estado.
Pese a ello, en la larga y traumática transición recorrida de marzo a diciembre, las élites locales parecen haberse re-articulado para malversar –una vez más- las genuinas expectativas populares. Como tantas otras veces, en lugar del cambio, parece instalarse la continuidad y la profundización de un modelo que ha demostrado ser la antítesis de lo que prefiguran sus promesas. Con sus artimañas, las élites del poder local (y nos referimos con ello no sólo a los que históricamente ejercieron el poder político institucional –más allá de los intercambiables roles de ‘oficialistas’ y opositores’- sino también a los que concentran el poder económico y el cultural en sus diferentes formas), usan ahora el recambio político para ‘reflotar’ aviesamente las desgastadas fantasías coloniales del ‘desarrollo minero’. En particular, desde los medios de comunicación, asistimos a una intensa campaña destinada a ‘lavar la imagen’ de la minería transnacional y a ‘resucitar’ las viejas ilusiones desarrollistas de antaño.
Los mismos dirigentes partidarios que ayer -en su lugar de opositores- denunciaban los desaguisados del ‘modelo minero’, los que admitían y denunciaban que estamos frente a un régimen que beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas transnacionales y que incluso reclamaban la des-adhesión de la provincia al Régimen minero nacional, ahora se ponen al frente de los poderosos intereses del sector para dar continuidad, sin grandes cambios, a esta infausta maquinaria extractivista.
Mal que les pese, las falacias del ‘desarrollismo minero’, tras casi quince años de gravosa experiencia, están a la vista y ya no seducen a nadie. No hay maquillaje propagandístico que alcance para ocultar la contundencia del fracaso: terminamos siendo la provincia que lidera los ránkings de pobreza y de desempleo del país, bastante por encima no sólo de la media nacional, sino incluso por arriba de los indicadores del NOA[2].
La ‘renta minera’ ha alimentado el clientelismo y la corrupción institucionalizada… Ha financiado ‘grandes obras públicas’, expresivas más del delirio y la inutilidad gobernantes, que de criterios de prioridad y productividad social; pero que, eso sí, han nutrido el enriquecimiento súbito de la ‘patria contratista’ vernácula… Viejos y nuevos ricos han nacido del ‘festival de obras’ y de ‘contrataciones’ pagadas con el erario público; son los beneficiarios ‘invisibles’ del clientelismo mayorista del ‘modelo’; ese clientelismo más discreto, que no provoca la ‘indignación’ y la condena social a la que suelen estar sujetos los ‘beneficiarios de planes y bolsones’ … Las causas por malversación de fondos y/o administración fraudulenta por el uso de regalías desbordan la capacidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y del Poder Judicial. La expropiación institucional del ‘modelo minero’ incluye la expropiación de la Justicia, que garantiza con ‘fueros’ y artilugios la impunidad institucional de los corruptos, mientras que, en contrapartida, persigue y judicializa a los pobladores que defienden sus fuentes de agua…
Ciertamente, la provincia no es la misma que la de hace quince años atrás; el ‘modelo minero’ ha calado hondo y la ha transformado estructuralmente: profundizando el despoblamiento rural, el vaciamiento socioproductivo de regiones enteras y alentando la hiperconcentración sectorial y geográfica en el ‘empleo público’ y unas pocas cabeceras urbanas… A los viejos males históricos, hemos sumado un crítico déficit estructural en materia hídrica y energética: siendo uno de los aspectos más gravosos del actual esquema expropiatorio, asistimos hoy a un virtual proceso de disciplinamiento colonial por el que se nos pretende imponer la ‘naturalización’ y la aceptación resignada y sumisa a vivir crónicamente con continuos cortes y racionamientos del agua, de la energía eléctrica y de los combustibles… La publicidad oficial y los recursos del estado se gastan en campañas de ‘educación’ para que ‘aprendamos a cuidar’ el agua y la energía, cuando un solo emprendimiento minero consume casi tanta agua como el total de la población del Valle Central, y cuando casi duplica el total del consumo energético provincial[3]….
