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La actual crisis del Pilcomayo, con su tragedia del agua para Argentina y de la pesca para Bolivia, desenmascara tácitamente otras problemáticas ocultas. Los tres países que comparten el territorio del Pilcomayo se reúnen a debatir sus visiones desde 1995, cuando se conforma la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo. Con el paso de los años, en el 2008, se conforman los Comité de Coordinación de Cuenca, organismos que deben reflejar la participación de la sociedad civil en las decisiones sobre la cuenca.
Fuente: Monitoreo Ambiental Cuenca del Pilcomayo / FUNGIR
Sin embargo, algo pasa, porque dos problemas claves para la cuenca baja aún no han sido resueltos adecuadamente: la distribución de las aguas en la cuenca baja inferior (Argentina y Paraguay) y la pesca en la cuenca baja superior (Bolivia y Salta). Ambos se han puesto de manifiesto de manera explosiva en el 2010. Estos problemas de carácter coyuntural, pero crónico, son sólo los síntomas de un mal mayor: la falta de gobernabilidad de la cuenca, a pesar de su organismo de cuenca, y el colapso de los derechos indígenas y los derechos ambientales en el marco de la explotación capitalista de los recursos ocupados tradicionalmente por los pueblos originarios.
La falta de gobernabilidad de la cuenca resulta, entre los aspectos más resaltantes, de una compleja convergencia del desconocimiento orgánico (en sentido gramsciano) de la estructura y funcionamiento de la cuenca, de los intereses políticos (en donde el clientelismo descolla y el chauvinismo nacionalista enlutece los bicentenarios tan festejados), de los intereses empresariales (más preocupados por sus ganancias que por la efectividad de sus obras), del encubrimiento de fallas graves en las obras por parte de los mecanismos gubernamentales de control e inspección; de la falta de participación en los procesos de toma de decisiones y control de acciones (falta de convocatoria y falta de convocados), de la falta de entendimiento entre los conceptos y visiones locales y las representaciones de la realidad de los funcionarios públicos (en general muy ajenos y lejanos del territorio), de la falta de integración física entre los actores locales (que se refleja en preocupaciones muy puntuales y acotadas geográficamente).
El colapso entre los derechos indígenas y los derechos ambientales, se encuentra en el marco de la inserción de los pueblos originarios en explotación capitalista de los recursos naturales. No se manifiesta sólo en la problemática de la cuenca; pero la actual crisis de pesca lo pone en el escenario como actor casi unipersonal. Los pueblos indígenas habitantes de la cuenca, especialmente los ribereños, se valieron por siglos de la pesca como sustento físico y fuente de mecanismos culturales de regulación social y ambiental. Desde hace poco más de cuarenta años, la instalación de la pesca comercial en Bolivia y en la costa salteña del Pilcomayo, ha incidido directamente en cambios culturales y ambientales que hacen a la actual crisis. Tradicionalmente, una colección de tabúes regulaban la pesca, en su cantidad y calidad. El río, cual una persona bondadosa, daba a sus habitantes el alimento necesario, pero para ello debían cumplirse reglas y respetarse prohibiciones. La introducción del concepto y práctica de la pesca como medio de producción capitalista (el pescado como mercancía) transformó radicalmente la calidad del arte de pescar y la cantidad pescada. De esta manera, la pesca, de actividad tradicional y culturalmente estructurante, pasa a ser una actividad mercantil, extractiva sin regulación eficaz, que raya con la depredación. El cambio en el significado de la actividad anuló radicalmente los mecanismos tradicionales de control, sin reemplazarlos por otros que sean efectivos o mantengan la eficacia de aquellos. Acá comienzan las preocupaciones ambientales.
En tanto los pueblos originarios del chaco vivían de lo dado por la naturaleza (en sus diferentes representaciones), si bien no eran “ambientalistas” en sentido moderno, cuidaban de esos recursos para que sus dueños (las diferentes representaciones de la naturaleza) no se enojaran y los abandonaran a su suerte. Esos cuidados estaban regulados por prohibiciones (tabúes) y actividades culturales que reflejaban la idea de una custodia permanente del recurso. En el caso de la pesca, las principales regulaciones tenían que ver con el tratamiento del pescado y el aprovechamiento total del producto, con prescripciones específicas para el manejo de sus vísceras, huesos y otros residuos.
