A la Ley de Bosques no hay que modificarla sino ‘cumplirla’

El pasado 28 de noviembre se realizó en la ciudad de Buenos Aires una jornada-debate sobre los 10 años de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Organizada por la REDAF y el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires), la actividad se distribuyó en tres paneles que trataron la génesis, implementación y los desafíos actuales de la ‘Ley de Bosques’. A continuación ofrecemos algunas reflexiones del encuentro:  

En la primera intervención, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, comenzó refiriéndose al caso de la desafectación de la Reserva Pizarro en 2004 como uno de los más fuertes determinantes de la instalación del tema desmonte en la agenda nacional: “Pizarro fue clave porque generó mucha visibilidad en cuanto a que había comunidades, había desalojos, había bosques en el norte del país y los estaban deforestando”.

Hernán Giardini

Evocó otro año simbólico, 1996, cuando se aprueba la soja transgénica en Argentina, “que es el principal motor de la deforestación en la Argentina, por lo menos en esa década desde el 96 o 98 y hasta el 2008”. También habló de la importancia de la visibilización, la movilización de un gran sector de la sociedad a favor de una ley que proteja a los bosques nativos: “La Ley por supuesto que es un hito en la lucha por nuestros bosques, pero también en la lucha medioambiental de la Argentina. Como la mayoría de las leyes ambientales de nuestro país, son producto de la lucha de nuestra sociedad que con sus distintas instituciones presiona a los gobiernos a que se sancione”. Finalmente reflexionó que la ley no debe ser modificada sino que hay que ‘cumplirla’.

El Ing. Forestal Carlos Merenson, ex titular de la Dirección Nacional de Bosques y actual técnico de la Secretaría de la Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, realizó una comparación de la Argentina en sus inicios y la actualidad en relación a la cobertura de bosque nativo: “El área de bosques que cubría la Argentina hacia 1810 era ni más ni menos que la mitad de la superficie continental de nuestro país: 140 millones de hectáreas. Cuando tuvimos los resultados del inventario forestal del año 1997-98 habíamos visto que teníamos 31 millones.

Carlos Merenson

Nos quedaba el 22% del área original, y la cobertura forestal se había reducido al 11.3 %, o sea que nos habíamos transformado en un país con baja cubierta forestal según la clasificación de la FAO, con todo lo que ello significa”. Se preguntó si con una ley que defienda los bosques nativos se puede resolver el problema, expresando como duda “si los problemas eco-sociales no requieren  salir de una cultura y de una superideología productivista que hace posible que todos estos problemas sociales emerjan”. Se refirió a dos épocas en nuestro país, la ‘agroexportadora’ y la ‘neo agroexportadora’, que propulsaron los mayores índices de deforestación: “El primer pulso deforestador ocurre a mediados del siglo XIX y hasta principios del XX, y el segundo desde fines del siglo XX y hasta nuestros días; allí es donde perdimos y estamos perdiendo los bosques”. Finalizó reflexionando sobre el desafío de sostener la ley 26331, y la responsabilidad que le cabe al estado nacional y a las provincias: “Si las instituciones y el Estado no toman la iniciativa de gestionar a los recursos naturales y al ambiente es obvio que la degradación va a seguir avanzando. Y la inacción institucional conduce a que la suerte de la base de recursos (forestales) quede liberada a la espontaneidad de la población y los particulares, que actúan bajo coordenadas de necesidad, desconocimiento, desgobierno e interés privado de corto plazo”.

El Dr. en Ciencias Sociales Diego Domínguez (Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos del Instituto Gino Germani de la UBA) habló de la Ley de Bosques en vinculación con la consolidación del Derecho Ambiental. Asoció la deforestación con el avance de ‘frentes económicos’, sobre todo agropecuarios. “Las poblaciones locales que se ven afectadas por el avance de estos modelos económicos y del desmonte, sostienen y llevan adelante prácticas diferentes a las modalidades de apropiación de la tierra del modelo que avanza”, sostuvo Domínguez, enfatizando que “estas poblaciones locales llevan adelante un manejo familiar, comunitario o colectivo, tengan título o no”.

