Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Desde que en marzo de 2009 el Juez Tristán Martínez estampara su firma en el fallo que establece la restricción de fumigar a 800 metros del barrio Urquiza de San Jorge en la provincia de Santa Fe, se han sucedido acontecimientos que han mostrado ante la sociedad los poderosos intereses en juego.
Fuente: RENACE
Ese fallo, que fuera ratificado por la Cámara Civil y Comercial y que ya ha sentado jurisprudencia nacional e internacional, ha puesto de un lado a los vecinos genuinamente preocupados por su salud, por su calidad de vida y por el deseo de un futuro mejor; del otro lado, los pooles de siembra, las corporaciones, algunos productores o “agroempresarios”, el municipio local y el patético Ministerio de la Producción – portavoz manifiesto del gobierno provincial -, a quienes los une y conmueve sólo el interés especulador de una forma de producir que ha empobrecido el ambiente, la salud y la economía de la mayoría de los santafesinos.
Entre estos actores sociales, se encuentra el accionar invisible y silencioso de las corporaciones. Tal como en el conflicto por las retenciones, utilizan de punta de lanza a organizaciones que promueven y difunden sus productos, tecnologías e ideologías. Entre éstas, se destaca la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), quien cuenta con el apoyo económico de todas las empresas vinculadas a la producción agrícola en nuestro país (1), y que recientemente difundiera un documento al respecto en las redes electrónicas y en la prensa adepta. (2)
En ese documento simplifican la situación a que sólo son los “ecologistas” los que se quejan, minimizando el aporte de cientos y cientos de vecinos que, reclamando por su legítimo derecho a la salud, se oponen a ser fumigados. Además, tergiversan el ejemplar fallo judicial mencionando sólo al glifosato cuando los magistrados suspenden la aplicación de absolutamente todos los agrotóxicos. Pero de todo lo que dicen, transcribiremos un párrafo en especial: según AAPRESID, la prohibición del glifosato implicaría “caída estrepitosa de la producción agrícola y baja abrupta de las exportaciones con secuela de desocupación industrial y agropecuaria”.
Aclaremos que el fallo sólo habla de suspender aplicaciones terrestres (mosquito o arrastre) a 800 metros y aéreas a 1.500 metros del barrio Urquiza por el término de seis meses. En forma solidaria y por tratarse de una situación de franca discriminación del resto de los santafesinos, vecinos fumigados e instituciones de larga data e irreprochable historial como INCUPO, Acción Educativa, Foro de la Agricultura Familiar y Centro de Protección a la Naturaleza -entre otros-, promueven un petitorio al gobernador para que se extienda dicha restricción a todos los municipios y comunas (3). Si se cumpliera con tal medida en toda la provincia, se desafectarían tierras que deberían dedicarse a otro tipo de producción para la próxima campaña. Sobre lo que suceda más allá de esta área de protección -que ya fuera esbozada por la Ley 11.273 y “olvidada” de cumplir por la mayoría de los municipios y comunas-, el fallo judicial NO SE APLICA. Por lo tanto, aludir a que se desea prohibir el glifosato y que se produciría una “caída estrepitosa de la producción” es simplemente terrorismo mediático.
Dado el grado de desinformación circulante en los medios, consideramos importante aportar datos concretos sobre lo que significaría la ratificación permanente de los 800 metros sin tóxicos alrededor de los ejidos urbanos. Para ello, hemos tomado como modelo al departamento San Martín, que entre otras localidades, alberga a la ciudad de San Jorge. En enero de 2009, se registraron 240.585 has. sembradas, de las cuales el 81% correspondieron a la soja y el resto a maíz, sorgo, girasol, moha, mijo y maní (4); sólo en soja, el aporte del departamento a la producción provincial fue del 11% . Aplicando rastreo satelital, se visualizaron y dimensionaron las localidades del departamento, estableciéndose rangos poblacionales y plantas urbanas tipo. Luego de trazar las áreas de protección de 800 metros establecidas en el fallo judicial, se arriba al siguiente resultado: sólo se desafectarían 9.394 has, lo que representa un 3,90% menos de superficie sembrada para la agricultura extensiva y aptas para otros emprendimientos productivos. Las estimaciones de la superficie sembrada para 2010 son mayores, por lo que ese porcentaje disminuiría puesto que la cantidad de hectáreas se mantiene fija mientras no se produzcan modificaciones en las plantas urbanas.
Si extrapolamos al resto de la provincia los datos de 2009, una disminución del 3,90% de la producción de soja, por ejemplo, sería aceptable y no conduciría al escenario catastrófico de desocupación y caída abrupta de las exportaciones descripto por AAPRESID.
Complementariamente, en el área de protección pueden realizarse actividades productivas – tal vez menos rentables pero más sustentables en el tiempo- que privilegien el desarrollo y empleo local. Desde luego que el gobierno provincial podría ahorrarse la ampliación de hospitales y el costo de la atención médica a la salud de los vecinos afectados por las fumigaciones, muchos de ellos con enfermedades terminales de largo tratamiento o con malformaciones que requieren cuidados intensivos de por vida.
Consideramos que AAPRESID es el brazo difusor de las corporaciones encargadas de la producción de semillas transgénicas, agroquímicos y fertilizantes, así como de la distribución y comercialización de las cosechas argentinas. Sus opiniones mediáticas deben ser consideradas en este marco y, por ello, claramente tendenciosas en asegurar a sus patrocinantes una mayor rentabilidad a costa de sacrificar la salud y el ambiente de todos los santafesinos.
