Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
A menos de un mes de que concluya el plazo establecido por la Justicia para que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el gobierno provincial —a través de los ministerios de Salud y de Producción— se expidan sobre la toxicidad y los efectos sobre la salud del glifosato y otros plaguicidas utilizados en la región, no hay indicios concretos de que la provincia avance para responder los requerimientos del Poder Judicial.
La situación preocupa sobremanera a los denunciantes de abusos en el manejo y aplicación de agrotóxicos en el territorio santafesino, ante el inminente comienzo de fumigaciones previas a la siembra.
Según declaraciones recientes del ministro de la Producción, José Luis Bertero, se desprende que la cartera a su cargo prepararía una respuesta técnica evasiva que delega en otros organismos nacionales y provinciales la responsabilidad de opinar sobre el asunto.
“Hicimos algunas reuniones con el fiscal (de Estado) provincial, que es quien comanda un poco la respuesta que vamos a dar, pero tiene que quedar claro que hay una autoridad a nivel nacional que reglamenta sobre el tema; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa). Es allí donde nos vamos a apoyar en este tema”, confirmó Bertero.
“Además —continuó—, en enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández encargó estudios a varios investigadores y nos parece que no tiene sentido abrir un nuevo frente cuando llegaríamos, tal vez, a las mismas conclusiones que ya se dieron”, dijo el ministro al diario Uno, de Santa Fe.
“Insistimos en que el primer paso que hay que dar es que los municipios y comunas fijen su ley agronómica y nos pongamos todos, en serio, a generar conciencia social sobre el uso de plaguicidas, antes de atacar directamente un determinado producto”, agregó Bertero.
Proyecto común. Como contrapartida, el ministro de Salud, Miguel Angel Cappiello, mostró en recientes apariciones públicas su preocupación por el manejo de agroquímicos en la provincia y explicó que se está trabajando entre ministerios para generar un proyecto común sobre la utilización y aplicación del glifosato.
Cappiello comentó que un grupo de técnicos está abordando el problema. “Se trata de una pelea difícil, porque tendremos que llevar adelante lo que el Ministerio de Salud interpreta como necesario en beneficio de la salud de la población”. Dijo que se “está trabajando para no tener que usar este tipo de productos, aunque se presente mucha resistencia”, y que “la provincia está dispuesta a empezar para que luego, la prohibición del glifosato se extienda hacia todo el país”.
Asamblea de fumigados. El 27 y 28 del corriente se realizará en San Justo el Primer Encuentro de Educación Ambiental, del que participarán numerosas organizaciones ambientalistas. En ese marco, los vecinos autoconvocados de la provincia participarán de una Asamblea de Pueblos Fumigados en la que tratarán la urgencia que impone el inicio de una nueva campaña de siembra de soja y la displicencia del gobierno provincial frente al tema.
“Está todo bien; que discutan ministros, legisladores, universitarios, el Ejecutivo y productores, pero, mientras tanto ¿qué hacemos?”, se preguntaron ambientalistas y vecinos preocupados por su salud y y aseguraron que “siguen pasando con los aviones por arriba las casas o con los «mosquitos» a muy pocos metros de la gente”. En ese sentido, señalaron que ya hubo quejas en distintos puntos de la provincia por el inicio de la temporada de aspersión de plaguicidas previa a la siembra de soja.
“Con respecto a la información que abunda relacionada con los efectos de los agrotóxicos, ¿quién se hará responsable de las personas enfermas de acá en más y de las situaciones que se generen a partir de pulverizaciones cercanas a ámbitos poblados? La gente ya tiene conocimiento certero de que los están envenenando”, indicó Carlos Manessi, titular de una de las entidades movilizadoras, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat).
Otro pedido de audiencia. El martes pasado el bloque de ONGs y vecinos autoconvocados que funciona en más de 50 localidades santafesinas presentó otro pedido de audiencia al gobernador Binner, ante “la absoluta indiferencia demostrada por su parte ante el primer pedido que hicimos a fines de abril, a pesar de que se había señalado el carácter de urgente”.