Asimismo, prohibiciones vinculadas al estado menstrual o de embarazo de la mujer del pescador y a la salud del pescador mismo, regulaban el ingreso al agua, estableciendo así una “veda” mensual muy cercana a las actuales propuestas de veda semanal en otras regiones de la Cuenca del Plata. La inserción en el mercado laboral capitalista, transformando el cuerpo en mercancía, primero mediante el trabajo en los ingenios azucareros, luego en los obrajes de madera; modificó la actividad pesquera cuando ésta pasó a ser comercial. El pescador deja de ser la persona que se relaciona cara a cara con el dueño del río, para transfigurarse en un operario que maneja redes y barcazas, por un jornal regulado por la cantidad de pescado puesto a la venta. Ya no es posible mantener un rendimiento aceptable de pesca guardando prohibiciones y manteniendo la calidad ambiental tradicional. Estas transformaciones han hecho que hijos y nietos de aquel respetuoso pescador, se transformaran en agentes de depredación de las especies comerciales y en prestamistas a comisión de los sitios de pesca.
La afluencia de cientos de pescadores comerciales, ajenos al territorio, a las concesiones pesqueras otorgadas a los pescadores nativos del Pilcomayo afecta de manera determinante al ambiente. No solo por la sobrepesca que se realiza, sino también por las diferentes formas de degradación ambiental que se producen con la presencia de miles de personas en áreas sin condiciones infraestructurales mínimas para contenerlas. Una equívoca interpretación de los derechos indígenas puede llevar a justificar la depredación sin considerar los derechos a un ambiente sano que tienen todos los habitantes de la cuenca.
La necesaria regulación ambiental se impone. Sin embargo, el mercado es más fuerte que las tradiciones y que la protección legal del recurso. Converge, de esta manera, la falta de gobernabilidad en la cuenca con la pérdida de los valores tradicionales y el interés de personas y empresas ajenas al territorio, en un perverso juego de echar culpas por la falta de peces cuando merman los cardúmenes, motivado por la necesidad empresarial de venderlos.
Los conocimientos indígenas, la cultura y las prácticas tradicionales han contribuido a la construcción de conceptos relacionados con el desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente y los territorios. Pero esta contribución de los pueblos indígenas al diseño de las bases conceptuales para la gestión de la cuenca se pierde en el huracanado avance del capitalismo sobre sus prácticas productivas tradicionales. Lejos de poder determinar libremente las líneas de su desarrollo, han quedado subsumidos a los intereses del modelo socioeconómico que se impone internacionalmente, estructurando sus propios intereses en el marco de los intereses de la sociedad global, en un proceso de asimilación que los aleja de sus valores tradicionales y de la construcción de su identidad diferenciada.
El sistema capitalista ha hecho de los pueblos indígenas objeto y sujeto activo del consumismo incremental que caracteriza en la actualidad al mundo globalizado. Sin embargo, es evidente que esto no ha redundado en un mejoramiento de la calidad de vida; sino, por el contrario, es visible la insatisfacción de las necesidades básicas, reflejadas principalmente en una alimentación inadecuada, una pérdida de la salud que caracterizaba a sus antepasados y la insatisfacción permanente por no alcanzar los objetos ofrecidos por el mercado. El ejercicio de los derechos indígenas se concentra, principalmente, en el objetivo de alcanzar el mismo modelo socioeconómico de la sociedad hegemónica, alejándose de las propuestas o representaciones que caracterizaron su diversidad. En este proceso, son los mismos pueblos indígenas, mercantilizando los bienes dados por la naturaleza, quienes violan el derecho a la conservación y protección del ambiente de sus territorios, dejando sin garantías a sus generaciones futuras, pero ocultándolo bajo el discurso de que la naturaleza nunca dejará de darles.
El colapso ambiental está implícito en sus propias prácticas modernas de pesca. Sobre esto es necesaria una profunda reflexión con los jóvenes y con quienes lideran la producción pesquera; a fin de que su patrimonio, cultural y ambiental, no quede en manos del mercado y sea objeto de una desintegración total, o se transformen lentamente en sujetos de acusaciones por parte de quienes desean ejercer sus derechos a un ambiente sano.
