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Les invitamos a leer un completo resumen de este conflicto que mantiene enfrentadas desde hace más de 20 años a comunidades indígenas con el Gobierno provincial, y que actualmente fue acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resumen fue publicado por el Blog Ciudadano Plaza Pública de Clarín, e incluye referencias a legislación y noticias sobre el desarrollo del conflicto.
Compartimos además un informe elaborado el año 2006 por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde se profundiza sobre la historia y jurisprudencia de este caso.
“Para muchos argentinos el sueño fue y sigue siendo obtener el título de la casa o el terrenito donde viven. En cambio, para otros -también argentinos – cuyos ancestros habitaron nuestro territorio desde tiempos inmemoriales, la obtención de un título de propiedad individual sobre tierras que pertenecen a toda una comunidad, puede significar su sentencia de muerte”.
En el Chaco salteño, desde 1984, un conjunto de tribus indígenas viene luchando contra la decisión del gobierno provincial de urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial que habitan, para entregar a cada jefe un título individual. Pero este loteo que para muchos significa un ordenamiento y la posibilidad de disponer en forma exclusiva de cada parcela, para los pueblos originarios anularía el libre acceso a recursos comunes y generaría conflictos internos porque se trata de cazadores, pescadores, recolectores.
De ahí que 35 comunidades wichí, iyojwaja,
nivacklé, qom y tapyi – alrededor de 6.000 personas que viven en la margen derecha del río Pilcomayo- vienen rechazando los títulos de propiedad individual sobre el territorio que ocupan. Conformaron la organización Lhaka Honhat que, en idioma wichí, significa “nuestra tierra” y comenzaron a pedirle a las autoridades provinciales la entrega de una superficie que vienen utilizando desde siempre, sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Quieren mantener la propiedad comunitaria del territorio ya que si se fraccionara, se perdería su uso tradicional.
Para estas comunidades indígenas, esencialmente cazadoras-recolectoras, la tierra constituye un recurso indispensable, donde encuentran los animales, plantas y frutos que utilizan para su alimentación. De allí provienen sus costumbres ancestrales que conforman su identidad cultural.
Sin tener en cuenta este reclamo, en 1995 el Gobierno salteño, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo en el límite con la República de Paraguay. Este puente, que tiene su cabecera en una de las comunidades miembro de Lhaka Honhat, forma parte del “mega plan” de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur.
Es por ello que Lhaka Honhat decidió iniciar un reclamo legal contra la provincia de Salta. “Se presentó un amparo porque no hubo consulta previa con ellos. El Estado debería haberles preguntado. La obligatoriedad de una consulta previa al desarrollo de una actividad nueva en su territorio está muy arraigada en la cultura indígena”, señala Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONGS que patrocina el reclamo indígena.
Una vez agotadas todas las instancias en la Justicia argentina y al no obtener un fallo favorable, las comunidades, con el patrocinio del CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudieron en el 2000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la OEA, que comenzó a mediar en el problema. En la mesa de diálogo también participan
la Organización de Familias Criollas —muchas de las cuales llevan décadas en la zona— y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Después de casi cinco años de proceso de solución 
amistosa, la provincia de Salta decidió convocar unilateralmente a un referéndum, junto con las elecciones legislativas del 2005, para someter el tema de la asignación de las tierras a votación. Los salteños debían expresar si deseaban o no “que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes fiscales 55 y 14 a sus actuales ocupantes, tanto aborígenes como criollos, ejecutándose las obras de infraestructura necesarias”. Además de carecer de información de contexto, la consulta no detallaba a qué obras se refería. Gracias a la presión de los grupos indígenas, el referéndum no se llevó a cabo.
La CIDH prosiguió con el trámite del reclamo de las comunidades y, en el 2006, lo admitió en lo que constituye el primer caso de derechos indígenas que llegó al sistema interamericano.
Todos a Washington
La semana pasada (a mediados del mes de marzo), hubo una audiencia de trabajo en Washington para informarle a este organismo internacional sobre la actual situación del caso y pedirle que avance en su informe final. En representación de las comunidades aborígenes participaron Francisco Pérez, coordinador general de Lhaka Honhat; Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, y Morita Carrasco, antropóloga de esta ONG, en tanto que por parte del Estado, asistieron funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación. “Aparentemente el Ejecutivo nacional habría invitado a representantes del gobierno de Salta a la audiencia pero, según dijeron, hubo problemas con la visa”, contó Pochak.
La directora adjunta del CELS informó que “en la audiencia se logró sensibilizar a la Comisión sobre la situación de las comunidades indígenas de la zona, que están luchando hace decenas de años por sus tierras tradicionales”, a la vez que recordó que “lo que están reclamando está garantizado en los tratados de derechos humanos y en la Constitución Nacional”.
Por su parte, el coordinador general de Lhaka Honhat relató cómo el gobierno salteño había intentado dividir, en los últimos años, a las comunidades y se había buscado enfrentar a las comunidades con los no indígenas que viven en la zona. Le pidió a la CIDH que “resuelva el caso antes de que sea demasiado tarde”, al explicar que “las tierras están siendo devastadas y las comunidades están cansadas de seguir luchando por algo que es nuestro”. Para Pérez, el Gobierno de Salta “quiere vender la tierra con la gente adentro”. A fin de no generar un conflicto con las personas no indígenas que habitan los territorios en conflicto, Pochak agregó que ellas “también necesitan una respuesta del Estado, que contemple la posibilidad de ser reubicadas”.
Ahora, las comunidades aguardan que la Comisión Interamericana dicte el informe final. Si luego el Estado argentino no cumple las recomendaciones de la CIDH, la Comisión podrá presentar el caso ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El objetivo principal de las tribus indígenas es lograr que el Estado argentino reconozca la titularidad de las tierras a las comunidades indígenas que viven en ellas desde tiempos inmemoriales. “Al ser titulares de esas tierras, se las debería consultar, conforme el convenio 169 de la OIT (ratificado por la Argentina) ante cada obra que se proponga realizar en la zona”, concluyó Pochak.
Informe del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
