Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
El legislador nacional Miguel Bonasso, impulsor de la Ley de Bosques, en un escrito suyo publicado en Crítica de la Argentina cuestiona que hayan transcurrido ocho meses de la sanción de la norma legal y que aún el Ejecutivo nacional no haya dictado su reglamentación.
Fuente: Diario Norte
Bonasso en su columna precisa: “No hace falta ser Albert Einstein para saber qué tiempo y espacio están íntimamente relacionados y para concluir que la pérdida de tiempo puede producir efectos deletéreos en el espacio. A veces, irreversibles. Un ejemplo concreto del daño que el tiempo le inflige al espacio me obliga a regresar sobre un tema que he tratado varias veces en estas páginas: la Ley de Bosques, que pretende proteger nuestras devastadas forestas nativas.
Esta ley, la 26.331 fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2007, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional (PEN) el 19 de diciembre del mismo año y publicada siete días más tarde en el Boletín Oficial. El artículo 42 de la Ley de Bosques establece que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de noventa (90) días para reglamentarla. Han transcurrido ocho meses (221 días) y seguimos sin un decreto reglamentario del PEN.
La demora en el tiempo tiene consecuencias en el espacio: hay desmontes ilegales en varias provincias y en algunos casos las autoridades locales no pueden o no quieren sancionarlas argumentando que se carece de una reglamentación. Hay un ejemplo concreto en Entre Ríos: Conrado González, director provincial de Recursos Naturales, declaró a fines de julio que, “al no estar reglamentada la ley, si desde la provincia sanciono, puedo cometer un abuso”.
La norma, como se recordará, prohíbe que se autoricen nuevos desmontes hasta que las provincias produzcan un ordenamiento territorial. Es decir, la delimitación clara de aquellos montes que no pueden ser talados en ningún caso y de aquellos otros que admiten talas parciales, previa realización de audiencias públicas con los habitantes afectados y los correspondientes estudios de impacto ambiental a cargo de entidades serias y ajenas a los intereses en juego.
Vamos a los números que relacionan tiempo y espacio. Según una estadística que dio a conocer Greenpeace, durante 2006 en la Argentina las topadoras sojeras o madereras arrasaron unas 250 mil hectáreas de bosques nativos, principalmente en el área del Chaco seco, donde el 70% de las forestas originarias fue eliminado por la expansión agrícola. La cifra actual de deforestación en el ámbito nacional es aún desconocida, pero suponemos que debe ser mayor, ya que solamente en la provincia de Salta, durante 2007, mientras el Congreso discutía la Ley de Bosques, el entonces gobernador Juan Carlos Romero, adalid del voto senatorial contra la resolución 125, autorizó el desmonte de 478 mil hectáreas. Aun basándonos en las estadísticas de 2006, durante 221 días (los de la demora en la reglamentación de la ley) se habrían talado aproximadamente 160 mil hectáreas de bosques nativos, el equivalente a unas 212 mil canchas de fútbol.
Es difícil calcular el perjuicio real producido por la mora en la reglamentación, pero no es aventurado suponer que ese retraso tiene que ver con observaciones y cuestionamientos de algunas provincias en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema). Es probable que quienes se opusieron enérgicamente a la ley mientras la discutían ambas cámaras hayan entorpecido ahora su reglamentación. ¿Cómo se explicaría de otro modo que el gobierno, acerbo crítico de la sojización durante la guerra gaucha, demore ocho meses en reglamentar una ley que pretende frenar la expansión descontrolada del cultivo?
En cualquier caso, la lentitud del procedimiento no es congruente con las reiteradas declaraciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti recientemente confirmada en su cargo en las que expresó una inequívoca voluntad política de frenar las topadoras. Aunque la 26.331 es bastante específica y su publicación en el Boletín Oficial obliga a su cumplimiento, la carencia del decreto reglamentario favorece el cínico principio que reza “hecha la ley, hecha la trampa”. Según fuentes ambientalistas, “aunque la moratoria a la entrega de nuevos permisos para nuevos desmontes está en vigencia en todo el país, se dan problemas por desmontes ilegales, sobre todo en Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos”.
Las provincias que más habrían avanzado en el ordenamiento territorial de acuerdo con estas fuentes Jujuy, Santiago del Estero, Salta y las de la Patagonia. El resto está esperando la reglamentación. Sin embargo, cabría agregar que incluso en algunas de las que más avanzaron, como Santiago del Estero y Salta, se han producido desmontes ilegales o situaciones irregulares como las denunciadas en esta misma columna respecto de lo ocurrido en algunas localidades salteñas (“Con la soja al cuello”, publicada el primero de junio de este año), donde se autorizaron desmontes poco antes de la sanción de la ley sin cumplir con algunos requisitos legales, como la presencia de pueblos originarios en las audiencias públicas.
Lo paradójico es que la ley también ha sido violada por el propio Poder Ejecutivo que la promulgó, al incumplir el artículo 42 que ordenaba reglamentarla en un plazo de noventa días. El incumplimiento se agrava por una situación sobradamente conocida: la Cámara de Diputados demoró meses en tratarla, la aprobó en general el 28 de noviembre del 2006, recién la discutió en particular y le otorgó media sanción el 14 de marzo de 2007 y pasó al Senado, que la sancionó (con modificaciones) el 21 de noviembre de 2007. Una larga parábola que facilitó una deforestación sin precedentes en el orden nacional.
Según pudimos establecer, el decreto reglamentario ya fue girado por la Secretaría de Ambiente a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, la cual lo habría girado en consulta al Ministerio de Economía. Oficiosamente se dice que está por salir. Como apuesto a lo oficial y no a lo oficioso, el jueves pasado presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo por el cual le pido se sirva informar “cuáles son las razones por las que no se ha reglamentado la ley nacional 26.331”, los motivos por los cuales no se cumplió con el artículo 42 de dicha ley y para que explicite cuál o cuáles fueron los organismos o dependencias que generaron este retraso en la reglamentación”.