El escenario del despojo es lamentable e incontrastable. Mientras tanto, la única ‘anestesia social’ que ha resultado eficaz para efectuar el ‘control de daños’ del proceso expropiatorio en curso parece ser, hasta ahora, la obesidad del aparato estatal, que ha crecido engullendo y solapando el desplazamiento estructural, la ‘población sobrante’[4] que –bajo este modelo- no tiene ni tierra ni trabajo… Convengamos una cosa: el ‘festival de nombramientos’[5] con el que se despide el gobernador saliente, es algo más que un cóctel de desidia, incompetencia e irresponsabilidad; es la ‘natural salida’ estructural de un modelo macroeconómico asentado casi exclusivamente en el ‘aprovechamiento’ de la renta diferencial de una economía de enclave…
Ningún economista serio, ni aún asumiendo la ortodoxia de la ciencia económica convencional –ciencia burguesa y colonial por excelencia-, podría consistentemente argumentar y sostener la viabilidad de un modelo de desarrollo basado en economías de enclave. Una economía de enclave es, por definición, una economía colonial: una economía de despojo que, por su propia naturaleza, lejos de impulsar el ‘desarrollo’, produce ‘subdesarrollo’ estructural. Cabría tener presente que las ciencias sociales latinoamericanas, incluidas las corrientes más lúcidas del pensamiento económico regional, han nacido de la crítica a las economías de enclave y a sus efectos estructurales de producción y profundización de onerosas asimetrías geoeconómicas, ecológicas, tecnológicas y geopolíticas. El barniz pseudo-científico con el que expertos en comunicación y profesionales del sector pretenden revestir esta realidad histórica, es francamente limitado; fuerza los razonamientos a los extremos de lo pueril.
Lo hemos dicho tantas veces y de mil maneras. Y más que decirlo, lo podemos constatar viendo con honestidad y rigurosidad intelectual el desempeño socioeconómico, cultural, ambiental-sanitario y político de nuestra provincia en las últimas décadas. El ‘modelo minero’, lejos de ser una vía de ‘desarrollo’, es una vía de saqueo neocolonial. Es un modelo expropiatorio; de una expropiación estructural: expropiación económica: de la renta y de los medios de trabajo; expropiación ecológica: no sólo de nuestras reservas críticas de minerales, sino también de nuestras fuentes de agua y de nuestra energía; expropiación cultural, ligada a la imposición de un ‘destino minero’; expropiación política: secuestro masivo de derechos, por el que las poblaciones son despojadas del derechos a decidir sobre sus territorios y éstos pasan a ser espacios bajo el control directo del capital transnacional.
Pretender que la minería (transnacional a gran escala) puede ser la base de un ‘desarrollo sostenible’ es procurar la ‘cuadratura del círculo’. Una estrategia de desarrollo basada en la apropiación de la renta diferencial de una economía extractiva de enclave sólo produce aumento de las desigualdades y de la concentración económica estructural: sectorial, geográfica, patrimonial y de los ingresos. La corrupción y clientelismo, más que vicios privados, son efectos institucionales de un esquema de semejantes asimetrías. La renta minera del presente sólo disimula en el corto plazo el despojo estructural (socioproductivo y ambiental), insoslayable en el mediano plazo.
Ante ese escenario, en el que la sociedad ha votado mayoritariamente un cambio, tenemos la necesidad de advertir a los futuros gobernantes de su obligación histórica de honrar el mandato popular: continuar el ‘modelo minero’ constituiría no sólo un –nuevo-‘fraude democrático’, sino también la gravosa malversación de una oportunidad histórica.
Mientras tanto, como sociedad, como pueblo, no tenemos por qué seguir tolerando las mentiras y falacias de una élite miope y/o corrupta. Aclaramos, por enésima vez, que no nos oponemos a ‘la minería’ en general; nuestro rechazo es al modelo minero neoliberal instaurado en el país por el menemismo y prorrogado por el kirchnerismo: un tipo de minería a gran escala, en poder de las grandes transnacionales del sector, beneficiarias de un increíble e inaceptable régimen de ‘facilidades’ tributarias, comerciales, financieras y ambientales. Esta minería no genera ‘empleos’: destruye más puestos de trabajo que los que ‘crea’. Esta minería no lleva ‘infraestructura’ ni ‘servicios básicos’ a lugares remotos: construye y usufructúa monopólicamente mega-infraestructuras de gran impacto ecológico y paisajístico, requiriendo cantidades enormes de agua, energía e insumos tóxicos que terminan desplazando poblaciones y degradando la capacidad de sustentación de los territorios. Esta minería no alienta la industrialización; todo lo contrario, profundiza la histórica división internacional del trabajo que ‘condena’ a nuestra geografía a ser proveedora neta de materias primas, subsidiando con nuestro deterioro ecológico el industrialismo y el consumismo de otros países.