La intención de los ambientalistas es interiorizar al gobernador sobre las graves denuncias realizadas por los vecinos de pueblos que sufren, en cada campaña agrícola, la aspersión de químicos en cercanías de sus viviendas.
En ese sentido manifestaron que además le pedirán que haga extensiva la prohibición instaurada por el llamado “fallo San Jorge” a todas las poblaciones de la geografía santafesina “hasta tanto se determine en la Legislatura la normativa que eche luz sobre el asunto”, actualmente en debate en la Cámara de Senadores.
Más de 12 mil firmas. El pedido de las ONGs fue expresado en un documento acompañado por más de 12 mil firmas de santafesinos alarmados por el constante aumento de casos de intoxicación y contaminación con agrotóxicos.
La medida tomada por el juez de San Jorge, Tristán Régulo Martínez, prohibió la aspersión de agroquímicos a una distancia de menos de 800 metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para las aéreas, a partir de la última vivienda del barrio Urquiza de esa ciudad.
Aún, sin respuesta. Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes proteccionistas no habían recibido respuestas del Ejecutivo provincial. Con manifestaciones de diverso tenor evidenciaban la impotencia y la amarga sensación de haber sido ignorados por quien tendría que dar respuestas ante el problema.
“Ni siquiera tuvieron la deferencia de escucharnos, aunque sea para hacernos creer que se estaban ocupando”, manifestó un autoconvocado sanjorgense y añadió que “la postura del Ejecutivo es evidente si se tiene en cuenta que a través del Ministerio de la Producción y en consonancia con el municipio de San Jorge, apelaron la decisión del juez Martínez en clara defensa de las ganancias de los sojeros y en detrimento de la salud del resto de los vecinos”.
Esa apelación que además presentaron los productores cuyos campos se ubican en la zona de veda, no prosperó y la prohibición del juez Martínez fue ratificada por el fallo unánime de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe.
Urgencia. “El problema de todo esto es qué hacemos mientras tanto”, se preguntó Manessi. Lo publicado sobre los efectos del glifosato por parte de Andrés Carrasco y ratificado ahora por la comunidad científica internacional no deja espacio para que el gobierno no actúe inmediatamente. Más allá de las discusiones, de las idas y vueltas de proyectos de leyes o convicciones de los funcionarios, el gobierno tiene que tomar alguna determinación y prohibir para la campaña que empieza en días que se siga fumigando cerca de pueblos, casas y escuelas rurales”.
“Sabemos que en la UNL conformaron un equipo para trabajar sobre el requerimiento judicial —destacó Manessi—, pero desconocemos qué responderán los ministerios de Salud y de Producción, a quienes también el fallo judicial reclama respuestas”.
Sobre el tratamiento en la Cámara Alta del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados para limitar el uso de plaguicidas a 500 metros de los centros urbanos, el ambientalista señaló: “Tenemos entendido que los senadores aplicarán algunas reformas sobre la iniciativa inicial, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados”.
Desplante. A mediados de julio, cuando Hermes Binner visitó San Jorge para inaugurar el Jardín de Infantes 241, un cronista de este diario quiso indagar al gobernador sobre la posición que adoptaría la provincia después de la intervención de la Justicia en la problemática de los plaguicidas. La respuesta del jefe de la Casa Gris fue “la posición de la provincia es la que ya se conoce y es de dominio público”.
Inmediatamente, y para sorpresa de los presentes, se subió a su automóvil para evitar dar explicaciones sobre el tema. Atrás quedaron los interrogantes y un grupo de vecinos sorprendidos.
Según trascendidos del ámbito político, desde la Casa Gris baja la línea a los ministerios y legisladores de no tomar decisiones que lleven a una posición incómoda con el sector agrario, posibilidad que genera escozor en los estrategas de la campaña, que advierten que una confrontación generaría un impacto desastroso para las aspiraciones políticas oficialistas.
“No se hagan ilusiones, el proyecto de modificar la ley de fitosanitarios se para en Senadores”, advirtió entonces un asesor cercano al gobernador y ratificó que la consigna que erigen los socialistas frente al tema es “patear la pelota para adelante”.
