Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La UNC hizo una presentación ante el Defensor del Pueblo y el organismo nacional le dio la razón. Se detecta en la normativa un déficit en el cuidado de la flora local. Se reitera que la legislación provincial no se adecúa a la normativa nacional.
Fuente: Canal Córdoba 24
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La protección de nuestros bosques provinciales parece seguir siendo un tema pendiente. De hecho, el largo debate que enfrentó las posiciones de los ambientalistas y los productores agropecuarios, en el ámbito de la Unicameral (donde se debatió la ley vigente), terminó sin consensos. En los últimos días de las discusiones, la balanza se inclinó por la producción, en desmedro de lo que planearon los ciudadanos y profesionales de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN).
En Córdoba se aprobó la la legislación pertinente (9.814) en agosto de 2010. Esto se dio con demoras, dos años después de lo que estaba previsto en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. En esta legislación nacional (26.331) se daba un plazo de un año para que cada provincia dictara su propia norma.
Ahora, pese a que el debate se desvaneció por la aprobación de la norma local, todo indica que se volverá a discutir al respecto, a partir de un informe del Defensor del Pueblo de la Nación, en el que se da cuenta del estado de los bosques de la provincia. Se afirma en el escrito que la normativa cordobesa ofrece escasas garantías para la conservación a mediano y largo plazo.
Entre los puntos más importantes del informe, se señala que “el análisis de la Ley provincial 9814 nos permite concluir que la provincia de Córdoba permite actividades ganaderas dentro de sus bosques valiosos, no excluye el aprovechamiento forestal y supedita la protección del bosque al hallazgo de nuevas fuentes de agua, luego de lo cual podría desmontarse para la siembra de cultivo”.
En ese marco, se coincide con la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuando señala que la Ley de Córdoba “no se ajusta acabadamente con las definiciones y criterios de la Ley 26.331”. En ese sentido, afirma el informe, “el mapa de Ordenamiento de Bosques Nativos de la provincia carece de sentido y flexibilidad” y esto provoca que “los bosques de alto valor de conservación puedan ser modificados en cualquier momento”.
La Defensoría llama a la Provincia a emplear las vías necesarias para asegurar la efectiva protección de los bosques.
En el caso de declararse eventualmente inconstitucional la norma, la Provincia perdería los fondos que se envían desde el Estado para los fines de protección de los bosques.
Universidad Nacional de Córdoba
La rectora Carolina Scotto instó por Canal 10 al Poder Ejecutivo y al Legislativo de la Provincia a revisar esta situación, al tiempo que ratificó los resultados del informe del Defensor, el que en definitiva le da la razón a la presentación que oportunamente hiciera la UNC.
Scotto planteó que hay una inentendible falta de adecuación de la norma local a la nacional, al tiempo que pronosticó un fuerte debate al respecto este año. En ese sentido, estimó que el Concejo Superior analizará la situación desde que retome la actividad y no descartó que desde la casa de altos estudios se refuerce la posición al respecto para estimular una mejora en la legislación.
Opinión profesional
El Multimedio SRT consultó a especialistas en el tema y descubrió que los entendidos en cuestiones ambientales, con fundamento, admiten que es grave la situación del bosque nativo en Córdoba.
El ingeniero agrónomo Gustavo Soto, docente e investigador universitario y miembro de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), dijo que en la provincia “se ha exterminado el 96% de del bosque nativo”. En ese marco, opinó que “el 4% restante debe ser incluido con urgencia en la categoría -rojo- o -1-” que es la que prevé, no solo la máxima protección, sino la mejora de esos espacios. Esto es lo que en la legislación nacional se considera como “bosque intocable”.
El especialista dijo que Argentina lidera las estadísticas por deforestación en el mundo y que, dentro del país, Córdoba es la que más actividad de tala ha tenido.
Por ende, concluyó, la Ley provincial no respeta las categorías de la legislación nacional, al tiempo que en su momento no respetó, a entender de Soto, que el tema debería haber agotado el debate de todos los sectores posibles. “Se aprobó dentro de una oficina”, afirmó.