Por último, cómo podemos aceptar la falacia de que “como el 70 % de nuestro territorio es montaña’ sólo podemos ‘hacer minería’”?! Es que acaso se planea tener el 70 % del territorio lleno de ‘open pits’, diques de cola, mineraloductos, electroductos y ‘huellas mineras’ en desuso?! No podemos aceptar que se proyecte hipotecar de tal modo nuestras fuentes de agua, la diversidad biológica, la flora y la fauna, la capacidad de producción agroganadera, industrial y turística de nuestro territorio bajo ese pseudo-argumento que raya en la insensatez!
Sí, claro: por supuesto que para sostener una vida digna necesitamos hacer uso de recursos minerales. Pero en tal caso, debemos precisar con seriedad y responsabilidad, qué minerales necesitamos, qué cantidades, para qué usos y prioridades sociales; para quiénes y para cuántos. Cómo y a qué ritmo podemos extraerlos, minimizando el daño ambiental; con qué tecnologías los vamos a procesar; cómo vamos a procurar una distribución equitativa de las cargas, los costos y los beneficios de esta actividad? No podemos minimizar la magnitud de estos interrogantes ni la envergadura de los desafíos que supone crear vías de un desarrollo alternativo, socialmente justo y sustentable. Pero nada nos exime de la responsabilidad histórica de intentarlo.
Por lo pronto, nuestra Universidad Pública, con sus diferentes carreras y disciplinas, podría avocarse a ello a pensar y proyectar esas alternativas, en lugar de reducirse ‘fabricar’ mano de obra ‘calificada y barata’ para las transnacionales. Una universidad pública cuyos docentes e investigadores se dedican a ‘producir’ profesionales para las corporaciones extranjeras y a legitimar sus intereses, es también cómplice de la expropiación neocolonial; co-responsable de malversación de la inversión pública.
Notas:
[1] Por primera vez en la historia de la provincia, se dio un cambio en el signo político del gobierno a través de elecciones.
[2] Durante el año 2010, de acuerdo al INDEC la población de la provincia por debajo de la línea de indigencia era de 3,55 % y del 17,5 %, la población bajo la línea de pobreza, en tanto que en el NOA el promedio era del 2,2 % y 13,25 %, y la media nacional, de 2,8 % y de 10,9 % respectivamente. Igualmente, con la tasa de desempleo, casi a lo largo de toda la década del 2000, la provincia de Catamarca mostró los indicadores más altos a nivel nacional. En el último trimestre de 2010, el desempleo en la provincia alcanzó el 12,2 %, el más alto registro en todo el país, y bastante por encima del 7,2 % correspondiente a la media nacional.
[3] Minera Alumbrera consume, si se ajusta a los permisos legales que tiene, 37,8 millones de m3 de agua fresca, en tanto que el total del Valle Central, que alberga a una población de más de 200.000 habitantes consume por todo concepto alrededor de 40 millones de m3 anuales. En cuanto al consumo de energía eléctrica, Minera Alumbrera consumía en el año 2007, más de 832.000 MW/h, cuando el total del consumo provincial alcanzaba los 475.000 MW/h y el consumo domiciliario, era de apenas 177.500 MW/h.
[4] Entre los censos nacionales de 1991 y 2010, el empleo público provincial creció un 225 % más que la población total. Sólo en los últimos 7 años, el empleo público creció un 32,2 % pasando de una planta de 24000 agentes en el 2004 a una de más de 34.000 empleados en el 2010.
[5] Durante este año, luego de haber perdido las elecciones el Gobernador saliente nombró y pasó a planta permanente a alrededor de 4.000 nuevos agentes.
