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Los datos censales indican que en el período de mayor regulación de los mercados agrícolas en la Argentina (1946-1955) fue cuando se alcanzó el mayor registro histórico de unidades agropecuarias.
Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) el Estado controló parte significativa del comercio internacional de commodities agrarios a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, 1946). Esto le permitió transferir capital de origen agropecuario con muy bajo valor agregado y altamente concentrado en un puñado de estancias asociadas a empresas multinacionales, hacia el desarrollo de una incipiente pero necesaria producción industrial.
Parte de la renta agroexportadora fue captada por el Estado que concentró y controló el comercio internacional estableciendo precios mínimos y máximos a todos los productores, tanto a pequeños y arrendatarios enrolados en la Federación Agraria Argentina, como a los altamente capitalizados integrantes de la Sociedad Rural Argentina. También se construyó la flota mercante argentina de 150 buques que permitió ahorrar millonarios recursos pagados en fletes por transportes de ultramar.
El control estatal del intercambio externo a través de la acción institucional directa se concibió como la válvula necesaria para compatibilizar intereses nacionales. Estos últimos protagonizados en cada caso por distintos actores del agro, los que a su vez planteaban distintas necesidades y demandas sectoriales que había que integrar en objetivos nacionales: por una parte, la provisión alimentaria suficiente a precios razonables a un creciente mercado interno, y por otro lado la obtención de divisas de la venta de los excedentes de la producción agraria al mercado internacional.
Si bien el Instituto Nacional de Colonización Agrícola se creó a partir de la Ley 12.636, sancionada durante el gobierno conservador de 1940, la mayor adjudicación de tierras fue en los gobiernos peronistas. Se dio en una importante “reforma del agro”, íntimamente vinculada a procesos de recuperación de tierras por parte del Estado, con diversas estrategias, como compras a privados (por ejemplo a la Compañía Azucarera de Tucumán) y también expropiaciones, aunque esta modalidad fue más anecdótica que lo que expresaba el temor de las oligarquías. También se redistribuyeron tierras fiscales mediante ventas a precios promocionales facilitadas por créditos accesibles de la banca pública. Así, más de 450.000 hectáreas de tierras de pequeñas dimensiones se orientaron hacia actores agrarios vinculados a la pequeña producción familiar. Una significativa acción crediticia estatal incorporó más compradores en los mercados de inmuebles rurales.
Los datos censales indican que en el período de mayor regulación de los mercados agrícolas en la Argentina (1946-1955) fue cuando se alcanzó el mayor registro histórico de unidades agropecuarias. El mayor registro de unidades agropecuarias que se registró en esa etapa, según datos extraídos del CNA de 1952, fue consecuencia de las políticas de precios sostén y de políticas públicas activas de redistribución de la tierra. En el mismo censo se registra un elevado número de explotaciones agropecuarias pequeñas de entre 1 y 100 hectáreas: superaron las 370.000 explotaciones agropecuarias, representando el 65 por ciento del total. Esto cobra notoriedad si lo comparamos con los valores promedios del CNA 2002 donde el tamaño promedio en la superficie de las explotaciones agropecuarias se calculó en 538 hectáreas.
Durante dicho período, se habían mantenido congelados los arrendamientos por las tierras agrícolas, a través del Ente Regulador de los Contratos de Arrendamientos (1940), disminuyendo el costo para el acceso a la tierra de quienes no eran propietarios, los que accedieron a pequeñas parcelas a la par que se regularon los precios de los principales cultivos. Se proyectó para el segundo plan quinquenal un Instituto Nacional de Promoción Agraria, antecesor del INTA, acción que promovió el peronismo, pero que fuera desestructurado después del golpe de Estado de 1955. Todo este proceso de redistribución de las oportunidades de acceso a los factores productivos, y entre ellos a la transferencia tecnológica y a incidir en las agendas de investigación agropecuaria financiada por el Estado, que fortaleció la producción familiar agraria se vio detenido. Por decreto de la dictadura de Pedro E. Aramburu e Isaac Rojas a fines de 1956 fue recreado ese organismo bajo el nombre que hoy conserva: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y fue puesto en funcionamiento por Frondizi en 1958, pero con un fundamental cambio de orientación en su misión institucional respecto de sus diseños precedentes de la etapa peronista.
La nueva configuración implicó que la investigación agropecuaria y la transferencia tecnológica a través de la extensión se dirigiría a fomentar un cambio de comportamientos y expectativas de quienes se identificaban como agricultores familiares, para pasar a asumirse empresarios agrarios inducido como meta de realización deseable por vía de la racionalidad emergente de la modernización agraria. Así, bajo este nuevo paradigma se seleccionaban los actores agrarios más aptos para ser sujetos de transferencia tecnológica de acuerdo a una lógica de racionalidad tecno-empresarial. De esa forma, quienes pudiesen incorporar y adquirir los paquetes tecnológicos asociados a la Revolución Verde y así orientarse hacia la producción agraria exportable y agroindustrial, en detrimento de aquellos actores socioagrarios que orientaban tradicionalmente su producción a los mercados alimentarios locales y regionales practicando una agricultura bajo otras modalidades, lógicas colectivas de uso de los factores productivos y con otra visión del desarrollo rural deseable, como comunidades campesinas y los pueblos originarios acentuándose su invisibilización y subalternización en las políticas agropecuarias de la etapa y en la acción selectiva de las instituciones estatales como la señalada.
Esta etapa de reconfiguración de las políticas agropecuarias por vía autoritaria a través de sus diferentes instrumentos devolvió el predominio de los sectores concentrados del agro y de sus objetivos como parte de las políticas de Estado, consolidando el retiro del Estado del control directo del intercambio externo de la producción agraria. Y por ende creó las condiciones para la acentuación de las inequidades en el acceso a los factores productivos por parte de los diferentes actores socioagrarios, resultando en un desdibujamiento de la importancia estratégica de la Agricultura Familiar en la definición de un modelo de desarrollo rural inclusivo y sostenible para nuestro país.
La evidencia histórica señalada aquí muestra que la redistribución del ingreso agrario y una mayor democratización del acceso a los factores productivos en beneficio de los actores socioagrarios que integran el sector de la Agricultura Familiar son metas que sólo se pueden lograr a través del Estado con vocación regulatoria, interviniendo sostenida y decididamente para establecer parámetros de equidad y sostenibilidad en la producción agraria. Y que asegure un cumplimiento efectivo de estas metas soberanas sobre todos los actores agrarios y también recuperando su lugar en el intercambio externo.
Hoy, que la Agricultura Familiar vuelve a ser considerada como sector estratégico no sólo para la provisión adecuada de alimentos a la población del país que permita sostener una alimentación diversificada, inocua, con potencial nutricional, con arreglo a pautas culturales e históricas, con consideración de cuidados ambientales para la conservación del patrimonio natural nacional, sino que es fundamental recuperar y fortalecer a la AF como freno efectivo a la acción predadora traccionada hoy por los oligopolios de la producción agroindustrial alimentaria y especialmente por los eslabonamientos de distribución y comercialización, como lo demuestra la actual coyuntura de alza sostenida de los precios internos de los alimentos en esta nueva etapa de redistribución del ingreso que se intenta realizar en la Argentina actual.
