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El bloque Libres del Sur presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley proponiendo prohibir las fumigaciones aéreas en toda la provincia por 180 días. Prevé, además, la creación de una comisión “ad hoc” para investigar denuncias por daños a la salud humana.
Fuente: Diario Norte
La suspensión de las fumigaciones aéreas incluye la aplicación de productos químicos o biológicos, de uso agropecuario, destinados a la pulverización, a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, por un lapso de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.
La norma exceptúa aquellas fumigaciones realizadas por organismos del Estado con fines sanitarios -como en el caso del control de vectores del dengue-, las que estén debidamente autorizadas para la práctica de la agricultura orgánica y en los casos en los que este método resulte el único viable o el de menor impacto negativo para la salud humana y el medio ambiente.
El proyecto, firmado por el diputado Carlos Martínez, está fundamentado en la aplicación de un principio precautorio basado en “la preservación del equilibrio ambiental y la salud humana, bienes que se ven fuertemente amenazados por el uso de químicos y agroquímicos de alta toxicidad, a través de los vuelos sobre las plantaciones; y la necesidad de indagar el grado de contaminación o envenenamiento de personas, vegetales, animales y cursos de agua”.
Comisión investigadora
La iniciativa prevé que dentro de los 15 días de promulgada la ley deberá conformarse una comisión que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial, integrada por cinco representantes de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua -creada por decreto 2655/09 del Poder Ejecutivo- cinco representantes del Poder Legislativo; dos representantes del Poder Judicial; un representante local de la Delegación Sanitaria Federal del Ministerio de Salud Pública de la Nación; un representante de la Universidad Nacional del Nordeste; un representante de la Universidad Nacional del Chaco Austral; un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); un representante de la Federación Económica del Chaco y dos representantes pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la defensa y protección del medio ambiente.
Las funciones de la comisión serán -además de la de investigar en concreto todas las denuncias y hechos relacionados con la influencia de las fumigaciones aéreas sobre la salud y el bienestar de la población- las de reunir información científica existente relativa al impacto ambiental de las fumigaciones y elevar propuestas de adecuación del marco regulatorio legal vigente respecto del uso de dichos elementos. Este órgano dictará su propio reglamento y deberá presentar ante las autoridades máximas del Poder Ejecutivo y la Legislatura Provincial el informe final de la labor realizada, con treinta días de anticipación a la finalización del período de prohibición a que hace referencia la ley.
“Se cuenta con antecedentes en provincias como Formosa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en las que se limitó o prohibió el uso de estos químicos, reconociendo la importancia de establecer mecanismos eficaces que compatibilicen la preservación de la salud humana con la obtención de legítimos beneficios económicos”, expresó Martínez.