Diego Domínguez

Y relacionó este manejo de la tierra con “modos de uso diferentes a la lógica que viene detrás del desmonte”.  Por otro lado, habló de un proceso ‘íntimamente ligado’ a la deforestación del bosque nativo, el de la ‘conflictividad’ o ‘disputa’ del territorio: “El conflicto aparece porque hay una población organizada, porque sino lo que se produce es los llamados ‘desalojos silenciosos’, que se vinieron dando previamente; donde ni siquiera nos enteramos, cuando se producía un desmonte, que antes había población habitante de esos lugares”. Y reitera que “es la organización la que nos da de alguna manera el registro de que ahí está pasando algo”. Por último brinda datos que grafican la dimensión de esta problemática: “uno de cada 3 municipios o departamentos del país registran algunos de estos conflictos”, y “en casi un 40% de estos conflictos la violencia desde arriba – estatal, empresarial o a veces privatizada- está presente bajo distintas modalidades, lo cual es significativo y preocupante”.   

En el 2do panel, María Di Paola, de FARN, se refería a la diferencias entre los montos correspondientes a la defensa de los bosques nativos y los fondos finalmente presupuestados, que ‘año tras año’ fueron muy inferiores a los que definía la Ley: “en estos diez años se presupuestó un 8% de lo que le correspondería según ley”. Además detalló que si se dividiera ese monto por la cantidad de hectáreas categorizadas en rojo o amarillo –alto y medio valor de conservación-, corresponderían “50 pesos por hectárea de bosque nativo por año”. 

Silvia Révora (izq.) y María Di Paola

Integrando la misma mesa, Silvia Révora, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se refirió al conflicto que se produce entre un sistema que busca maximizar ganancias, lo que genera una mayor ‘presión’ sobre el bosque nativo, y la Ley de Bosques: “Va a ser difícil seguir trabajando en esta línea si macroeconómicamente y políticamente no está acompañada, porque evidentemente el mercado es más fuerte que nosotros, aunque hubiera mil millones de pesos por año”. Finalmente, Révora apelaba a las organizaciones que ‘seriamente’ trabajan en terreno para que la implementación de “esta ley de bosques se siga profundizando, y denunciar aquello que puede ir en detrimento de la preservación de los bosques nativos”. 

Como panelista de la última mesa, la Dra. Gabriela Merlinsky (Coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Investigaciones Gino Germani – UBA) reflexionó en torno al proceso de la Ley de Bosques, el ‘aprendizaje’ que realizaron los ‘actores sociales’ sobre la misma, sus formas de aplicación y las acciones para llevarlas a la práctica: “no hubiéramos llegado 10 años después si no hubiera existido toda esa movilización social para sostener el reclamo”.

Gabriela Merlinsky

En la misma línea argumentó que la “Ley de Protección de Bosques Nativos es, de todas las leyes de presupuestos mínimos, la que mayor capacidad de movilizar actores y de movilizar causas ambientales y territoriales ha tenido”.    

Del evento también participaron los siguientes panelistas: el ex diputado – y autor de la Ley- Miguel Bonasso (a través de un video); el Ing. Luis Chauchard (Director de Bosques del Ministerio de Ambiente de la Nación), Leandro García Silva (especialista en Derecho Ambiental y ex responsable del área de Ambiente en la Defensoría del Pueblo de la Nación), el Dr José Paruelo (FAUBA-CONICET); Matías Mastrángelo (Universidad Nacional de Mar del Plata), y Celeste Rumie (integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque de Córdoba-Codebona).    

En el contexto actual, donde se escuchan opiniones sobre la inaplicabilidad de la Ley de Bosques, esta Jornada contribuyó a rescatar los importantes logros alcanzados y plantear los desafíos que la Ley presenta en su implementación, reafirmando el protagonismo que tiene en la protección de los bienes comunes y en la vida de miles de familias que tienen a los bosques nativos de nuestro país como su lugar de vida.